Las claves
La fiscal general, Teresa Peramato, ha impedido al fiscal jefe anticorrupción reducir la pena solicitada para Víctor Aldama a pesar de su colaboración.
Aldama se enfrenta a una condena de siete años de prisión, mientras que para Ábalos se requieren 24 años y para Koldo García, 19 años y medio.
El fiscal jefe anticorrupción resalta que Aldama ha admitido los hechos y ha proporcionado información crucial sobre la red de corrupción.
Las imputaciones de Aldama en el juicio han generado descontento en el Gobierno y en el PSOE, complicando una posible reducción adicional de su pena.
La fiscal general, Teresa Peramato, no ha autorizado al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, a aplicar a Víctor Aldama una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión que hubiera reducido a la mitad la pena de siete años de cárcel que se le reclama por delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada.
Por lo tanto, Luzón mantiene sus conclusiones provisionales respecto a Aldama, para quien solicita una condena sensiblemente menor que la pedida para el exministro José Luis Ábalos (24 años de prisión) y para Koldo García (19 años y medio), quienes se benefician de una atenuante simple de confesión.
Antes de emitir estas conclusiones provisionales, el responsable de la Fiscalía Anticorrupción ya consideraba que había motivos para aplicarle dicha atenuante muy cualificada, pero quiso aguardar el desarrollo del juicio y la declaración del empresario para incorporarla en las conclusiones finales.
Este escenario no se materializará. Peramato no comparte la idea de una nueva reducción para Aldama que podría haber dejado la condena en tres años y medio de cárcel.
La fiscal general no ha ofrecido justificación alguna sobre su decisión, que en todo caso le evita generar tensiones con el Gobierno que la nombró.
En Moncloa y en el PSOE existe un fuerte descontento con las declaraciones de Aldama durante el juicio.
El 29 de abril, al declarar como acusado durante ocho horas, Aldama aseguró que Pedro Sánchez era «el número uno» de la red corrupta en la que estaba involucrado su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. También afirmó que el Partido Socialista se financió ilegalmente con comisiones de constructoras y cuotas de petróleo venezolano. Asimismo, declaró que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, intervino en favor del Instituto de Empresa, que la contrató, para obtener unos edificios de la SEPI en la zona de Velázquez, en Madrid.
En este contexto, para Peramato sería complicado justificar ante el Gobierno, que la designó fiscal general, una reducción a la mitad de la pena para Aldama.
Luzón ha aceptado la instrucción de su superior, considerándola una cuestión controvertida. Sin embargo, defenderá oralmente que la colaboración de Aldama durante la investigación podría justificar la atenuante de confesión en un grado muy cualificado, aunque ello no modifique sus conclusiones sobre la pena solicitada.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal jefe anticorrupción ya resaltaba que Aldama admitió los hechos delictivos que se le imputan y «aportó detalles» sobre su relación con Ábalos y García.
Durante la instrucción relató «el acuerdo con ellos para obtener contratos o la dictación de resoluciones que favorecieran sus intereses personales, detallando la entrega regular de grandes sumas en efectivo junto con otras compensaciones puntuales».
Luzón calificó ya entonces las declaraciones de Aldama como «relevantes y veraces», ratificadas en el juicio.
Asimismo, subrayó que no son declaraciones para eximirse de culpa, «pues Víctor Gonzalo de Aldama reconoce claramente su participación en un pacto con los otros dos acusados que le permitía proteger sus intereses de modo privilegiado ante la Administración Pública, así como el pago de cantidades que implican su responsabilidad criminal en delitos graves».