PP y Vox acusan al Gobierno de intentar modificar la Carta Magna «en fraude de ley», con «finalidades propagandísticas» y para favorecer «la continuidad política de Sánchez». La reforma precisaría el respaldo de 210 diputados, cifra inalcanzable sin los ‘populares’.
El Congreso rechazó, con 177 votos frente a 171, las dos enmiendas de totalidad a la propuesta de reforma de la Constitución presentada por el Ejecutivo para «blindar» el derecho al aborto incorporándolo como un añadido al artículo 43 de la Carta Magna. Así, la iniciativa inicia su proceso de tramitación parlamentaria, aunque está destinada a fracasar en la votación definitiva.
En España, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está completamente garantizado por la ley, pero el Gobierno sostiene que el acceso no es uniforme en todo el territorio y que en varias regiones -la ministra de Igualdad ha subrayado los casos de Andalucía y Madrid– la sanidad pública «deniega este derecho», obligando a las afectadas a recurrir a la sanidad privada o incluso a desplazarse al extranjero. Para Ana Redondo, esta reforma constitucional resulta «fundamental».
Las dos enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox coincidieron en un punto esencial: acusar al Gobierno de promover un cambio en la Carta Magna en «fraude de ley», argumentando que intenta legislar sobre un derecho fundamental de forma indirecta, en lugar de usar el procedimiento agravado que la Constitución establece para estos casos, que incluye la disolución de las Cámaras, la convocatoria de elecciones y un referéndum sobre la reforma propuesta. Durante el debate, ambos partidos insistieron en que el aborto ya está reconocido en España y Vox, a diferencia del PP, manifestó su respaldo a una ley de supuestos, más restrictiva que la actual.
El PNV también manifestó una postura similar, acusando al Gobierno de «aprovecharse políticamente» y buscar la «confrontación», aunque decidió votar en contra de las enmiendas de devolución. Junts, por su parte, calificó la propuesta gubernamental de «espectáculo electoralista» y «humo», pero igualmente rechazó las enmiendas. ERC, aunque coincidió con el análisis jurídico del PP, se opuso a las enmiendas calificándolas como un «gesto simbólico». Su diputada Pilar Vallugera enfatizó que el derecho está plenamente reconocido en España y que corresponde al Gobierno garantizar su cumplimiento en los hospitales públicos de todas las comunidades, aplicando, si fuera necesario, el artículo 155.
Debate con «finalidades propagandísticas»
Aunque hoy la iniciativa gubernamental superó el umbral necesario para iniciar su tramitación parlamentaria, está condenada a no prosperar. Cualquier reforma constitucional, incluso si no afecta a un título especialmente protegido, requiere el voto favorable de tres quintos del Congreso, es decir, 210 respaldos, cifra que resulta imposible obtener sin el apoyo del PP.
Las dos formaciones que presentaron las enmiendas acusaron al Gobierno de abrir un debate sobre el aborto exclusivamente con «finalidades propagandísticas», usando la cuestión como una cortina de humo para «salvar a un Ejecutivo en declive». En definitiva, lo calificaron como un instrumento en favor de «los intereses y la supervivencia política de Pedro Sánchez».
La reforma incorpora un apartado al artículo 43 de la Carta Magna —no blindado— que refuerza la obligación de los poderes públicos de garantizar a las mujeres que desean abortar todos los medios necesarios. «Se trata de asegurar el ejercicio del derecho con todas las garantías», subrayó Redondo, quien añadió que «no sería honesto privar al Parlamento del debate de ideas», algo que ocurriría si se hubiesen aprobado las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox.
Los populares insistieron en que los socialistas «nunca han defendido el feminismo de verdad» y recordaron el colapso jurídico que supuso la fallida ley del «Sí es Sí», añadiendo la ley trans y el problema con las pulseras antimaltrato defectuosas. «La Constitución», afirmó la portavoz del PP, Silvia Franco, «no puede reformarse en trece días, por un procedimiento de urgencia y sin consenso, especialmente con la amenaza de tachar de contraria a los derechos de las mujeres a quien se oponga a sus planteamientos». «Esto es un engaño», enfatizó.
La socialista Cristina Narbona replicó que el «único fraude» es el de PP y Vox, a quienes acusó de «añorar una España franquista» donde el aborto estaba penado con prisión. «Hoy hablamos», afirmó, «de democracia, igualdad y libertad» y resaltó que un futuro en manos de PP y Vox sería «un retroceso».