Las claves
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señala malos tratos en centros para menores extranjeros y prisiones en España, incluyendo el uso de correas y fallos graves en la atención psiquiátrica.
El informe recoge relatos de detenidos que aseguran haber recibido golpes y abusos durante arrestos y traslados, así como un uso desproporcionado de la fuerza en centros juveniles.
El Comité insta a España a eliminar la fijación mecánica, acabar con el aislamiento penal de menores y aumentar la dotación de personal educativo y clínico en estas instalaciones.
El informe advierte sobre un retroceso general en Europa en cuanto a la prevención de la tortura, subrayando el hacinamiento en prisiones y la urgencia de reformas penales y alternativas a la cárcel.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa, ha situado a España en el centro de su informe anual 2025 debido a los malos tratos en centros para menores extranjeros no acompañados (menas) y el trato a presos con patologías mentales.
El organismo denuncia agresiones físicas, fijaciones a camas con correas y serias deficiencias en la atención psiquiátrica dentro de las cárceles españolas.
El informe, publicado en marzo de 2026 y que resume las 22 visitas efectuadas ese año, incluye una inspección ‘ad hoc’ en España realizada entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024, enfocada en comisarías, prisiones y un centro educativo para menores en Cataluña.
Durante estas inspecciones, los expertos reconocen «mejoras puntuales», aunque señalan que «perduran prácticas que podrían constituir trato inhumano o degradante«.
En el caso español, el CPT detalla denuncias respecto a «malos tratos policiales», abusos a menores en centros de internamiento y el empleo de «fijación mecánica» mediante correas para sujetos a camas, tanto en prisiones como en centros juveniles.
El Comité señala que «España debe eliminar estas prácticas, sobre todo cuando afectan a personas con trastornos mentales o a menores».
Los inspectores europeos relatan testimonios de detenidos que aseguran haber recibido «bofetadas, puñetazos y golpes con porras» por parte de agentes, especialmente «durante el arresto y mientras se trasladaban a las dependencias policiales».
El CPT solicita a España declaraciones firmes de «tolerancia cero» frente a estas prácticas, exámenes médicos que garanticen confidencialidad y investigaciones efectivas de las denuncias.
En las prisiones, el informe examina los módulos de régimen cerrado (DERT), donde reconoce avances en la duración del encierro y la presencia de equipos terapéuticos, aunque mantiene críticas a «las condiciones materiales deficientes y la insuficiente atención psiquiátrica».
El uso de correas para inmovilizar a internos considerados peligrosos, en algunos casos con graves problemas de salud mental, constituye uno de los aspectos más severos en el informe.
El CPT advierte que estas fijaciones «pueden constituir un castigo encubierto y no una medida sanitaria o de seguridad estricta», recordando que ha recomendado en varias ocasiones a las autoridades españolas su eliminación completa.
Se exigen alternativas basadas en mayor personal especializado, intervenciones psicológicas y espacios específicos para la contención, evitando ataduras a camas.
El informe también analiza el centro educativo Els Til·lers en Cataluña, donde el Comité valora «la variedad de actividades para menores», pero critica «el uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad privada».
Se describe igualmente el aislamiento como forma de castigo y el empleo de esposas durante traslados o exámenes médicos, solicitando la eliminación de tales prácticas.
Aunque no detalla casos específicos, las advertencias del CPT se vinculan con informes previos publicados en este diario sobre agresiones y abusos en centros de menores tutelados por las administraciones.
Como ha documentado EL ESPAÑOL, padres, exinternos y trabajadores han señalado palizas, contenciones abusivas y fallos en protocolos de protección que no detectaron ni frenaron episodios de violencia.
El Comité subraya que los jóvenes, particularmente los menas bajo tutela pública, forman un «grupo especialmente vulnerable» y jamás deberían ser sometidos a castigos que impliquen «trato degradante».
Exige a España suspender el aislamiento disciplinario de menores, revisar el rol de las empresas de seguridad y asegurar una adecuada dotación de personal educativo y clínico en estos centros.
Deterioro en toda Europa
En su resumen global, el informe del CPT describe un preocupante retroceso en Europa, con indicios de resurgimiento de malos tratos en países que habían avanzado y una sensación creciente de impunidad en ciertos sistemas.
El Comité alertó sobre la saturación de las prisiones, la carencia de personal y el debilitamiento de mecanismos de control que favorecen el regreso de prácticas abusivas.
El documento recalca que la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes «no puede ser simple retórica», sino que requiere «condiciones materiales dignas, formación en entrevistas policiales no coercitivas y recursos adecuados para salud mental» en todas las instituciones penitenciarias.
Y reclama cambios en la política penal, incluyendo alternativas a la prisión, para hacer frente al problema estructural del hacinamiento.
España no es el único país señalado, aunque aparece destacado en la lista de visitas periódicas de 2025, junto a Grecia, Rumanía, Bélgica, Azerbaiyán, Alemania y Montenegro.
El CPT había realizado otra visita específica a España en 2024, dentro de un programa financiado con fondos extraordinarios postpandemia para supervisar prisiones, comisarías, instituciones psiquiátricas y residencias.
En otros Estados miembros, el Comité ha detectado problemas parecidos en el trato policial y gestión de la población penitenciaria de alto riesgo, especialmente en contextos vinculados al crimen organizado.
Varias naciones han establecido módulos o prisiones específicas con medidas de seguridad aumentadas y severas restricciones en los contactos externos, y el CPT advierte sobre el riesgo de que se conviertan en sistemas de aislamiento encubierto.
El informe apunta también a socios europeos por el uso abusivo de detenciones de inmigrantes, condiciones deficientes en centros de internamiento y devoluciones sumarias violentas en fronteras terrestres y marítimas.
En ese ámbito, España comparte con otros Estados el desafío de conciliar el control migratorio con el respeto efectivo a la dignidad e integridad física de los extranjeros retenidos.
Respecto a la salud mental, el CPT expone situaciones extremas en hospitales psiquiátricos de varios países, con pacientes sujetos a camas durante semanas y una evidente falta de recursos humanos.
Las críticas a España por la atención a internos con trastornos mentales se inscriben en esta preocupación general sobre un modelo excesivamente basado en la contención física y la medicación, con escasa prioridad a terapias psicosociales.
En conclusión, el organismo del Consejo de Europa sitúa a España junto a otras democracias europeas donde reaparecen prácticas de maltrato y fijación mecánica, aunque dirige mensajes particularmente claros sobre menores y presos en situación vulnerable.