Las claves
La manifestación del 1 de Mayo organizada por UGT y CCOO se desplazó a Málaga, poniendo un fuerte énfasis en la política de vivienda con un marcado carácter electoral.
Los líderes sindicales reprocharon la especulación inmobiliaria y defendieron el decreto de alquiler impulsado por el Gobierno, que fue recientemente rechazado en el Congreso.
Yolanda Díaz y María Jesús Montero aprovecharon la movilización para criticar al PP y solicitar participación en las próximas elecciones.
Irene Montero, desde Madrid, exigió una huelga general centrada en vivienda y condiciones laborales, aunque UGT y CCOO descartan esa posibilidad.
Por segunda ocasión en la historia, los sindicatos UGT y CCOO llevaron su manifestación tradicional del 1 de Mayo fuera de Madrid, esta vez a Málaga, ciudad natal de Juanma Moreno, apenas horas después del inicio de la campaña electoral andaluza. Solo en 2011 se hizo una excepción, con un acto en Valencia.
El objetivo fue transformar la marcha en una protesta con carácter electoral, centrada en respaldar la política de vivienda del Gobierno.
Durante el evento, tanto la candidata del PSOE, María Jesús Montero, como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, dirigieron críticas hacia el PP y el presidente andaluz.
Por su parte, los sindicatos enfocaron la atención en el tema de la vivienda para respaldar el decreto de alquiler del Ejecutivo, que fue rechazado este martes en el Congreso con votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.
«Sentí vergüenza cuando el Parlamento español permitió la no renovación de los contratos de alquiler», declaró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Más adelante, el sindicalista enfatizó que «no desea ningún daño a nadie», pero añadió un comentario: «Ojalá aquellos diputados que votaron en contra sufran un desahucio», para que comprendan «lo que significa carecer de una vivienda».
Mientras tanto, Unai Sordo, líder de CCOO, denunció que las viviendas se han convertido «en un objeto de especulación» y pidió «coraje» a las administraciones para actuar.
Los sindicatos también justificaron la elección de Málaga para esta manifestación porque consideran que la ciudad representa un ejemplo claro de las dificultades para acceder a la vivienda.
Álvarez señaló que la capital de la Costa del Sol es un espacio «para reivindicar las carencias» y que «el acceso a la vivienda se ha vuelto un problema grave». Estas afirmaciones fueron apoyadas por la vicepresidenta segunda, quien, sin culpar al Gobierno por la crisis habitacional, criticó a los fondos buitre que «se enriquecen» con los inmuebles requeridos por la clase trabajadora.
Díaz explicó que llevaron la manifestación a Málaga debido a que el precio del metro cuadrado alcanza los 3.720 euros, «una cifra récord», aunque inferior a la de Barcelona, donde tras el mandato de Ada Colau y Jaume Collboni, supera ya los 4.500 euros por metro cuadrado.
La ex candidata de Sumar reiteró que los ministros de su partido presentarán de nuevo el decreto de vivienda al Consejo de Ministros para que regrese al Congreso.
La ministra de Trabajo también aprovechó para defender su propuesta sobre el «registro de la jornada laboral», paralizada después del rechazo patronal y la aprobación de enmiendas a la totalidad por PP, Vox y Junts.
Díaz afirmó que esta medida «es la clave» para que «los trabajadores puedan reducir sus horas laborables y, sobre todo, para aumentar los salarios».
Quedó claro el interés electoral de la manifestación en Málaga, tal como evidenció la candidata del PSOE y exministra de Hacienda: «Solicitamos la participación en la movilización de hoy y, sobre todo, en las urnas el próximo 17 de mayo», aseguró María Jesús Montero.
La exvicepresidenta aprovechó para acusar al PP de «ensuciar la vida política» y, dejando de lado el juicio por el caso mascarillas que involucra a José Luis Ábalos, describió el proceso del caso Kitchen relacionado con la etapa de Mariano Rajoy como «el caso de corrupción más grave y sistémico».
El carácter electoralista de la marcha central contrastaba con la postura más reivindicativa de los sindicatos minoritarios, como los anarquistas CGT y CNT, que permanecieron en Madrid.
En esta marcha estuvo presente la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, quien pidió «una huelga general» que consideró «imprescindible» y que debería centrarse en la vivienda, la lucha contra el aumento del costo de vida y permitir que la ciudadanía disponga de «más ingresos para vivir, mejores salarios y menos horas de trabajo» para «alcanzar la felicidad».
UGT y CCOO descartan por completo la posibilidad de una huelga general, especialmente después de que, tras siete años en la Moncloa, Pedro Sánchez sea el único presidente democrático que no ha enfrentado una huelga total convocada por los principales sindicatos.