Las claves
Pedro Sánchez defiende la necesidad de mantener ocho años más un gobierno progresista y reafirma su propósito de continuar hasta 2035.
Durante el mitin en Cártama, Sánchez resalta los avances económicos logrados por su administración, tales como la expansión del PIB y la disminución de la temporalidad laboral.
Critica la privatización del sistema sanitario en Andalucía y Madrid, comprometiéndose a poner en marcha la ley de vivienda para facilitar el acceso a la vivienda en la región.
Denuncia la detención de un ciudadano español en una flotilla humanitaria hacia Palestina y rechaza aumentar el gasto militar al 5% del PIB.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado nuevamente este viernes, 1 de mayo, que España requiere «ocho años más de gobierno progresista». Lo expresó en Cártama, Málaga, durante el primer mitin de campaña del PSOE en Andalucía, donde apoyó a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.
Sánchez reiteró un mensaje previamente difundido el miércoles 29 de abril en el Congreso de los Diputados, durante una sesión de control al Gobierno. «Reflexiono constantemente y, sinceramente, tras esta reflexión, creo que España necesita ocho años más de gobierno progresista», aseguró.
El presidente reafirmó esta idea empleando términos similares, señalando que el país está «en el punto medio del trabajo» y que, tras «ocho años de progreso económico de España, gracias al gobierno, España merece otros ocho años de coalición progresista».
Unas declaraciones que, según relató, generaron controversia en el Congreso al ser pronunciadas, aunque él las defendió con firmeza: «Es cierto», enfatizó.
La intervención de Sánchez se estructuró en torno a tres llamados. El primero, la movilización: «Nadie puede quedarse en casa». El segundo, la coherencia al votar: «Si se desea un gobierno de izquierdas, hay que votar a la izquierda».
Y el tercero, la concentración del sufragio en el Partido Socialista como la fuerza capaz de liderar ese gobierno, con María Jesús Montero como presidenta de la Junta. «El partido existe y vamos a ganar», repitió en diversas ocasiones durante el evento.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, presente en el acto, fue expresamente agradecido por Sánchez por su «lealtad a las siglas, a una historia, al presente y al futuro» del PSOE.
Para fundamentar su propuesta de continuidad, Sánchez presentó una serie de datos macroeconómicos que atribuyó directamente a las políticas del Gobierno. Citó un crecimiento del PIB del 2,7% en 2026, 22 millones de personas afiliadas y cotizantes en la Seguridad Social, y una tasa de temporalidad laboral que ha descendido por debajo del promedio europeo desde el 26% registrado en 2018.
En respuesta a las críticas de la oposición, y a los recientes insultos del líder de Vox, Santiago Abascal, Sánchez replicó con ironía dirigidas a sus asesores. «Si un asesor gana 30.000 euros mensuales, cuánto ganará el asesorado. Se espera algo más elaborado, ¿verdad? No aciertan ni una». Añadió: «Cuanto más vacíos sean sus insultos y mayores sus amenazas, más decidido estará el Partido Socialista para avanzar».
En relación con la sanidad, acusó al gobierno regional del PP de estar privatizando el sistema público de salud en Andalucía, transformando pacientes en clientes, y señaló que la misma situación se repite en Madrid bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso. «Se privatiza ya sea con desprecios, como Ayuso, o de forma silenciosa, como Moreno Bonilla. Pero el resultado es idéntico».
En cuanto a la vivienda, advirtió que el problema habitacional es consecuencia directa del «dogmatismo neoliberal que infló la burbuja inmobiliaria» y defendió la intervención estatal en el mercado como responsabilidad de los poderes públicos.
Anunció que un gobierno socialista en Andalucía implementará la ley de vivienda para defender el derecho de jóvenes y mayores a acceder a una vivienda, ya sea comprada o alquilada, y recordó que el Plan Estatal de Vivienda recientemente aprobado por el Consejo de Ministros destina 7.000 millones de euros que, sin embargo, «requieren un gobierno autonómico aliado para llegar a quienes los necesitan».
Sobre el derecho al aborto, Sánchez indicó que el 50% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo en España ocurren en Andalucía y Madrid, y que el 99% de estas se realizan en clínicas privadas. «No es casualidad, es una decisión política adoptada por gobiernos de derecha», enfatizó.
El presidente también informó que las autoridades israelíes del gobierno de Benjamín Netanyahu han interceptado y «secuestrado», según sus palabras, a varios ciudadanos que formaban parte de una flotilla humanitaria con destino a Palestina, incluyendo a un ciudadano español.
«España siempre protegerá a sus ciudadanos«, afirmó, calificando el incidente como una «nueva violación del derecho internacional» y exigiendo su liberación inmediata.
En otro tema del debate político nacional, Sánchez reiteró su rechazo a destinar el 5% del PIB al gasto en defensa, una demanda de la administración estadounidense respaldada por el PP y Vox.
Calculó que esta medida implicaría un coste adicional de 80.000 millones de euros anuales, lo que equivale a 3.000 euros más por ciudadano. «Esto supondría aumentar impuestos o recortar el estado del bienestar. Y nosotros, lo siento, siempre apoyaremos el estado del bienestar».
Sánchez vinculó la política de regularización de migrantes aprobada por el Gobierno con la historia personal de su familia. Recordó que su abuelo tuvo que emigrar a Alemania para trabajar «de sol a sol» y que su padre también salió al extranjero tras la crisis financiera. «¿Cómo no vamos a reconocer los derechos de los migrantes que viven en nuestro país, que anteriormente reclamábamos para los países que acogían a nuestros abuelos?», planteó.