Las claves
El Ejecutivo ha incrementado a más del doble el número de empleados en los consulados dedicados a gestionar la ‘ley de nietos’, pasando de 320 contrataciones en 2022 a 657 previstas para 2025.
Más de 2,6 millones de personas han iniciado los trámites para adquirir la nacionalidad española a través de la ley de nietos; más de 557.000 ya la han obtenido.
El aumento de nacionalizados podría sumar hasta 1,3 millones de nuevos votantes registrados en el censo exterior antes de las próximas elecciones generales.
La tramitación se ha agilizado gracias a la incorporación de personal adicional, la digitalización, la automatización y la externalización de tareas de apoyo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha incrementado notablemente el número de empleados en el extranjero para fortalecer la red consular que administra los expedientes relacionados con la ley de nietos.
Así se refleja en el Balance de Actividad Consular 2025, divulgado en junio por la cartera que dirige José Manuel Albares.
El refuerzo de plantilla subió de 320 personas en 2022 a 657 en 2025, suponiendo un aumento del 105% en solo cuatro años. Además, según confirmó el ministro, en 2026 se prevé mantener «las mismas cifras».
Este incremento responde a la oleada de solicitudes que se ha registrado desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos.
Esta norma concede la nacionalidad a los descendientes de españoles que emigraron al extranjero. Aunque la ley aprobada por el Congreso en 2022 se enfocaba en reparar a los exiliados del franquismo y sus descendientes, el rango de beneficiarios se amplió a cinco días a través de una instrucción administrativa.
Dicha instrucción, publicada en el BOE, reconoce como exiliados a todos los españoles que dejaron el país entre 1936 y 1955, incluyendo a quienes lo hicieron por razones económicas.
Según los datos más recientes del Gobierno, 2.622.450 personas han comenzado los trámites para obtener la nacionalidad española a través de esta vía.
La gran demanda ha saturado la red consular, lo que ha obligado a Exteriores a reforzar el personal para procesar los expedientes.
Hasta el 30 de abril de este año, 557.709 personas habían obtenido la nacionalidad mediante este procedimiento.
El informe indica que «la mayor parte de los contratos se asignaron a funciones consulares, realizando un esfuerzo especial para reforzar aquellas Oficinas Consulares más impactadas por la Ley de Memoria Democrática».
Más allá del aumento en plantilla, Exteriores resalta en este informe anual que las tres plazas temporales de cónsul adjunto creadas en 2023 en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México han pasado a ser permanentes para sostener la carga en las oficinas más saturadas.
En cuanto a la evolución anual, en 2022 se autorizaron 320 efectivos; en 2023, 560; en 2024, 460; y en 2025 aumentaron a 657, representando un incremento del 43% respecto al año previo.
Hasta 1,3 millones de votantes adicionales en una legislatura
El crecimiento de españoles con derecho a nacionalidad también impactará en el ámbito electoral.
En concreto, inyectará un volumen de votantes inédito en la historia de España, con hasta 1,3 millones de nuevos inscritos en el censo exterior antes de las próximas elecciones generales.
Así lo revela un informe elaborado por Freemarket Corporate Intelligence, la consultora presidida por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, expresidente del Círculo de Empresarios, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El estudio propone dos posibles escenarios. El primero, denominado «inercial», asume que los consulados mantendrán el ritmo actual de tramitación.
Esto permitiría, al culminar la legislatura, entre 450.000 y 600.000 nuevos inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a españoles con derecho a voto que viven fuera del país.
Esa estimación coincide con la horquilla manejada hasta ahora por EL ESPAÑOL y que comienza a reflejarse en las estadísticas oficiales.
De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al 1 de mayo de 2026 hay 2.708.083 personas registradas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), entidad que incluye a españoles habilitados para votar fuera del país.
Esta cifra continúa en aumento, especialmente en los últimos meses. Entre marzo y abril se sumaron 17.425 nuevos inscritos, y entre abril y mayo otros 16.168. Es la mayor tasa de crecimiento reciente.
No obstante, el informe plantea un segundo escenario más ambicioso, llamado «de máxima resolución». Según esta hipótesis, «el límite electoral real al cierre de la legislatura podría alcanzar sin problemas los 1,2 o 1,3 millones de personas con derecho a voto efectivo».
¿Cómo se conseguiría ese volumen? «No depende de nuevas solicitudes (ya que el plazo cerró y la ventanilla está cerrada), sino exclusivamente de la capacidad de absorción y desbloqueo del cuello de botella burocrático por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores», indica el informe.
Esta cifra de 1,3 millones de electores es viable debido a la existencia de tres factores que actúan como «aceleradores» del proceso.
El primero corresponde a los «planes de choque y refuerzos de personal», con contrataciones extraordinarias destinadas exclusivamente a la validación de expedientes.
En ese contexto se incluye el plan anunciado por el PSOE para incorporar trabajadores de la empresa pública Ineco en tareas de apoyo en la tramitación de la ley de nietos, aunque todavía no se refleja esta medida en el BOE.
Mientras tanto, la externalización de parte del proceso ya está en marcha.
El Ministerio de Justicia adjudicó en abril a la empresa Neoris España SL un contrato por 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar la gestión de expedientes.
Asimismo, el departamento de Albares firmó un contrato por 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una empresa vinculada al Gobierno cubano, para aportar «fuerza laboral» en el consulado de La Habana, también saturado.
«Autopista masiva de participación»
El segundo factor acelerador es la «automatización y digitalización» del proceso. El informe detalla que se han implantado «herramientas para la gestión de datos masivos» que permiten cruzar la documentación de familias completas.
De este modo, «cuando se aprueba el expediente de un hermano, los expedientes de los demás hermanos ligados a la misma ascendencia se procesan casi de manera automática», consiguiendo «reducir los tiempos de revisión en más del 60%».
El tercer elemento es la «externalización de tareas de apoyo».
El documento señala que «gran parte del filtrado inicial de documentos y la introducción de datos en el sistema informático se delegó a equipos técnicos de soporte», permitiendo que «los funcionarios de carrera y cónsules se concentren sólo en el acto jurídico de firma e inscripción registral».
Si este proceso tiene éxito, «el volumen de nuevos votantes provenientes de la ley de nietos superará las estimaciones iniciales, incorporando una masa electoral sin precedentes en la historia de España».
Esto, sumado a la eliminación del voto rogado, sistema que obligaba a los emigrantes a atravesar un complejo trámite, «abre simultáneamente una autopista masiva para la participación política».