Las claves
El 1 de Mayo se ha consolidado como una gran movilización política, con la izquierda defendiendo la gestión económica del Gobierno mientras el PP critica la carga fiscal.
Irene Montero (Podemos) ha exigido una huelga general enfocada en la vivienda y el incremento del coste de vida, incluso planteando la expropiación de los grandes propietarios.
El PP, liderado por Feijóo, acusa al Ejecutivo de transformar el empleo en una «carrera de obstáculos» por el aumento de impuestos y gastos laborales.
El Gobierno destaca récords en empleo y derechos laborales, en tanto que la precampaña andaluza intensifica las tensiones políticas en calles y redes sociales.
La celebración del Día del Trabajador se convirtió este viernes en una gran manifestación política al aire libre. La izquierda salió a las calles para reivindicar la gestión económica gubernamental y defender los servicios públicos, mientras el PP aprovechó la ocasión para criticar la presión fiscal y denunciar que vivir dignamente trabajando en España «ya no está garantizado».
A dos semanas de los comicios andaluces, el 1 de Mayo funcionó como un ensayo electoral. Málaga agrupó la principal movilización sindical de CCOO y UGT, con la participación de Yolanda Díaz y María Jesús Montero, mientras Podemos elevó el tono desde Madrid intentando disputar el espacio a la izquierda más combativa frente a la moderación de Sumar dentro del Gobierno.
La formación morada buscó distinguirse en las calles, y el discurso más contundente durante la jornada fue el de Irene Montero, que aprovechó la movilización alternativa convocada por CGT y CNT para pedir abiertamente una huelga general en defensa de la vivienda y contra el alto coste de vida.
La exministra defendió una gran movilización «por la vivienda, contra el coste de la vida y para que la gente disponga de más recursos para vivir». Denunció que muchos trabajadores destinan ya más de la mitad de sus salarios al alquiler y a facturas.
Montero incluso propuso la expropiación a grandes propietarios inmobiliarios, a quienes acusó de «apropiarse sistemáticamente del salario de la gente». Declaró que «la verdadera prioridad nacional debe ser que cada familia cuente con una vivienda».
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no participó en ninguna movilización esta mañana, pero no dejó pasar la oportunidad para enviar su mensaje de que España se encuentra en una buena situación. A este mensaje respondió el Partido Popular también en redes sociales, que son otro campo de batalla electoral.
El líder del PP acusó al Gobierno de convertir el empleo en «una carrera llena de obstáculos» debido al incremento de impuestos, cuotas y costes laborales. «Trabajar debe servir para vivir, no solo para pagar», afirmó Feijóo en un video publicado en X, donde afirmó que el Ejecutivo «gana más mientras las familias reciben menos».
Este mensaje formó parte de una ofensiva del PP para desmontar el relato económico de Moncloa. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda de los populares, habló directamente de «infierno fiscal» y aseguró que cada trabajador paga ya 3.600 euros adicionales en impuestos desde que Sánchez asumió la Moncloa.
Frente a las críticas del PP, el Gobierno, representado por miembros del PSOE y Sumar, intentó convertir el 1 de Mayo en una apología de la gestión económica del Ejecutivo. Pedro Sánchez defendió que hoy España cuenta con «más empleo y más derechos que nunca» y destacó las medidas implementadas durante la legislatura.
Sánchez resaltó que España es «el país que más crece en la Unión Europea», que ya superó los 22 millones de ocupados y que cuenta con un salario mínimo que «es el doble que hace diez años». También defendió la reforma laboral, la reducción de la temporalidad y la regularización de migrantes como medidas «de justicia» para combatir la explotación laboral.
Mientras todo esto se desarrollaba en redes sociales, la manifestación en Málaga se transformó en un acto de precampaña andaluza. María Jesús Montero defendió la necesidad de «decidir qué modelo de sociedad desean los ciudadanos» y contrastó la apuesta socialista por los servicios públicos con las políticas del Gobierno de Juan Manuel Moreno.
«Los servicios públicos son salarios diferidos de los trabajadores», afirmó la dirigente socialista y candidata, insistiendo en que el crecimiento económico debe reflejarse «en la vida cotidiana de las personas» y no limitarse a los indicadores macroeconómicos.
Desde Sumar, Yolanda Díaz endureció aún más el discurso contra el Gobierno andaluz. La vicepresidenta segunda exigió «defender lo público» y afirmó que «no es lo mismo quién gobierne», relacionando directamente la gestión de Moreno con problemas sanitarios y laborales en Andalucía.
Así, el 1 de Mayo se convirtió nuevamente en algo más que una jornada de reivindicación. A pocos días de una nueva cita electoral en Andalucía y con la economía como campo central de disputa política, cada partido intentó apropiarse del discurso de los trabajadores. El Gobierno y el PP centrados en los comicios andaluces, y Podemos elevando el tono en plena precampaña para las generales, que se celebrarán dentro de un año.