Las claves
Yolanda Díaz y María Jesús Montero acudieron a la manifestación del 1º de Mayo en Málaga, centrándose en la defensa de los servicios públicos y el fortalecimiento del Estado de bienestar en sus discursos.
Ambas líderes cuestionaron las políticas del Gobierno andaluz encabezado por Juan Manuel Moreno, solicitando una mayor protección para la mayoría social, facilidades en el acceso a la vivienda y el mejoramiento de los derechos laborales.
Díaz manifestó su preocupación por la precariedad laboral y exigió que los beneficios empresariales repercutan en los salarios, además de defender la aprobación del Estatuto del Becario y una nueva ley de prevención de riesgos laborales.
María Jesús Montero criticó al PP por usar el caso Koldo para desviar el foco del juicio del caso Kitchen, acusando a los populares de manipular pruebas para proteger a su partido.
El inicio de la campaña electoral en Andalucía coincidió este 1 de Mayo en Málaga con la manifestación del Día del Trabajador, en una jornada de fuerte carga política protagonizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta, María Jesús Montero, quienes participaron con mensajes centrados en la defensa de los servicios públicos, el empleo y la vivienda.
Ambas dirigentes situaron el centro de sus intervenciones en la defensa de la “mayoría social” y en la necesidad de potenciar el papel del Estado del bienestar frente a las políticas del Gobierno andaluz liderado por Juan Manuel Moreno.
María Jesús Montero defendió que los ciudadanos deben decidir “qué modelo de sociedad prefieren”, entre una apuesta por lo público o alternativas que, según ella, disminuyen la igualdad de oportunidades. “Los servicios públicos son salarios diferidos de los trabajadores y la garantía de igualdad de oportunidades para la ciudadanía”, recalcó.
La dirigente socialista destacó además la relevancia del momento económico, afirmando que España atraviesa “un periodo económico muy positivo” y es “uno de los países con economías avanzadas que más crecen a nivel mundial”, aunque enfatizó que ese crecimiento debe beneficiar a la población: “Debe llegar a la vida de las personas, a hombres y mujeres humildes que solo cuentan con la fuerza de su trabajo”.
En relación con la vivienda, Montero advirtió sobre las dificultades de acceder al alquiler, especialmente para los jóvenes, y señaló que se trata de un problema estructural que debe ser abordado desde las políticas públicas. “La vivienda se ha vuelto inaccesible para muchas personas”, indicó.
Asimismo, llamó a la movilización electoral de cara a los próximos comicios andaluces del 17 de mayo, sosteniendo que “tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar la sociedad y promover la igualdad de oportunidades”, en alusión a la participación ciudadana.
«Esto es lo que se va a hacer durante estos 15 días de campaña con entusiasmo, para lograr que el 17 de mayo gane la mayoría social de nuestro país», añadió Montero, antes de afirmar que «esa mayoría social es representada» por su formación política, el PSOE.
Por su parte, Yolanda Díaz centró su discurso en los derechos laborales, denunciando la existencia de “2 millones y medio de horas extraordinarias no remuneradas” en España y defendiendo el fortalecimiento del registro horario como instrumento para luchar contra la precariedad.
“La clave está en el registro de jornada, que garantiza que la gente trabajadora pueda reducir su jornada y, sobre todo, aumentar sus salarios”, aseveró.
«No es lo mismo quién gobierne», enfatizó, a la vez que envió un mensaje «a todas esas mujeres que sufrieron una gestión deficiente, una incompetencia en la gestión sanitaria liderada por el señor Moreno Bonilla». «Esas mujeres que experimentaron privatización de la sanidad pública; eso demuestra la importancia de votar bien o elegir a quienes gestionan correctamente», añadió.
La vicepresidenta segunda destacó también la necesidad de mejorar los salarios en España, recordando que existe una “brecha salarial negativa del 25% en comparación con Europa”, y exigió a la patronal que los beneficios empresariales beneficien a los trabajadores: “En la negociación colectiva, los salarios deben aumentar en nuestro país”.
Díaz defendió igualmente la aprobación del Estatuto del Becario, actualmente en trámite en el Congreso, para combatir lo que denominó “falsos becarios”, y reiteró la necesidad de avanzar en una nueva ley de prevención de riesgos laborales en un país donde, según indicó, “mueren dos trabajadores al día en sus puestos de trabajo”.
En el ámbito internacional, realizó un llamamiento al respeto de la legalidad internacional, criticando la impunidad ante ciertas situaciones y demandando “respeto a los derechos humanos”.
En la manifestación del Primero de Mayo en Málaga también participaron la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, el candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.
Ambos líderes sindicales desvincularon la decisión de trasladar desde Madrid a Málaga la movilización principal del Primero de Mayo de la convocatoria electoral andaluza, justificándola por los problemas de acceso a la vivienda existentes en la capital de la Costa del Sol.
Caso Koldo
María Jesús Montero, por otro lado, criticó este viernes que el PP “haga de altavoz de un presunto delincuente” como Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, para “desviar la atención” de lo que ocurre en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre el llamado ‘caso Kitchen’, donde están investigados, entre otros, el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz.
En esa línea, la vicesecretaria general del PSOE denunció que el PP busca “simplemente ensuciar la vida política”, pues los ‘populares’ “quieren ocultar algo muy grave que está sucediendo en España, que es el juicio de la ‘Kitchen’, en el que el Partido Popular utilizó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para destruir pruebas relacionadas con su propio partido, además de fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos”, concluyó María Jesús Montero.