Los socialistas reprochan a sus aliados la caída del decreto sobre los alquileres
Una escena prevista, aunque no deseada. En esta ocasión ni siquiera se produjo la emoción de última hora. El Gobierno tenía claro desde antes que saldría del Congreso con un revés. En un marco de fragilidad parlamentaria, el Ejecutivo necesitaba victorias, no derrotas. Menos aún autolesionarse. El rechazo de Junts y las incertidumbres del PNV enterraron la convalidación de la prórroga de los alquileres. «Os lo dijimos», pensaban los socialistas en la Cámara Baja al observar a sus socios de Sumar. En público evitaron el enfrentamiento, aunque persistía el descontento. El Ejecutivo suma una derrota que, en el PSOE, creen que se podría haber evitado si Sumar hubiera escuchado sus advertencias sobre la falta de mayoría para implementar esta medida.
Fuentes socialistas resumen así lo ocurrido en el Congreso: «Sumar cree tener una fuerza que no posee». La discusión interna no solo abordó cómo regular la prórroga de los alquileres —si dentro o fuera del plan anti guerra— (Sumar incluso bloqueó el Consejo de Ministros durante dos horas y media), sino también si convenía afrontar la votación en el Congreso sin contar con los apoyos necesarios. Los socialistas alertaron desde un principio que la propuesta era infructuosa debido a la negativa de Junts y las reservas del PNV. Ahora, rechazan cargar con la culpa, ya que sostienen que el liderazgo y el protagonismo en la negociación «lo han querido asumir los magenta».
La dispersión y discrepancias dentro del Gobierno quedaron reflejadas en una imagen: el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, defendió una propuesta clave para la coalición progresista desde la tribuna acompañado únicamente por sus compañeros de Sumar, Mónica García y Ernest Urtasun. Ningún socialista del Consejo de Ministros estuvo presente. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, respondía preguntas en el Senado durante la sesión de control. En la votación, Pedro Sánchez asistió al final del martes, consciente del probable revés para su Ejecutivo, intentando conferir importancia al asunto. «Quien queda en evidencia es quien vota en contra», afirmaron desde La Moncloa. «Seguiremos remangándonos y buscando soluciones que obtengan mayoría en el futuro».
Desde el PSOE señalan que el decreto fue presentado al Consejo de Ministros por Consumo, no por Vivienda, reflejando así la situación. «Defendemos un modelo de vivienda distinto al del PSOE», aseguran fuentes de Sumar. «Aunque haya discrepancias, coincidimos en los asuntos importantes», responden los socialistas, desmintiendo falta de compromiso en este ámbito. Admiten que la iniciativa «era muy asumible para los partidos. Junts ya lo ha respaldado previamente».
Consideran que el llamamiento a la movilización desde Sumar no ha tenido el impacto esperado. «Prometieron presión política y social, pero no la consiguieron». Ayer, los magenta, a través de Yolanda Díaz desde la sala de prensa de La Moncloa, continuaron apelando a esa movilización: «El llamado es a la movilización social. Los derechos se conquistan tanto desde los Ejecutivos, sindicatos y colegios profesionales, como desde la movilización. Por ello, si deciden derribar la norma, hago un llamado a la ciudadanía para que se organice».
No es que el sector socialista no respalde la medida —recordando que se ha prorrogado en otras ocasiones— y lamentan que la oposición del PP y Junts haya provocado su caída. Sin embargo, también destacan que es una medida puntual y que el Gobierno lleva tiempo desarrollando un marco amplio de acciones, «políticas integrales de vivienda» cuya última fase fue el Plan Estatal 2026-2030 aprobado hace una semana, al que se han sumado diversas comunidades, incluyendo algunas del PP, para acceder a un fondo de 7.000 millones.
Las fuentes socialistas califican la no convalidación del decreto como «un golpe duro». «Pero el proceso no termina aquí. A partir de mañana continuamos trabajando. Seguimos presentando propuestas». La cuestión que surge es por qué se permitió este desenlace si se sabía desde el inicio que acabaría en fracaso. La Moncloa accedió a crear un decreto propio para la prórroga de alquileres, como forma de detener la rebelión de Sumar en el Consejo de Ministros y aprobar su plan anti guerra. No obstante, esta estrategia garantizaba aprobar su texto, no el reclamado por Sumar. Desde el sector socialista se destaca la necesidad de «relato», «imagen» y «foco» por parte de Sumar. En La Moncloa reconocen que seguirán necesitando el apoyo de la fuerza situada a su izquierda, lo que implica aceptar que «tengan sus propias iniciativas» y momentos.
No obstante, estas aparentes concesiones, que dan un respiro ocasional al socio minoritario, evidencian públicamente la crisis parlamentaria del Gobierno, claramente expuesta ante uno de los problemas que más afecta a la ciudadanía: la política de vivienda. Los socios que hasta ahora han respaldado al Ejecutivo a cambio de concesiones han perdido la confianza. Aunque todavía no han abandonado el barco, lanzan serias advertencias, pues no creen en el liderazgo, la dirección ni el destino final del viaje.
El decreto sobre los alquileres simplemente ha puesto en evidencia la incapacidad del Gobierno para controlar una legislatura sin rumbo fijo. La norma ha abierto una profunda fractura entre los dos socios en el Consejo de Ministros: Sumar no duda en culpar a los socialistas de haber adoptado una especie de huelga pasiva, negándose a negociar con los aliados para sacar adelante un decreto en el que el socio minoritario tenía depositadas sus esperanzas para ganar respaldo ciudadano. Los ministros socialistas rechazan esta acusación, aunque todos los grupos parlamentarios confirman su veracidad.
Esta fragilidad afecta no solo a la vivienda, una pieza clave del mandato, sino también a los Presupuestos. El Gobierno ya reconoce la posibilidad de no presentar Cuentas Públicas en 2026. Hasta ahora se daba por seguro que serían presentados, aunque con retraso. Actualmente, esto ya no se considera garantizado ni se establece como línea roja. En las próximas semanas, junio a más tardar, «se tomará la decisión respecto al periodo presupuestario», explicó ayer Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, señalando que la decisión no se fija únicamente para 2026, sino que se extiende hasta 2027.