El juez Calama tomó declaración a Luis Felipe Baca este lunes y le impuso la prohibición de salir del espacio de la Unión Europea.
La Audiencia Nacional dejó en libertad este lunes al empresario Luis Felipe Baca Arbulu, detenido previamente en Aruba, aunque con la restricción de no poder salir del espacio Schengen. Tras gestionar su extradición desde la isla caribeña, Baca compareció ayer ante el juez encargado de la investigación por blanqueo de capitales contra la aerolínea Plus Ultra. Esto ocurrió poco después de su llegada a Madrid vía Ámsterdam, tras activarse la orden internacional de detención vigente en su contra.
De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por EL MUNDO, la Fiscalía le imputa participar en operaciones de lavado de fondos relacionados con los préstamos que la aerolínea española, con capital venezolano, solicitó durante la pandemia para evitar la quiebra.
Tal y como se informó en este medio, el Convenio Europeo de Extradición, firmado entre los Países Bajos —jurisdicción a la que pertenece Aruba— y España, posibilitó la entrega del empresario peruano. Desde el entorno de Baca Arbulu comunicaron desde el inicio su “total disposición” para ser entregado a la justicia española, concretamente para declarar ante el juez instructor de la causa, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
Este empresario, residente en Suiza, está siendo investigado por introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito a través de varias operaciones inmobiliarias, además de la mencionada concesión de préstamos a la aerolínea. La causa sigue bajo secreto de sumario, y el juez ha decidido prorrogarlo por un mes adicional.
Además de Baca, el financiero Simon Leendert Verhoeven figura entre los investigados, dado que Plus Ultra solicitó préstamos por un monto de 1,3 millones de euros a sus empresas entre 2020 y 2021.
En paralelo, están bajo investigación el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez (conocido por su amistad y pagos al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero); así como un abogado madrileño y otras personas vinculadas al caso, según consta en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 4.
Además, desde hace meses, los investigadores analizan el papel desempeñado por Zapatero, a quien el empresario Julio Martínez pagó 460.000 euros por supuestos servicios de asesoría, como reveló esta publicación.
Por su parte, el ex líder del PSOE ha negado en todo momento haber intervenido en el rescate de Plus Ultra, empresa a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de fondos públicos.
Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ya remitió a la Audiencia Nacional las diligencias realizadas en 2022 contra miembros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), quienes apoyaron la concesión de las ayudas públicas a la aerolínea. Sin embargo, la instructora tuvo que decretar el sobreseimiento provisional de la causa debido a errores en los plazos de investigación.
Este archivo impidió profundizar en la concesión de las ayudas, aunque la pesquisa actual tiene un alcance mayor y busca esclarecer el destino final y uso del dinero público destinado al rescate. En la investigación vigente se analizan delitos como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Distintas fuentes jurídicas consultadas explican que, puesto que el archivo fue provisional, la Audiencia Nacional puede ahora reanudar la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, a partir de nuevos indicios que primero motivaron la reapertura del procedimiento en el juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) y luego su inhibición a favor del magistrado José Luis Calama, quien sustituye al juez Ismael Moreno.
En sus recientes autos para prorrogar la causa, el juez Calama señaló que “nos enfrentamos a una investigación por hechos que podrían constituir pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, delitos que exigen una actuación discreta, coordinada y técnicamente compleja.” Además, el magistrado añadió que “la estructura delictiva analizada presenta conexiones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al exterior.”