El comité, conformado por 18 expertos independientes, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de sus estados miembros y realiza revisiones periódicas de países.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU anunció el lunes que Suecia vulneró el derecho a la vida de un niño con discapacidades graves al deportarlo en dos ocasiones a Albania.
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El comité examinó una denuncia relacionada con E. B., un albanés de 21 años, diagnosticado con autismo, trastorno grave del desarrollo mental, parálisis cerebral espástica dipléjica, hidrocefalia y epilepsia.
Él y su familia llegaron a Suecia en 2012 buscando protección y atención médica, pero tras años de solicitudes de asilo y apelaciones infructuosas, fueron deportados a Albania en 2016, cuando tenía 10 años.
La familia regresó a Suecia sin estatus legal para garantizar el tratamiento de E.B. y, tras repetidos rechazos en sus solicitudes de permiso de residencia, fueron expulsados nuevamente en 2019, cuando E.B. tenía 14 años, según la resolución del comité.
«Antes de deportar a un niño con discapacidades severas y complejas y condiciones de salud que amenazan su vida, los Estados deben realizar una evaluación rigurosa e individualizada y asegurarse de que el tratamiento esencial y la medicación estén efectivamente accesibles y disponibles en el país receptor», afirmó Wafaa Bassim, vicepresidenta del comité, en un comunicado.
En la decisión emitida el 30 de marzo, el comité estableció que los países no deben «extraditar, deportar, expulsar ni retirar a una persona de su territorio cuando existan razones fundadas para creer que hay un riesgo real de daño irreversible» en el destino.
«El comité determinó que, al no verificar que E.B. tendría acceso efectivo a la medicación y atención médica necesarias en Albania antes de deportarlo, las autoridades suecas lo expusieron a un riesgo real de daño irreversible, violando su derecho a la vida y a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», declararon en el comunicado.
E. B. informó al comité que había regresado a Suecia nuevamente, aunque enfrentaba una nueva orden de expulsión.
El comité solicitó a Estocolmo revisar sus solicitudes de asilo o permisos de residencia, además de otorgarle una compensación adecuada.
Este comité, integrado por 18 expertos autónomos, monitorea la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los países firmantes y realiza revisiones periódicas de sus contextos nacionales.
No cuenta con autoridad para imponer a los Estados el cumplimiento de sus dictámenes, pero sus resoluciones tienen un impacto significativo en la reputación internacional.
Fuentes adicionales • AFP