Las claves
Jordi Pujol i Soley queda fuera del juicio del caso Pujol debido a su deterioro cognitivo y a su frágil estado de salud.
El proceso judicial sigue abierto para sus siete hijos, quienes enfrentan un total de 83 años de prisión conforme a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía acusa a la familia Pujol de operar como una organización criminal, ocultando fondos en Andorra provenientes de comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones públicas.
La exclusión de Pujol del procedimiento evita una imagen devastadora para el nacionalismo catalán, aunque el caso judicial continúa vigente.
Aunque fue su apellido el que dio nombre a esta causa, Jordi Pujol (i Soley) no declarará como imputado en el caso Pujol.
Su «deterioro cognitivo» exime al patriarca del clan de este proceso, del que ya se libró hace cinco años, en 2021, al término de la instrucción, su esposa, Marta Ferrusola, matriarca de los Pujol, quien falleció tres años más tarde, en 2024, con 89 años de edad.
Ambos quedaron excluidos por el mismo motivo: un delicado estado de salud y signos iniciales de demencia.
Este lunes, el magistrado José Ricardo de Prada comunicó que, tras entrevistarse con el otrora molt honorable, de 95 años, el tribunal que juzga el caso Pujol decidió excluir al expresidente catalán de la causa. Por tanto, no declarará como acusado ni podrá ser condenado.
«La conclusión de este tribunal es la imposibilidad de Jordi Pujol i Soley de participar con plena conciencia y capacidades en este juicio», declaró De Prada alrededor de las once de la mañana de este lunes.
Este tipo de indulto biológico —definido como la exclusión de un acusado o investigado en un proceso penal debido a una «incapacidad sobrevenida» derivada de un grave estado de salud, especialmente por edad avanzada, y prevista en la ley— no implica el cierre del caso.
Para nada. Aunque Pujol fuera el acusado más conocido y con mayor influencia —presidente de Cataluña entre 1980 y 2003 y fundador del pujolismo—, el juicio sigue adelante para los otros imputados.
Entre ellos figuran sus hijos: el mayor, Jordi Pujol Ferrusola, junto a Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta.
83 años de prisión
El primogénito enfrenta la petición de pena más elevada por parte de la Fiscalía Anticorrupción: 29 años de prisión. Para Josep se solicitan 14 años, y ocho años para cada uno de los demás.
En total, los hijos del clan Pujol Ferrusola suman 83 años de cárcel según las condenas que pide Anticorrupción para cada uno.
Desde una perspectiva política, la exclusión del expresidente del proceso significa un logro para el nacionalismo, o, al menos, evita un revés significativo.
La imagen de Pujol declarando como acusado en este juicio, que representa el juicio de toda una era, el pujolismo, habría supuesto un golpe duro para los partidos catalanistas.
Sin embargo, resta por conocer si los hijos de la familia Pujol serán condenados y bajo qué narrativa probatoria. Este lunes, De Prada adelantó que la sentencia final, ya sea absolutoria o condenatoria, incluirá un análisis detallado de las razones por las que Jordi Pujol i Soley quedó fuera del juicio.
Desde 2012
La investigación del denominado caso Pujol comenzó en 2012. De hecho, el número de diligencias previas asignado a este procedimiento es 141/2012. Sin embargo, tras una extensa instrucción, no fue hasta hace cinco años, en 2021, cuando el juez Santiago Pedraz, tras relevar a José de la Mata, emitió el auto de apertura de juicio oral, una vez la Fiscalía Anticorrupción presentó sus solicitudes de condena.
Por este motivo, es posible que la Justicia aplique la atenuante por dilaciones indebidas en eventuales condenas, lo que implicaría una reducción de las penas.
¿De qué se acusa a los Pujol? Anticorrupción sostiene que la familia operó como una organización criminal en un momento en que su apellido era prácticamente sinónimo de Cataluña.
Según el escrito acusatorio de la Fiscalía, que supera las 200 páginas, sus miembros «actuando conjuntamente» habrían ocultado desde al menos 1991 una «gran suma de dinero» en Andorra.
Estos fondos serían «resultado del favorecimiento a ciertos empresarios para obtener adjudicaciones en diversos concursos públicos en la Administración pública catalana».
De acuerdo con el fiscal, el expresidente «utilizó su posición política para establecer una red clientelar mediante la cual él mismo, junto a varios empresarios afines al partido que lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, se repartían las cuantiosas ganancias derivadas de concursos públicos resueltos por las diferentes Administraciones catalanas bajo el control» de esta formación política.
Estos activos, supuestamente obtenidos de forma ilícita, fueron ocultados a Hacienda y posteriormente blanqueados, según Anticorrupción, con la participación coordinada de los miembros de la familia durante muchos años. Según el escrito fiscal, fue Jordi Pujol Ferrusola quien administró estos fondos.
En la primera sesión del juicio del caso Pujol, el expresidente catalán participó desde su domicilio mediante videoconferencia. El juez De Prada informó al exmandatario que, de momento, seguía siendo acusado en este tribunal.
La defensa de Pujol i Soley, desde 2025, había solicitado a la Audiencia Nacional que se evitara su juzgamiento debido a su «deterioro cognitivo», lo que finalmente se materializó este lunes.
Entre esa primera audiencia y esta última, una de las pocas apariciones públicas del expresidente se produjo el pasado 15 de marzo, cuando, ayudado por un andador y acompañado de Joan Laporta, acudió a votar en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.