Seopan señala que únicamente mantener las infraestructuras actuales demanda 127.341 millones de euros anuales
España precisa movilizar 407.341 millones de euros durante la próxima década para asegurar el mantenimiento, la adaptación y el desarrollo de sus infraestructuras viales, ferroviarias e hidráulicas. Este es el principal dato que revela un informe presentado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) en su rueda de prensa anual, donde se detallaron las cifras que marcan los retos inmediatos del sector. El cálculo incluye 127.341 millones de euros destinados exclusivamente a la conservación y mantenimiento, mientras que el monto restante se asigna a nuevas infraestructuras y a la adaptación de las ya existentes.
El informe de Seopan desglosa estas necesidades en 58.369 millones de euros para carreteras, 20.280 millones para ferrocarriles y 48.692 millones para infraestructuras hidráulicas. Además, resalta que el déficit histórico en conservación junto con la reducción de la inversión pública ponen en riesgo tanto la seguridad como la competitividad nacional. Las cifras evidencian un retroceso, dado que la inversión pública actual representa solo el 2,7% del PIB, frente al 5,2% registrado en 2009.
El sector de las carreteras concentra la mayor parte de las necesidades de conservación, requiriendo 58.369 millones de euros durante la próxima década. De esta cifra, 43.700 millones se destinan a que las administraciones alcancen los niveles técnicos obligatorios, lo que implica un aumento del 56% respecto al nivel actual. Otros 14.670 millones están asignados a la renovación completa de las redes viales, conforme a los datos proporcionados por Seopan.
Entre 2010 y 2024, la brecha acumulada en conservación de carreteras alcanzó los 7.651 millones de euros, a pesar de que en 2024 las administraciones invirtieron 2.807 millones en reposición. La asociación alerta sobre un deterioro inversor prolongado que compromete la seguridad vial y la calidad de los servicios ofertados.
En este contexto, el presidente de Seopan, Julián Núñez, destacó que “es alarmante que en 2024 la inversión represente solamente el 52% de lo que se destinaba en 2009 y que sectores tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado del 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024”.
Ferrocarril y agua
En el ámbito ferroviario, las inversiones necesarias para mantenimiento ascienden a 20.280 millones de euros. Esta cifra se divide en 8.829 millones para las líneas de alta velocidad (7.032 millones destinados a mantenimiento y 1.797 millones a la renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona) y 11.450 millones para líneas convencionales. Según Seopan, este aumento está vinculado a un incremento del 46,8% en los trayectos de alta velocidad entre 2019 y 2024, lo que demanda renovaciones esenciales en la red para evitar cuellos de botella y sostener la competitividad.
Por otro lado, las infraestructuras hidráulicas requieren una inversión de 48.692 millones de euros para conservación. De este total, el 60% se destina al ciclo urbano del agua, el 19% a la adaptación frente al cambio climático, el 10% a la seguridad de presas, y el resto a la conservación de cauces y litoral, así como a acuerdos nacionales sobre el agua. Seopan indica que la financiación podría estructurarse mediante convenios entre el Estado, organismos públicos y usuarios.
El contexto hídrico resulta especialmente delicado: las sequías frecuentes y la previsión de una reducción de los recursos hídricos entre el 7% y el 11% agravan la problemática, mientras que las inundaciones ya afectan a más de 2,7 millones de personas, con aproximadamente medio millón residiendo en zonas de alto riesgo.
Colaboración público-privada: el principal desafío pendiente
El informe también destaca la reducción de la representatividad de la inversión pública respecto al PIB y reclama un impulso decidido a los modelos concesionales y la colaboración público-privada.
Según la asociación, el modelo concesional se encuentra casi paralizado: en 2025 solo se licitaron 2.218 millones de euros en concesiones de obra, que representan apenas el 1,9% de la licitación pública total. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones ha caído un 84%, y cerca del 19,2% de los proyectos quedaron desiertos, desistidos o renunciados.
Frente a este escenario, Seopan propone un cambio de modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. Entre las opciones evaluadas, la tarificación viaria se presenta como la alternativa más eficiente para garantizar la conservación y calidad sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios.
La asociación calcula que un sistema de pago por uso según la distancia recorrida, con un coste anual promedio de 111 euros por usuario, podría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, fondos que financiarían conservación, transición ecológica y digitalización de la red. Además, la recaudación por medio de BICES en 2.680 municipios alcanzaría los 4.100 millones de euros en el mismo período.
La Guardia Civil detecta más de 900 infraestructuras fraudulentas de extracción y acumulación de agua gracias a la Operación Zahorí. (Guardia Civil)
Inflación y modernización normativa: dos ejes fundamentales
El estudio también alerta sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en la inflación, con previsiones que oscilan entre el 3,2% y el 3,6% para 2026. La asociación propone recuperar y adaptar los mecanismos excepcionales de revisión de precios establecidos en el Real Decreto-ley 3/2022, incorporando energía y mano de obra como conceptos revisables y eliminando los límites actuales para su reconocimiento y pago.
La patronal de la construcción también demanda una profunda modernización de la regulación y la práctica de la contratación pública. Entre sus propuestas figura una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos que permita resolver problemas prácticos y garantice el cumplimiento de plazos y presupuestos. La asociación también solicita la inaplicación de la normativa de desindexación en contratos públicos y la adopción de un nuevo marco legal que facilite el desarrollo de la colaboración público-privada.
Para Seopan, “es momento de transitar desde una etapa de infrafinanciación hacia una de impulso decidido, con visión estratégica y un compromiso firme con la inversión y la colaboración público-privada”, concluyó Núñez.