Los colectivos que impulsan la denuncia afirman que los repartidores vinculados a estas compañías enfrentan condiciones particularmente difíciles
La Fiscalía de París ha recibido una denuncia penal relacionada con trata de personas, presentada por varias asociaciones francesas dedicadas a apoyar a los repartidores de las plataformas estadounidenses Uber Eats y británica Deliveroo. Estas organizaciones han pedido a la justicia que investigue posibles prácticas abusivas que, de acuerdo con sus denuncias, constituirían un “sistema de explotación” laboral dentro del sector del reparto a domicilio, según han reportado medios locales basándose en información de Le Parisien y Sudouest.
Los grupos que promueven la denuncia, entre los que destacan Maison des livreurs, colectivo local de repartidores de Burdeos, y Maison des coursiers, colectivo local de repartidores de París, sostienen que quienes trabajan para estas empresas soportan condiciones especialmente duras. Cuentan con el respaldo de las asociaciones Amal y Ciel, ambas dedicadas a la defensa de los derechos laborales de repartidores migrantes y trabajadores precarios en Francia.
Su abogado, Thibault Laforcade, asegura que la documentación presentada coincide con la definición legal de “trata de personas con fines laborales”. Subraya que esta iniciativa representa una acción jurídica sin precedentes a nivel mundial; aunque las plataformas hayan enfrentado demandas sobre la relación laboral o por el uso de algoritmos, esta es la primera vez que se intenta obtener una condena por explotación de la vulnerabilidad de los trabajadores.
La acusación se fundamenta tanto en testimonios de repartidores como en informes institucionales, de organizaciones independientes y de la ONG internacional Médicos del Mundo, junto a otros centros de investigación. El objetivo es demostrar ingresos insuficientes, jornadas laborales extensas —alrededor de 63 horas semanales por 1.480 euros brutos mensuales, según un estudio realizado en 2025— y una dependencia económica que afecta especialmente a los trabajadores inmigrantes.
La Comisión Europea anunció este lunes una multa de 329 millones de euros a Glovo y Delivery Hero por infringir las normas de competencia de la Unión Europea mediante prácticas abusivas como intercambio de información sensible o acuerdos para no contratar empleados de la otra empresa o repartirse los mercados dentro del espacio económico europeo. (Fuente: Europa Press / EBS)
Qué denuncian las asociaciones francesas
Las asociaciones que presentan la denuncia insisten en que los repartidores en Francia enfrentan un desequilibrio contractual. Los abogados representantes sostienen que, tras dos años de investigación junto a otros tres juristas y especialistas diversos, existe suficiente material jurídico para considerar que la “trata de seres humanos está claramente caracterizada”. Laforcade señala que la demanda busca limitar lo que denomina un “sistema infernal” y destacar que los derechos de los repartidores deben ser equiparables a los de cualquier ciudadano.
Entre las pruebas mencionadas se incluyen testimonios de trabajadores de distintas regiones del país, así como informes de entidades independientes y organismos públicos que alertan sobre las condiciones laborales precarias en el sector de las plataformas digitales de reparto.
La denuncia también enfatiza la falta de transparencia en la asignación de pedidos y la fijación de tarifas por parte de los algoritmos de las plataformas, lo cual perjudica especialmente a los repartidores más vulnerables. De igual modo, se ha enviado un requerimiento formal a Uber Eats como paso previo a una posible acción colectiva por discriminación.
Tanto Uber Eats como Deliveroo han rechazado las acusaciones. Uber Eats sostiene que la “denuncia carece de fundamento”. Deliveroo niega que su modelo operativo pueda ser comparado con alguna forma de explotación, según declaraciones recogidas por los medios mencionados.
100.000 repartidores en Francia
Según la demanda, entre 70.000 y 100.000 personas trabajan como repartidores para Uber Eats y Deliveroo en Francia. Laforcade manifiesta que su propósito es que esta acción judicial inspire a juristas en otros países a explorar vías legales comparables, con la intención de “construir algo más colectivo”.
El equipo legal es consciente de que llevar estas prácticas a los tribunales no generará cambios inmediatos en las condiciones de los repartidores. No obstante, confían en que una posible condena en Francia “será observada en otros lugares del mundo y podría servir para comenzar a frenar esta especie de maquinaria infernal que representan las plataformas”, según explica Laforcade.