Restringe el concepto de acceso prioritario a recursos públicos a quienes tienen un «arraigo» territorial, según lo convenido en Extremadura
El PP ha optado por suavizar cualquier discrepancia con Vox que pueda influir en posibles futuros acuerdos y, al mismo tiempo, intenta frenar la pérdida de votos hacia la formación de Santiago Abascal, defendiendo por primera vez ante el Congreso el denominado principio de «prioridad nacional» recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición en Extremadura, cuyo significado sin eufemismos es «españoles primero».
Los populares ya adoptan este principio, aunque insisten en que su aplicación debe respetar la «legalidad». Claramente, el objetivo tiene dos frentes: por un lado, salvaguardar los pactos con Vox que, tras el acuerdo en Extremadura, deberán formalizarse en Aragón y en Castilla y León, y probablemente, con las elecciones generales en mente, también a nivel nacional. Por otro lado, buscan evitar una mayor pérdida de votantes hacia el partido de Abascal, que ha encontrado en la inmigración un argumento contundente para captar al electorado más vulnerable.
En este contexto, el PP presentó una enmienda a la moción de Vox sobre política migratoria que literalmente defiende «promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas conforme al principio de prioridad nacional, que garantice la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes tengan un arraigo real, duradero y comprobable con el territorio. Este sistema», añaden, «adecuado a la legislación vigente, debe contemplar: establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación territorial; condicionar el acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; excluir el acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes estén en situación irregular, limitando sus derechos exclusivamente a casos de urgencia vital».
Asimismo, el texto que firman los populares destaca especialmente el sistema para acceder a la vivienda protegida y al alquiler social, para lo cual proponen exigir un empadronamiento histórico en el territorio de al menos 10 años para compra y cinco para alquiler, además de valorar la trayectoria laboral y de cotizaciones del solicitante.
El texto propuesto por el PP de Alberto Núñez Feijóo representa prácticamente una copia literal de lo acordado entre ambas formaciones derechistas en Extremadura. Constituye, por tanto, su manera de responder al intento de Vox de forzar su pronunciamiento en el Congreso sobre la «prioridad nacional» en términos más amplios que los contemplados en el pacto extremeño. La moción registrada por el partido de Abascal no especifica, por ejemplo, los criterios que definen esa «prioridad nacional», mientras que el PP defiende restringirla al «arraigo» territorial —y no directamente a la nacionalidad, aunque en la práctica esté parcialmente vinculada—.
Con su enmienda, los populares limitan las pretensiones de Vox, restringiendo su interpretación del concepto de «prioridad nacional» al acuerdo aprobado en Extremadura, que ya tiene cierto respaldo legal —por medio de baremos para la concesión de ayudas, por ejemplo— y que está sujeto a una futura reforma de la Ley de Extranjería.
Desde Génova aseguran no tener «ningún problema» con el concepto de «prioridad nacional» —si se entiende según los términos recogidos en la enmienda del PP, vinculándolo al arraigo territorial— y sostienen que es un principio que «inspirará» algunas de sus políticas. Así, pese a las críticas de algunos barones populares que rechazaron lo acordado en Extremadura —como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, Feijóo lo adopta ahora en el Congreso y establece ahí su límite frente a Vox.
La moción de Vox, con o sin la enmienda del PP, en caso de aprobarse, no sería vinculante para el Gobierno, pero sí refleja la sintonía existente entre ambas formaciones en cuanto al enfoque de la política migratoria.