El texto señala como causa «inmediata y directa» del accidente las actividades extractivas ilegales realizadas bajo condiciones incompatibles con la seguridad minera.
Aumenta la presión sobre el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, debido a su decisión de mantener en sus cargos a presuntos responsables del accidente en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron gravemente heridos hace poco más de un año. El borrador del informe de la comisión parlamentaria de investigación atribuye la «responsabilidad personal» a los actuales presidentes de la empresa pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente, además de otras cinco personas entre ex consejeros y funcionarios.
De acuerdo con las conclusiones del borrador presentadas hoy en el Parlamento asturiano por la presidenta de la comisión, la diputada de Somos Asturias Covadonga Tomé, tanto Fernández como Roqueñí son considerados responsables políticos por su gestión al frente de la consejería asturiana encargada del servicio de Minas. También estuvo al frente del departamento Belarmina Díaz, incluida entre los responsables y que renunció días después del siniestro.
Otras responsabilidades individuales señaladas en el informe corresponden a un ex consejero, Isaac Pola, director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) entre 2020 y 2023, viceconsejero de la consejería competente durante 2023-2025 y actualmente asesor técnico en el área de Crecimiento e Inversión de la Agencia Sekuens.
También se incluyen a Alberto Quirino (jefe de sección), Santiago Berjano (jefe de servicio) y Gonzalo Martín Morales de Castilla, secretario general técnico responsable de establecer el «argumentario jurídico» para definir el Proyecto de Investigación Complementario, considerado fundamental en el accidente. Tomé pidió el cese inmediato de estas siete personas que figuran como responsables políticos.
Por su lado, el diputado del Partido Popular Rafael Alonso criticó al presidente del Principado por no asumir todavía ninguna responsabilidad por el accidente «pese a las múltiples voces que exigen acciones ya». Alonso afirmó a Europa Press que «resulta evidente la responsabilidad política de los ex consejeros y altos cargos que estaban en sus puestos durante los hechos, y de un mecanismo que permitió a la empresa llevar a cabo extracciones ilegales de carbón que terminaron en el accidente y que actualmente se investigan en el Juzgado de Cangas del Narcea«.
El diputado del PP recalcó que «la responsabilidad penal pertenece al ámbito judicial, mientras que la política corresponde a otro ámbito y es una conclusión lógica de la comisión de investigación. No obstante, nada impide al señor Barbón reconocer la responsabilidad política de sus altos cargos y promover las medidas para retirar a estas personas de sus cargos públicos, dado que resulta evidente que quienes tienen responsabilidades políticas por hechos tan graves no deben continuar en puestos públicos de responsabilidad».
La causa «inmediata y directa»
El dictamen de Tomé señala que la causa «inmediata y directa» del accidente fueron las labores extractivas clandestinas realizadas sin cumplir con las condiciones básicas de seguridad minera, tales como falta de ventilación reglamentaria y ausencia de un sistema adecuado de evacuación. La comisión parlamentaria pretende, en todo caso, analizar, investigar y esclarecer las posibles responsabilidades derivadas de la gestión gubernamental en los años anteriores al accidente ocurrido el 31 de marzo de 2025.
En este sentido, el texto aclara que la Administración minera no provocó directamente el accidente, pero sí incurrió en deficiencias de control, supervisión, inspección y coherencia en la autorización, que facilitaron un ambiente de riesgo no corregido.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, rechazó ayer que existan justificaciones para tales «señalamientos personales» y manifestó que, en su opinión, el borrador no establece un nexo causal entre los procedimientos administrativos y la explosión de grisú que causó las muertes.
Peláez insistió que «la responsabilidad directa recae sobre la empresa Blue Solving, que llevó a cabo una actividad ilegal sin amparo de la Administración del Principado de Asturias» y precisó que hablaba en representación de la «mayoría» del Gobierno autonómico, integrado por el PSOE y Convocatoria-IU.
Los señalados
Respecto a Nieves Roqueñí, que fue consejera entre agosto de 2023 y 2025, el borrador indica que era titular del departamento responsable en materia de industria y minería hasta poco antes del accidente. Además, previamente desempeñó el cargo de viceconsejera en esa misma Consejería desde 2019 hasta 2023, y estaba en el puesto durante el accidente de 2022. El informe establece que Roqueñí tenía la máxima responsabilidad política y administrativa derivada de su cargo, bajo el cual se encuentran los órganos encargados de la autorización, supervisión e inspección minera.
Se evidencia responsabilidad inicialmente por no haber otorgado una supervisión política reforzada sobre un expediente en el que ya se había producido un accidente previa con víctimas mortales relacionado con la explotación minera de Cerredo en 2022. Asimismo, desde su Consejería no se promovió la realización de auditorías sobre la adecuación del marco autorizatorio de la explotación ni una revisión de la figura del proyecto de investigación complementaria (PIC), a pesar de la notoriedad y sensibilidad del asunto y la falta de regulación expresa del PIC.
El texto añade que también es responsable por mantener durante su mandato una estructura organizativa e inspectora insuficiente para controlar adecuadamente las actividades mineras, sin impulsar reformas estructurales para fortalecer la capacidad técnica, preventiva e inspectora de la Administración autonómica.
Sobre Enrique Fernández Rodríguez, quien dirigió la Consejería de minas entre julio de 2019 y agosto de 2023, se indica que era titular de esa Consejería cuando ocurrió el accidente de 2022 y permaneció en el cargo hasta agosto de 2023. Por ello, las responsabilidades atribuidas a Nieves Roqueñí Gutiérrez también se extienden a Fernández, según el borrador.
En relación con la ya dimitida Belarmina Díaz, que fue directora general en materia de minas entre 2017 y 2019 y consejera cuando ocurrió la tragedia, se apunta que firmó cuatro resoluciones cruciales para el caso, incluyendo la autorización para abandonar labores, la transferencia a Combayl, la cesión a Blue Solving «sin acreditación técnica ni económica del cesionario y sin argumentos jurídicos claros», y la aprobación del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) «sin respaldo normativo explícito».
El informe concluye que Díaz asume responsabilidad por permitir resoluciones que favorecieron «la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera» y por autorizar transmisiones de concesiones sin realizar un control riguroso y reforzado de la conformidad de dichos actos con la normativa aplicable y la situación real de la explotación, entre otros aspectos.
En cuanto a Isaac Pola, el borrador señala su dependencia directa de la Dirección General responsable en materia minera y destaca su responsabilidad política-operativa derivada de su supervisión directa de la estructura administrativa encargada de gestionar, controlar y dar seguimiento a los expedientes mineros.
Así, se concluye que Pola incumplió una fiscalización efectiva y reforzada de las actuaciones de la Dirección General competente, a pesar de que el expediente de Cerredo era de extraordinaria complejidad técnica, jurídica y material. Además, apoyó institucionalmente la consolidación o tolerancia administrativa del PIC como mecanismo habilitante sin impulsar una revisión jurídica o técnica que verificase su adecuación normativa y material. También comparte responsabilidad en las cuestiones asignadas a su consejera, según el informe.
El texto incluye además responsabilidades institucionales atribuidas a la Administración del Principado de Asturias y contiene recomendaciones entre las que destacan el adelanto de indemnizaciones a las víctimas y sus familias.
«Tensiones y presiones»
Ahora se abre un plazo de diez días para que los distintos grupos parlamentarios asturianos presenten sus propuestas al dictamen, que luego serán debatidas y, en su caso, incorporadas. Se espera que el dictamen final sea aprobado a finales de mayo, aunque podría contar con votos particulares.
Covadonga Tomé señaló que la elaboración del dictamen fue «sumamente compleja» y que el proceso estuvo marcado por «tensiones y presiones». Además, lamentó que la documentación solicitada por la comisión sobre el asunto se entregó de manera «totalmente desorganizada». «La mayoría de los documentos no cumple con la definición legal de expediente administrativo», explicó Tomé, «son papeles dispersos, sin índice ni orden, lo que dificultó considerablemente la tarea de la comisión».
Tomé también se refirió al reciente informe de la Inspección General de Servicios sobre el servicio de Minas. «Coincidimos bastante con el análisis exhaustivo de ese informe, aunque resulta algo limitado en sus consideraciones finales y en las propuestas», añadió.