Crisis energética: Los gobiernos deberían sustituir las reducciones generales de impuestos y los topes de precios por transferencias directas de ingresos a los hogares vulnerables, apoyo de liquidez y créditos fiscales no condicionados para los sectores afectados, escribe Judith Arnal, Economista del Estado en España, en un artículo de opinión para Euronews.
El bloqueo del Estrecho de Ormuz ha provocado en Europa su segundo gran impacto energético en cuatro años. Los gobiernos han reaccionado rápidamente, aunque sin extraer las enseñanzas necesarias.
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El Gobernador del Banco Nacional de Bélgica, Pierre Wunsch, fue categórico: «Debemos reducir la demanda ahora mismo.» Advirtió que las medidas amplias de apoyo energético serían como «echar gasolina» al problema.
Su afirmación es acertada. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos están precisamente haciendo eso — replicando con precisión los fallos de 2022 e incluso agravándolos en ciertos casos.
Reprimir las señales de precio implica alargar la crisis
Un análisis comparativo de las medidas fiscales adoptadas por Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Hungría frente al marco de triple-T del Banco Central Europeo (BCE) — dirigido, adaptado, temporal — demuestra que ningún Estado miembro lo cumple por completo.
La lógica de estos tres criterios es clara e incontestable: apoyar directamente a quienes no pueden absorber el impacto (dirigido), mantener la señal de precio que incentiva el ajuste de la demanda que Europa requiere urgentemente (adaptado), y que las medidas finalicen antes de que las ayudas de emergencia se transformen en derechos permanentes (temporal).
Cada euro empleado en suprimir la señal de precio es un euro que extiende la duración de la crisis.
La clasificación del fracaso está clara
La jerarquía del fallo resulta evidente. En la parte baja se encuentran Hungría y Polonia, cuyos topes directos sobre precios de gasolina y diésel eliminan completamente la señal de precio, favorecen principalmente a los hogares con alto consumo y generan distorsiones secundarias como la prohibición de exportaciones de crudo y derivados en Hungría y el turismo de combustible en Polonia.
España, Italia y Alemania ocupan el siguiente nivel, junto con Hungría y Polonia en este aspecto: los cinco emplean actualmente reducciones amplias en el IVA o impuestos especiales, que fallan simultáneamente en la precisión y adecuación, y cuyos beneficios aumentan proporcionalmente al consumo. La Comisión ya ha cuestionado si las reducciones de IVA en España y Polonia para combustibles son compatibles con la Directiva del IVA.
No obstante, no todas las medidas están mal diseñadas. El bono térmico reforzado en España — una transferencia directa de ingresos a hogares definidos según criterios de vulnerabilidad — es una de las pocas iniciativas que cumple con los tres criterios. Por su parte, los créditos fiscales sectoriales en Italia para transportes, pesca y agricultura no afectan directamente a los precios y están orientados a sectores con exposición probada, aunque siguen ligados al consumo de combustible, lo que reduce el incentivo para ajustar la demanda.
Francia es el único país que se acerca al estándar del BCE. París optó por no intervenir en los precios en las estaciones a pesar de las protestas del sector transporte, y en cambio utilizó herramientas administrativas: 500 inspecciones en gasolineras para controlar márgenes abusivos, facilidades de liquidez a través de Bpifrance y aplazamientos en impuestos y cotizaciones sociales.
Sus 70 millones de euros en ayudas presupuestarias a transporte, agricultura y pesca son el eslabón más débil, pues todavía dependen del consumo de combustible. Pero el enfoque francés, al menos, es coherente.
Impuesto europeo sobre beneficios extraordinarios de empresas energéticas
Más allá de las medidas nacionales, cinco gobiernos han abordado la cuestión de quién debe financiarlas. El 3 de abril, los ministros de Finanzas y Economía de Austria, Alemania, Italia, Portugal y España enviaron una carta conjunta al Comisario Wopke Hoekstra solicitando con urgencia que la Comisión desarrolle un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas — retomando la contribución solidaria adoptada bajo el Reglamento 2022/1854.
Pero el gravamen de 2022 cometió dos errores importantes que no deben repetirse en un nuevo intento. Tributó sobre una base inadecuada y permitió que los Estados miembros optaran por no participar o diseñaran equivalentes nacionales sin un estándar vinculante, fragmentando el mercado único — España, por ejemplo, gravó la facturación neta, que no refleja las ganancias inesperadas.
Cualquier nuevo instrumento debe imponer el gravamen sobre el beneficio económico real. Además, el impuesto a las ganancias extraordinarias no debe convertirse en una respuesta automática: a medida que las bases fiscales del sector aumentan con precios más altos, los ingresos crecerán sin necesidad de un impuesto adicional.
Los gobiernos deben dejar de ver la señal de precios como enemiga
El patrón de comportamiento es preocupante y la solución no admite opciones. Los gobiernos tienen que abandonar la idea de que la señal de precios es un enemigo. Las reducciones fiscales generales y los límites en precios deben ser reemplazados inmediatamente por transferencias directas a los hogares vulnerables, junto con apoyo de liquidez y créditos fiscales no condicionados para los sectores afectados.
Las medidas de emergencia deben finalizar no en fechas fijadas políticamente que pueden extenderse silenciosamente, sino en momentos predefinidos basados en indicadores del mercado que despoliticen la decisión de retirada. La Comisión debería establecer un marco de notificación y evaluación previa, fundamentado en los criterios triple-T del BCE, para que los Estados miembros comprendan el impacto total de sus medidas antes de aplicarlas, no después.
La alternativa — otra ronda de subsidios sin focalización que retrasan el ajuste y profundizan los déficits fiscales — no representa gestión de crisis, sino su prolongación.
Judith Arnal posee un doctorado en Economía y es Economista del Estado en España. También es Investigadora Principal en el Centre for European Policy Studies (CEPS), el Instituto Elcano y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).