Se ignoran los informes de las juntas de tratamiento y no se firman los primeros grados: «El problema radica en que estas decisiones han sido politizadas»
La tendencia desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para restringir la clasificación de presos en primer grado —los considerados más peligrosos— ha comenzado a generar conflictos dentro de las cárceles. Según denuncian fuentes penitenciarias, el Ministerio del Interior está anulando las decisiones de las juntas de tratamiento, donde participan los directores de los centros, imponiendo su criterio para limitar al máximo el número de internos en esta categoría.
Esta situación, que según las mismas fuentes afecta «a todas las prisiones» del país, tiene varios ejemplos en el centro penitenciario Málaga 1. De las cuatro últimas propuestas de régimen cerrado presentadas por el centro como respuesta a agresiones a funcionarios, tres han sido rechazadas desde Madrid. Es decir, sólo un 25% de estas situaciones han recibido respaldo para activar el mecanismo requerido por los reos. La dirección carcelaria determinó que el acusado debía permanecer en régimen de primer grado, pero Instituciones Penitenciarias desautorizó esa decisión. Este periódico contactó con Interior, que prefirió no hacer declaraciones, limitándose a expresar: «Ningún comentario».
La línea que sigue Interior coincide con un aumento en las agresiones a funcionarios por parte de internos peligrosos, quienes no cuentan con la clasificación adecuada. Estos presos permanecen en módulos ordinarios, pese a tener perfiles de multirreincidencia, lo que resulta en ataques más violentos, como confirman las estadísticas anuales. El pasado 12 de marzo, un interno agredió a dos funcionarios. En pleno Ramadán —una etapa que contempla medidas específicas, como la entrega de tápers para que puedan comer en sus celdas, algo no permitido al resto— un reo optó por actuar de forma contraria. «Eligió comer en la sala de día y desobedecer de manera consciente a los funcionarios. Incitó a otros internos a sumarse a un plantón y terminó agrediendo a dos funcionarios».
Este hecho no fue aislado en su historial, insisten. El interno había estado clasificado en primer grado hasta 2025 debido a agresiones a funcionarios. Tras salir en libertad y regresar a prisión por reingreso tras delitos reiterados, volvió a protagonizar «agresiones».
La dirección del centro Málaga 1 actuó aislándolo y proponiendo su reclusión en régimen cerrado (primer grado). Sin embargo, desde Madrid se impuso un enfoque distinto.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de su área de Tratamiento, revocó la propuesta. Mantuvieron al interno en segundo grado y lo dejaron en el mismo centro. Este no es un caso puntual. «El problema de fondo es aún mayor. Las decisiones de tratamiento están siendo politizadas, imponiendo un discurso excesivamente benevolente que no se corresponde con la realidad en las prisiones. Gran parte de las propuestas para régimen cerrado, el más restrictivo para los internos, son rechazadas por técnicos que no conocen al interno, en contra del criterio de los profesionales que trabajan con ellos diariamente. La experiencia se está sustituyendo por la distancia», argumenta Manuel Galisteo, presidente del sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).
En mayo pasado, Prisiones solicitó abiertamente a los directores de las cárceles reducir al mínimo el número de internos clasificados como peligrosos. Esta indicación fue transmitida por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, en una reunión telemática con los responsables de los centros, destacando la necesidad de «reducir a la mínima expresión» el artículo 75.1 del reglamento penitenciario. Este artículo otorga a los directores la facultad de imponer aislamiento a un interno, previa etapa para acceder al régimen de vida penitenciaria más severa: el primer grado. El número dos de Ángel Luis Ortiz reiteró esta indicación en el encuentro con directores de centros penitenciarios celebrado en Sevilla el 9 de junio, evento inaugurado por el ministro Fernando Grande-Marlaska. Los funcionarios establecen una relación directa entre la postura de Interior y el incremento en la violencia de los ataques en las cárceles. «Tener internos que no están correctamente clasificados en módulos ordinarios, con movimientos muy poco restrictivos, genera un aumento de agresiones y una brutalidad mayor en su ejecución».
«Se denuncia que esta tendencia pone en peligro la integridad de toda la plantilla de funcionarios y debilita gravemente el sistema. Un sistema que no protege a sus empleados es un sistema fracasado. Cuando falle, no será una sorpresa», advierte Galisteo. Y añade: «Los funcionarios de prisiones con procedimientos judiciales abiertos o en trámite por haber sido víctimas de agresiones deben continuar trabajando frente a sus agresores. Esto no solo carece de lógica, sino que representa una falta de respeto institucional hacia el trabajador penitenciario».