Mientras tanto, el partido de Abascal considera que existen posibilidades para implementar este principio en Extremadura a través de «baremos».
El «principio de prioridad nacional», que guiará el «acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» en Extremadura, además de a la «vivienda protegida y alquiler social», representa el aspecto del acuerdo entre PP y Vox que ha generado mayor controversia, mientras se esperan detalles sobre su aplicación práctica. En el partido de Santiago Abascal sostienen que las comunidades autónomas cuentan con margen para adoptarlo mediante diferentes vías, aunque admiten —según el texto del acuerdo— que existen normativas estatales que podrían limitar su implementación. Por ello, prevén modificar esas regulaciones si llegan a La Moncloa; por ahora, instan a su reforma.
Ante las reservas expresadas por algunas voces populares respecto al pacto en Extremadura, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, solicitó ayer al PP «que no interfiera»: «Que permitan construir una alternativa en la que Vox posea la fuerza necesaria, idealmente con mayoría absoluta, para realmente transformar las políticas en España». «Si eso sucede, si se logra esa opción, en las próximas elecciones generales surgirá un gobierno que efectuará las modificaciones necesarias en las leyes para cumplir los acuerdos pactados con Vox», añadió Fúster, insinuando que, en caso de alcanzar La Moncloa —ya sea en solitario o junto con el PP—, impulsarán las reformas legales imprescindibles para eliminar los límites a la aplicación del «principio de prioridad nacional».
Esto también queda reflejado en el propio texto del acuerdo firmado en Extremadura, donde Vox ya obtiene del PP el compromiso de promover las reformas necesarias para ejecutar lo convenido. «Se promoverá la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 [Ley de Extranjería] y de todas las disposiciones normativas que dificulten la efectividad de lo anterior», señala el documento en relación con la implementación del «principio de prioridad nacional» en ayudas, subvenciones y vivienda.
La Ley de Extranjería establece, por ejemplo, que los inmigrantes tienen derecho a acceder «al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles», al igual que al sistema de ayudas relacionadas con la vivienda, lo que limita la «prioridad nacional» que Vox pretende aplicar en estos ámbitos. Sin embargo, en el partido defienden que es factible implantar este principio, al menos parcialmente, y señalan que la vía para hacerlo —respetando la legislación vigente— radica en los «baremos», «criterios» o «requisitos» que puede fijar la comunidad autónoma para la asignación de ciertos recursos públicos.
El texto del pacto incluye, por ejemplo, otorgar las ayudas estableciendo un «periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento» y relacionarlas con la «trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema», dos condiciones que el gobierno autónomo podría incorporar en la concesión de ayudas de su competencia y que aplicarían, hasta cierto punto, ese «principio de prioridad nacional».
Mientras tanto, en el PP continúan intentando minimizar el alcance del pacto suscrito con Vox en Extremadura. Su secretario general, Miguel Tellado, destacó ayer que la «prioridad nacional» para la concesión de subvenciones públicas «es solo un criterio adicional» y «no un requisito excluyente». «Es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real y la contribución tengan peso en la asignación de viviendas o ayudas estructurales», argumentó.
Asimismo, aclaró que organizaciones como Cáritas, que trabajan con extranjeros sin documentación, pueden estar «completamente tranquilas» porque no perderán su financiamiento a causa de los acuerdos con Vox. Aunque el texto acordado en Extremadura la semana pasada señala la eliminación de partidas a entidades que participen en la facilitación o apoyo de la inmigración irregular o actúen como colaboradores necesarios de mafias de tráfico de personas, el número dos de los populares matizó ayer que ello deberá «acreditarse judicialmente mediante sentencia».