La escritora examina en su reciente obra, ‘Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia’, los desafíos y peligros que enfrenta nuestro sistema político, especialmente el Estado de derecho. Aquí reproducimos un fragmento del capítulo centrado en el Gobierno actual
El grado de confrontación y la campaña de deslegitimación emprendida por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez contra la autoridad del Poder Judicial en España es sin precedentes, ya que ha conllevado además una ofensiva paralela que ha minado la confianza de numerosos ciudadanos en el Estado de derecho. Personalmente, me costó aceptar que, tal como afirmaban varios jueces, se trataba de una maniobra sistemática para debilitar la legitimidad de la Justicia, y no solo contra aquella que no puede controlar el Ejecutivo, hasta que se evidenció que no era una crítica habitual a decisiones judiciales o actuaciones cuestionables, sino algo mucho más serio y posiblemente difícil de detener. […]
No cabe sino admitir que el Gobierno ha excedido los límites que le impone su rol institucional y constitucional cuando la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, en presencia del jefe del Estado, declara «la necesidad de impedir ataques injustificados, que pueden poner en peligro la legitimidad y la reputación de la Justicia y sus integrantes». Nunca antes un presidente del Poder Judicial se había visto en la obligación de emitir una declaración tan grave, señalando directamente a los responsables. Los aplausos que jueces y magistrados brindaron a Isabel Perelló, a pesar de su aparente fragilidad y falta de experiencia en oratoria pública, reflejaron el alivio al ver reconocida institucionalmente la anormalidad y el riesgo de la situación.
[…]
La coyuntura a la que Pedro Sánchez, su Ejecutivo de coalición y sus apoyos parlamentarios conducen a la democracia española es sin igual. «Ningún poder del Estado puede ordenar a los jueces y magistrados cómo deben interpretar el ordenamiento jurídico […]. El derecho a discrepar es posible, común, incluso enriquecedor en el debate jurídico, pero las críticas y diferencias no tienen relación alguna con la descalificación ni con el insulto», leyó Perelló frente al Rey. ¿Por qué sería necesario decirlo si esto no hubiese ocurrido? Sin embargo, sí ha ocurrido y continúa ocurriendo. El ministro de Justicia —quien nunca debió simultanear esa cartera con la de Presidencia y Relaciones con las Cortes— debería haber dimitido en la primera ocasión en que atacó las decisiones judiciales con una dureza y gravedad sin precedentes. Al referirse al magistrado encargado de investigar un proceso relacionado con la esposa del presidente, el ministro afirmó: «Hoy ha quedado clara la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez». Si Gómez estaba en indefensión, era porque la provocaba un juez, violando los principios fundamentales del proceso penal. «Ni sabe de qué se le acusa», agregó un ministro, licenciado en Derecho, que debería conocer que en la fase de instrucción no se imputa aún a nadie. Y para rematar, sentenció: «Está claro que no hay nada de nada y que, si este proceso judicial sigue, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y cuál es el propósito». Es inconcebible en una democracia que un miembro del Ejecutivo, del que depende la Justicia del país, señale y acuse a un magistrado específico de esta forma: un ministro que se pronuncia sobre un procedimiento en curso, defiende a una ciudadana en concreto, con nombre y apellidos, valora la instrucción e incluso falsea hechos, ya que en ese momento era sabido cuál era el objeto de la investigación. Además, un ministro que sabe que, de haberse producido disfunciones, el sistema de recursos escalonados está diseñado para solventarlas, tanto en el caso particular de la esposa del presidente como en cualquier otro ciudadano. Todos somos iguales ante la ley.
Hasta ese grado se ha llegado en España como consecuencia de los escándalos de corrupción y nepotismo relacionados con el entorno más próximo al presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista. La adhesión inquebrantable ha generado episodios como el descrito y evidentes contradicciones. Destaca lo que dijo el propio Bolaños en otra ocasión en el Congreso: «Les agradecería que no se produjeran intervenciones ni manifestaciones ofensivas contra miembros de la judicatura. Además de ser ofensivas, constituyen una falta de respeto al Estado de derecho español, que es el de una democracia plena». Es decir, el ministro de Justicia es consciente de sus actos cuando acusa de prevaricación a un magistrado por investigarse a la esposa de su jefe. Debió ser una presión grande, porque varios ministros replicaron lo mismo, incluidos los dos ministros jueces, Grande-Marlaska y Margarita Robles. Ambos olvidaron, además, que según la Comisión de Ética del CGPJ: «El magistrado que ha dejado temporalmente sus funciones jurisdiccionales para dedicarse a una actividad política sigue obligado éticamente a guardar lealtad institucional con el Poder Judicial». En este contexto, las lealtades parecieron desviarse algo.
Puede pensarse que si Bolaños se comportó como un Maradona y marcó un gol a favor del líder, aunque fuera con la mano, fue porque el Gobierno estaba enfrentando problemas de los que quería salir ganando la narrativa ante la opinión pública. Lo relevante es que todos los gobiernos democráticos, sin importar su orientación, han enfrentado dificultades, pero jamás antes de la llegada de Pedro Sánchez al poder se había cruzado la línea roja de atacar abiertamente no solo a determinados jueces, sino al sistema en su conjunto.
La pérdida total de control pareció alcanzarse con María Jesús Montero, entonces vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE. Nada menos que una figura tan institucionalizada negó con vehemencia la existencia del fundamento esencial del Estado de derecho: la presunción de inocencia, derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el que descansan las democracias liberales. «Qué vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por encima del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos», declaró tajante durante un mitin. Destaco la gravedad de esa afirmación: sugerir que el testimonio de mujeres debe prevalecer sobre la presunción de inocencia implica eliminar esta última para los hombres, especialmente los que tienen poder, si son denunciados por mujeres, sobre todo jóvenes. Populismo puro. No existe solución para el temor que genera que alguien con tal poder ignore o desestime deliberadamente algo de tanta relevancia. En un Estado democrático de derecho se parte del horror a la injusticia y, por ende, de la presunción de inocencia y el in dubio pro reo que buscan evitar la condena de un inocente. […] Aparentemente pidió disculpas, impulsada por la oleada de protestas ante una postura inaceptable. En realidad, no fue así. Otra característica de la falta de control actual es que los comportamientos desmedidos no reciben sanción alguna. En el siglo pasado, una declaración semejante habría conducido a la destitución inmediata del ministro responsable. Hoy, no ocurre nada y, sin duda, es la afirmación más grave hecha por un miembro del Gobierno fuera de los límites que exige su cargo. Es una declaración sin principios.
No puede olvidarse que, como se mencionó en capítulos anteriores, el presidente del Gobierno, molesto porque un juez de instrucción se atreviera a llamarle a declarar como testigo en la causa abierta contra su esposa y rechazara que la diligencia se realizara por escrito, decidió querellarse por prevaricación contra ese magistrado, empleando para ello a la Abogacía del Estado. Nunca antes se había visto un caso de esta naturaleza, demostrando nuevamente que la ley puede ser usada no para su propósito original, sino estirada como una goma que busca neutralizar a un miembro de otro poder. Era una querella inadmisible y, aun así, se presentó. ¿Cómo podía ese juez irrumpir en el palacio y molestar al César? Adolfo Suárez testificó en el caso Banesto. Felipe González declaró ante el Tribunal Supremo. José María Aznar compareció en relación con la caja B del PP. Mariano Rajoy testificó en la Audiencia Nacional durante el juicio de Gürtel. Seguramente fue molesto para ellos, y es probable que intentaran evitarlo, maniobrando en la sombra; lo que se sabe es que prestaron declaración y ninguno pensó en acusar al juez de prevaricación. Sánchez sí lo hizo. ¿Qué lo diferencia de los demás? ¿Arrogancia, desprecio hacia la Justicia, temor al resultado de la instrucción?
Al revisar estas reflexiones, se había producido un nuevo giro en el despropósito institucional. El propio presidente del Gobierno salió a declarar en una entrevista la inocencia del fiscal general del Estado mientras este seguía siendo juzgado. La presión insoportable que esta situación implica, el despropósito institucional y la campaña posterior en medios y opinadores que avalaron esta actitud resultaron absolutamente inaceptables en un Estado de derecho. Más aún, algunos comentaristas y personas afines llegaron a afirmar públicamente que una condena desprestigiaría a todo el Poder Judicial o incluso lo desmantelaría.
Sea como fuere, una campaña de desprestigio de este tipo, impulsada por el Poder Ejecutivo contra el Judicial, representa el inicio del fin.
‘Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia’, de Elisa Beni. Publicado por La Esfera de los Libros y disponible desde el miércoles 22 de abril.