Las claves
El Ejecutivo defiende que el proceso de regularización para extranjeros es garantista y requiere informes policiales para prevenir riesgos relacionados con la seguridad.
Instituciones Penitenciarias ha indicado a los directores de cárceles que deben informar y asistir a los presos extranjeros en situación preventiva para tramitar sus solicitudes de regularización.
Solo podrán regularizarse quienes carezcan de antecedentes penales y no representen un peligro para la seguridad nacional, con una evaluación individual para cada caso.
La ministra Elma Saiz ha señalado que el PP obstruye la regularización desde los ayuntamientos, mientras que otras instituciones como la Iglesia y empresarios respaldan esta medida.
El Gobierno insiste que el proceso de regularización es «extremadamente garantista» y se encuentra «muy bien preparado», destacando que Instituciones Penitenciarias «ha cumplido con su responsabilidad» al facilitar los trámites a los internos extranjeros bajo prisión preventiva.
Así lo han argumentado los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Ambos han aclarado que dichas personas en prisión preventiva, al igual que el resto, no deben poseer antecedentes penales y deben pasar por un informe policial que asegure que no representan un riesgo para la seguridad o el orden público.
Las aclaraciones surgen tras la circular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que instruye a los directores de cárceles para informar a los reclusos extranjeros sobre la regularización extraordinaria y apoyarles en la presentación rápida de sus solicitudes.
El Gobierno refiere que el decreto establece que «no se regularizarán personas con antecedentes penales» ni aquellas que supongan un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.
Esto incluye a los presos preventivos, que permanecen privados de libertad por una orden judicial, aunque conservan otros derechos. Además, las Fuerzas de Seguridad pueden considerar que representan una amenaza para la seguridad y el orden público y, por lo tanto, pueden rechazar su regularización.
Cada caso será evaluado individualmente por la Policía Nacional, según ha informado Grande-Marlaska.
Desde Interior explican que «Instituciones Penitenciarias ha solicitado a los directores de prisiones que informen a los reclusos sobre el proceso de regularización y que, si alguno desea iniciar dicho procedimiento, el personal está disponible para realizar los trámites. Esto no implica que Instituciones inicie directamente procesos de regularización en las prisiones; dicha gestión corresponde al ministerio dirigido por Elma Saiz».
Según estos datos, actualmente hay 3.300 hombres extranjeros no comunitarios en prisión preventiva y 200 mujeres extranjeras en la misma situación.
«Al no estar condenadas, en teoría estas personas podrían participar en el proceso de regularización. Sin embargo, conforme a la normativa aprobada, será la dirección general de Migraciones quien resolverá, caso por caso, todas las solicitudes de regularización en España», añade Interior.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha acusado al PP de «boicotear la regularización» mediante los ayuntamientos, dificultando los trámites que deben realizar.
En particular, ha mencionado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien manifestó que no colaborará.
«El PP se encuentra aislado y desdibujado en este bloqueo», ha declarado, recordando que la Iglesia católica y asociaciones empresariales respaldan la medida.