Las claves
El Ejecutivo ha solicitado a las prisiones que faciliten la regularización de reclusos extranjeros, en especial los preventivos, lo que ha generado preocupación entre el personal penitenciario y los sindicatos policiales.
Esta iniciativa permitiría que los presos en prisión preventiva, sin sentencia definitiva, obtengan residencia legal, lo que complicaría su expulsión tras una condena.
Los sindicatos critican la falta de claridad en el protocolo, la carga administrativa excesiva y los riesgos de seguridad, mientras la oposición reprocha que la medida pueda favorecer incluso a condenados por delitos graves.
El número de internos preventivos extranjeros en España ha crecido en años recientes, superando los 4.000 en 2024, y una parte significativa podría acogerse a esta regularización.
El empeño del Gobierno en facilitar la regularización de presos foráneos ha provocado un nuevo foco de tensión que supera el ámbito de las prisiones. También los agentes policiales alertan de un riesgo para «la seguridad».
Como adelantó EL ESPAÑOL este lunes, el Ministerio del Interior, mediante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha enviado una circular a los directores de cárceles para que faciliten la tramitación de solicitudes de regularización a la población interna extranjera.
Esta gestión debe realizarse «con la máxima rapidez» y, en caso de ser preciso, «prever el correspondiente apoyo lingüístico».
Aunque el comunicado oficial no menciona expresamente a los presos preventivos, solo ellos podrían, en principio, acogerse a este proceso. A pesar de que un juez haya decidido privarles temporalmente de libertad ante indicios de la comisión de un delito grave y riesgo de fuga o reincidencia, no cuentan aún con sentencia ni antecedentes penales.
No obstante, el decreto del Gobierno permite que personas con antecedentes soliciten la cancelación de estos, para que su caso sea analizado individualmente.
Se produce la paradoja de que los presos tendrán mayor facilidad para obtener la regularización que algunos de sus compatriotas, quienes enfrentan largas filas para obtener información o documentos.
La circular ha generado alarma y desconcierto en directivos y funcionarios penitenciarios, colocándolos en un papel de «facilitadores» del trámite.
Por su parte, la oposición advierte que los internos en prisión preventiva que resulten condenados estarán protegidos al haber sido regularizados de antemano, pues no podrán ser expulsados automáticamente, como ocurre con extranjeros irregulares.
Según los últimos datos oficiales de 2024, existían en España 4.035 presos preventivos extranjeros, una cifra en crecimiento sostenido en los últimos años: 3.299 en 2020, 3.393 en 2021, 3.549 en 2022 y 3.719 en 2023.
Aunque no todos los extranjeros en prisión preventiva están en situación irregular, una proporción importante, principalmente originarios de Marruecos y Argelia, países de procedencia mayoritaria, podrían beneficiarse de esta vía habilitada por el Ejecutivo.
«Caos» en las cárceles
Desde el mundo penitenciario alertan del «caos» organizativo que supone la decisión ministerial. Señalan que la instrucción enviada no especifica claramente cuáles internos se ven afectados ni establece un protocolo detallado sobre quién puede acogerse al proceso.
«No saben si es para preventivos o condenados, porque no han aclarado nada», declara Pedro Villena, coordinador nacional del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM), en conversación con este medio.
Villena señala que la orden interna obliga a acelerar los trámites sin un marco definido: «Los trabajadores sociales están centrados en la regularización y en preparar con rapidez los certificados solicitados». Denuncia que esta situación está desplazando otras tareas en los centros penitenciarios.
Comenta que en regiones como Cataluña ya se daban directrices similares, pero la implementación práctica está siendo «caótica» y ha sorprendido al resto de prisiones del país.
Advierte que la medida podría modificar el régimen de expulsión de delincuentes extranjeros: «Por ejemplo, un preventivo llega al juicio, es condenado y podría ser extraditado o cumplir parte de la pena antes de ser expulsado. Pero si está regularizado, no se puede expulsar«.
La normativa vigente contempla la sustitución de penas de prisión por expulsión territorial en ciertos casos, particularmente cuando la condena supera un año. Sin embargo, obtener un permiso de residencia introduce un factor fundamental: el arraigo.
Este arraigo, cimentado en la residencia legal, impone a los jueces considerar las circunstancias personales del reo antes de decidir su expulsión, ya sea por vía administrativa o judicial.
En la práctica, esto puede complicar o incluso impedir la expulsión automática, convirtiendo la regularización en un beneficio significativo para los internos.
«¿Qué sentido tiene que en prisión se dé tanta rapidez para tramitar apresuradamente todas las solicitudes?», se cuestiona el coordinador de TAMPM, quien sospecha que el límite «será para preventivos», aunque la orden no lo especifica. «Nos ha sorprendido mucho», añade.
Además, los funcionarios penitenciarios señalan otra contradicción: los presos accederán con mayor facilidad a la regularización que quienes se encuentran en la calle.
«Aquí una Administración del Estado a otra solicita documentación de forma digital. Estos procesos serán más ágiles que los que siguen quienes inician trámites en consulados u oficinas», denuncian.
Riesgo en las calles
A la inquietud de los trabajadores penitenciarios se suma la preocupación expresada por policías mediante sus sindicatos, que critican la medida.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideran «extremadamente preocupante» que se fomenten procesos de regularización en cárceles sin garantizar un control exhaustivo de los antecedentes y la situación judicial de cada caso.
«No estamos ante una cuestión ideológica, sino de seguridad y rigurosidad en la gestión«, señalan fuentes del SUP a este medio.
Recuerdan que la prisión preventiva implica un juicio de riesgo —ya sea de fuga, destrucción de pruebas o reincidencia— que no puede ser ignorado en estos procedimientos administrativos.
El sindicato advierte de un problema estructural: «Un proceso masivo, con plazos muy cortos y gran dependencia de información externa reduce significativamente la capacidad de verificación real».
Consideran que si el sistema se sobrecarga, «pierde precisión» y podría trasladar una responsabilidad excesiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En términos similares se expresa JUPOL, que ha manifestado su «profunda preocupación y rechazo» ante la instrucción gubernamental.
El sindicato recuerda que ya había advertido que la regularización masiva beneficiaría a personas que hubieran cometido delitos sin sentencia firme, y considera que lo conocido ahora «es un paso aún más grave».
Denuncian que la medida podría aplicarse incluso a individuos encarcelados por delitos graves, lo que «contradice directamente» las declaraciones oficiales que garantizaban que no se regularizaría a sujetos que supongan un riesgo para la seguridad pública.
JUPOL alerta también del aumento de cargas administrativas en un sistema penitenciario «ya tensionado y sin recursos adicionales», y critica que la Policía Nacional haya sido excluida de un proceso que consideran de su competencia.
El «no» de la oposición
La oposición ha elevado el tono. Desde el Partido Popular, Alma Ezcurra califica la situación como «gravísima» y exige al Gobierno explicaciones inmediatas.
Recuerda que el decreto de regularización exige la ausencia de antecedentes penales, lo que en la práctica restringe su alcance a los presos preventivos.
«Un preso preventivo es alguien sospechoso de un delito grave, encarcelado por riesgo de fuga o reincidencia», destaca.
A su parecer, la cuestión clave es lo que sucede después: «Si existe sentencia condenatoria, con la residencia legal ya otorgada, expulsarlos será mucho más complicado».
Ezcurra advierte que la regularización «protege el arraigo que impedirá su expulsión mañana», algo que considera «contrario a lo que debería suceder». «En España, quien delinque, debe ser expulsado», concluye.
En línea semejante, Santiago Abascal ha denunciado en redes sociales que el Gobierno está «movilizando todo el Estado para que ningún criminal pierda la oportunidad de quedarse aquí para siempre», calificando este proceso de «preocupante y oscuro».
El trasfondo de esta medida conecta con la política penitenciaria indulgente que el Ministerio del Interior ha implementado en los últimos años.
La laxitud de Interior
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, estrecho colaborador del ministro Fernando Grande-Marlaska, ya defendió en 2021 el incremento de los terceros grados como meta principal de su área, en una estrategia dirigida a ampliar los regímenes de semilibertad.
Esta política generó controversia tras casos como el del presunto asesino de Lardero, quien recibió el tercer grado con un informe de apenas tres líneas a pesar del rechazo de los profesionales.
Los sindicatos señalaron entonces una tendencia a priorizar flexibilizaciones en el sistema penitenciario, crítica que vuelve a resurgir con la regularización de internos extranjeros.
En este escenario, la instrucción interna divulgada por EL ESPAÑOL refuerza la impresión de que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esta dirección, aunque conlleve abrir nuevos conflictos con los profesionales del sector y la oposición política.