Las claves
El PP reprocha al Gobierno la facilitación de la regularización de presos extranjeros, señalando que esto fortalecerá su arraigo y complicará su expulsión.
Instituciones Penitenciarias ha instruido a las prisiones para acelerar el procesamiento de solicitudes de regularización, según un documento interno filtrado.
El decreto de regularización requiere la ausencia de antecedentes penales, por lo que solo podrían acogerse presos en prisión preventiva, según la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
El sindicato TAMPM y formaciones como Más Madrid han destacado la rapidez del Gobierno en adoptar medidas para internos y han solicitado mayor transparencia en estos procedimientos.
«Regularizar presos implica blindar el arraigo que mañana impedirá su expulsión». Con esta frase, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha resumido el reciente movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar la regularización de migrantes en España.
Como ha informado EL ESPAÑOL, desde Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, se han enviado instrucciones a las cárceles del país para facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de presos extranjeros.
Esta medida, no comunicada oficialmente, consta en un documento interno firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, relativo al Real Decreto 316/2026 aprobado el 14 de abril, al que este medio tuvo acceso tras la denuncia del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
Ezcurra ha criticado duramente la iniciativa, calificándola como «gravísima» y exigiendo al Gobierno que la justifique de inmediato si es cierta.
En su opinión, el decreto de regularización —con sus disposiciones adicionales 20ª y 21ª— requiere no tener antecedentes penales, por lo que únicamente podrían beneficiarse presos en prisión preventiva.
Es decir, personas a quienes un juez ha privado de libertad por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o recurrencia delictiva, conforme al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La eurodiputada popular también ha aclarado que, aunque los antecedentes policiales no excluyen de manera automática la regularización, el decreto estipula expresamente que la Administración debe valorarlos para evaluar el riesgo para el orden público.
«No es improbable pensar que alguien en prisión preventiva lo esté», ha defendido, cuestionando la idoneidad de aplicar esta vía a perfiles de tal gravedad.
Ezcurra ha ido más allá, advirtiendo sobre las consecuencias a largo plazo: si tras la regularización se dicta una sentencia condenatoria, su expulsión será «mucho más complicada».
Tanto la expulsión administrativa (artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería) como la judicial (artículo 89 del Código Penal) requieren valorar el arraigo, y en este país, se construye con la residencia legal. Por tanto, regularizar a presos equivaldría a «proteger» ese arraigo para obstaculizar luego su salida del país.
Cabe recordar que el sindicato TAMPM ya había denunciado la «celeridad» con que el Gobierno adopta medidas en beneficio de internos, mientras mantiene un «silencio sistemático» ante sus demandas laborales, como la concentración horaria o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
La comunicación desde la Administración Central llega después de que Más Madrid presionara en este sentido en el Congreso de los Diputados, exigiendo acceso a estos procedimientos incluso en los CIE y alertando sobre disfunciones que afectarían la seguridad jurídica.