Las claves
El PP reprocha al Gobierno la facilitación de la regularización de presos extranjeros, advirtiendo que esto fortalecerá su arraigo y complicará su expulsión.
Instituciones Penitenciarias ha instruido a las prisiones para acelerar los trámites de solicitudes de regularización, de acuerdo con un documento interno filtrado.
El decreto de regularización requiere la ausencia de antecedentes penales, lo que implica que podrían acogerse solamente presos preventivos, según la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
El sindicato TAMPM y partidos como Más Madrid han destacado la rapidez del Gobierno en adoptar medidas para internos y han reclamado una mayor transparencia en estos procesos.
«Regularizar presos es reforzar el arraigo que mañana impedirá su expulsión». Con esta declaración resumió la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la reciente medida del Gobierno de Pedro Sánchez para agilizar la regularización de migrantes en España.
Según ha informado EL ESPAÑOL, desde Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, se han dado instrucciones a las cárceles nacionales para facilitar la gestión de las solicitudes de regularización de presos extranjeros.
Esta acción, no anunciada oficialmente, aparece en un documento interno firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, relativo al Real Decreto 316/2026 aprobado el 14 de abril, al que este medio ha accedido tras la denuncia del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
Ezcurra criticó duramente la iniciativa, calificándola de «extremadamente grave» y instando al Gobierno a ofrecer una explicación inmediata si es cierta.
Desde su perspectiva, el decreto de regularización —con sus disposiciones adicionales 20ª y 21ª— exige no poseer antecedentes penales, por lo que solo los presos preventivos podrían beneficiarse.
Es decir, individuos a quienes un juez ha privado de libertad por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, conforme al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La eurodiputada popular aclaró que, aunque los antecedentes policiales no excluyen directamente la regularización, el decreto especifica que la Administración debe considerarlos para evaluar el riesgo para el orden público.
«No resulta descabellado pensar que alguien en prisión preventiva lo sea», argumentó, cuestionando la conveniencia de aplicar este proceso a perfiles con ese nivel de gravedad.
Ezcurra advirtió además sobre las repercusiones a largo plazo: si tras la regularización se dicta una sentencia condenatoria, su expulsión sería «mucho más complicada».
Tanto la expulsión administrativa (artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería) como la judicial (artículo 89 del Código Penal) requieren evaluar el arraigo, y «en este país, ese arraigo se construye mediante la residencia legal». Por ello, regularizar a presos equivaldría a «proteger» ese arraigo para luego impedir su salida del territorio.
Cabe recordar que el sindicato TAMPM ya había denunciado la «rapidez» del Gobierno en implementar medidas que benefician a internos frente al «silencio sistemático» sobre sus demandas laborales, como la concentración horaria o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Esta iniciativa desde la Administración Central se produce después de que Más Madrid haya ejercido presión en el Congreso de los Diputados exigiendo acceso a estos procedimientos incluso en los CIE, alertando sobre posibles fallos que afectarían la seguridad jurídica.