Registro inicial de la regularización extraordinaria supera las 33.100 solicitudes en su primer día

El Ministerio de Elma Saiz ha registrado 13.500 solicitudes enviadas por vía telemática y 19.600 citas previas para la atención presencial, que se iniciará el 20 de abril.

Colas en Ayuntamiento de Zaragoza durante el segundo día de la regularización de inmigrantes.

Más de 33.100 personas comenzaron el trámite para la regularización extraordinaria en la primera jornada que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. De ese total, un total de 13.500 solicitudes fueron presentadas el jueves 16 de abril mediante vía telemática, mientras que otras 19.633 personas reservaron cita previa para formalizar su solicitud de manera presencial, procedimiento que estará disponible a partir del próximo lunes 20 de abril.

Así lo confirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que valora el inicio del proceso como «exitoso» y que transcurrió con «normalidad» en sus primeras horas.

Según la información proporcionada por la cartera de la ministra portavoz Elma Saiz, todas las solicitudes electrónicas fueron gestionadas con certificado digital, siendo la mayoría presentadas por profesionales acreditados, como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. También han participado los futuros beneficiarios a título individual, además de entidades sociales registradas en el Registro de Entidades Colaboradoras en Extranjería (RECEX).

Aunque la medida ya está en marcha, esta regularización extraordinaria no está exenta de críticas y demandas de cambios. El socio minoritario del Gobierno, Sumar, rechaza la «discriminación» a los saharauis en este procedimiento. Por ello, los representantes de Yolanda Díaz han reforzado su propuesta legislativa para reconocer la nacionalidad a estas personas y a sus descendientes, quienes fueron españoles cuando este territorio formaba parte de España. Podemos, en cambio, ha censurado al Gobierno por las «concesiones al informe del Consejo de Estado que eran innecesarias», como la exigencia de certificar los antecedentes penales.

Los partidos de la oposición manifestaron una oposición directa a la regularización. El PP ha promovido mociones en ayuntamientos y recursos judiciales impulsados por comunidades autónomas bajo su liderazgo en todo el territorio, mientras que Vox presentó un recurso ante el Tribunal Supremo.

Puntos donde presentar la solicitud

El proceso de regularización extraordinaria está dirigido a extranjeros mayores de edad que hayan ingresado a España antes del 1 de enero de 2026, y que puedan acreditar una estancia ininterrumpida de al menos cinco meses en el país. El periodo para presentar las solicitudes abarca desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de este mismo año, pudiéndose realizar tanto de manera telemática como presencialmente, en las oficinas de la Seguridad Social, Correos o Extranjería, así como a través de representantes autorizados o entidades del tercer sector.

El Gobierno calcula que esta regularización podría beneficiar en principio a aproximadamente 500.000 personas, aunque algunos análisis elevan la cifra a cerca de un millón, como el de Fundas, que sitúa el potencial en alrededor de 870.000.

Entre los requisitos figura la ausencia de antecedentes penales, que debe acreditarse con un certificado, pero se han establecido mecanismos para que las autoridades españolas puedan obtenerlo por vía diplomática si el solicitante no logra hacerlo directamente, lo que podría alargar temporalmente el trámite. Además, para garantizar que el solicitante no supone una «amenaza para el orden público», la Policía emitirá un informe que será valorado, aunque la existencia de antecedentes policiales no implicará automáticamente la exclusión del proceso.

Además de acreditar la permanencia en España, los interesados deberán identificarse con documentación válida y cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: contar con una oferta de empleo, demostrar vínculos familiares con personas dependientes en el país, o justificar una situación de vulnerabilidad mediante informes de servicios sociales o entidades acreditadas.

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