Guardiola será investida y formará un gobierno que incluirá dos consejerías para su socio de coalición
Después de casi cuatro meses de negociación, PP y Vox concretaron ayer un acuerdo destinado a desbloquear la gobernabilidad en Extremadura, acompañado por un «compromiso presupuestario para toda la legislatura», según indicaron. Este es el primer pacto desde que, hace casi dos años, el partido de Santiago Abascal abandonara los cinco gobiernos autonómicos que compartía con los populares, marcando el inicio de una etapa de desencuentros que ahora termina formalmente. Está previsto que María Guardiola sea investida presidenta de la comunidad la próxima semana, gracias al entendimiento alcanzado con Vox. Se alcanza mayor estabilidad y se delega la gestión de inmigración y del sector agrícola a Vox, que por primera vez administrará áreas clave. La coalición adopta además un enfoque controvertido: la «Prioridad nacional» para todas las ayudas, incluidas las de vivienda, contraponiéndose claramente a la política de regularización de Sánchez.
A la espera de conocer la distribución definitiva de las consejerías que formarán el nuevo gabinete de Guardiola, PP y Vox adelantaron ayer durante su comparecencia conjunta, convocada a última hora de la tarde, que Vox asumirá dos consejerías, una de ellas ligada a una vicepresidencia que estará dirigida personalmente por el líder regional de Vox, Óscar Fernández. Así, el partido situado en el extremo derecho del espectro político cumple con la propuesta expresada por su líder hace un mes, cuando afirmó que asumirían responsabilidades de gobierno. Esta respuesta de Vox viene dirigida a quienes en el PP les exigían asumir competencias. En Extremadura, Vox tomará el control de dos áreas fundamentales dentro de su programa ideológico: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; además de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En las últimas semanas, Vox había presentado su ingreso en los gobiernos autonómicos como una «garantía» para implementar sus políticas. Ahora dispondrá de esa «garantía» para desarrollar su programa centrado en «servicios sociales, inclusión, infancia y familia, juventud, cooperación internacional al Desarrollo» y en «agricultura y ganadería, la Política Agraria Común (PAC), regadíos e infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural». En conjunto, las áreas que marcan la pauta de Vox.
La primera consejería que liderarán los de Abascal, Desregulación, Servicios Sociales y Familia, proporcionará al partido de derecha dura ciertas competencias relacionadas con la gestión migratoria. En la legislatura anterior extremeña, la Consejería de Salud y Servicios Sociales incluía una «Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia», responsable del «Servicio de Programas Sociales y Migraciones». Por lo tanto, y aunque resta conocer la asignación final de consejerías, se entiende que Vox tendrá influencia en la gestión de la inmigración, dentro del marco autonómico. La responsabilidad será significativa: el consejero Fernández será quien supervise el cumplimiento del programa acordado con el PP, que incorpora las propuestas de Abascal en materia migratoria. La capacidad de gestión de Vox, la viabilidad de sus medidas y, sobre todo, sus resultados, quedarán ahora a prueba.
El acuerdo de gobierno firmado por los equipos de Guardiola y Fernández, con la intervención de las direcciones nacionales en la negociación, incluye un amplio apartado dedicado a la inmigración donde Vox ha dejado claramente su impronta. «No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)» es una cláusula firmada por ambas formaciones de derecha, poniendo punto final al desacuerdo que provocó, hace casi dos años, la ruptura de los gobiernos autonómicos. Las dos fuerzas políticas se comprometen a oponerse «por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales».
Además, el pacto concede a Vox otras victorias en este ámbito, como la «prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos». El texto incluye también que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se basará en el principio de prioridad nacional», una reivindicación central del partido de Abascal. Ambas formaciones se han comprometido a «asegurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», siempre respetando la legalidad vigente. Considerando que Vox gestionará servicios sociales, este compromiso de priorizar a los «nacionales» en el acceso a ayudas dependerá en gran medida de ellos.
Igualmente, la administración de la mayor parte de los asuntos relacionados con el sector agrario, una prioridad para Vox, estará en sus manos. La segunda consejería asumida por el partido de derecha dura, junto con lo estipulado en el programa de gobierno, permitirán a los de Abascal impulsar sus políticas agrícolas, al estar reflejadas explícitamente en el acuerdo. «Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en la medida en que no garantice condiciones equitativas frente a los productores extremeños», afirman PP y Vox, que también se comprometen a «no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y a protegerlo activamente, tanto económica como política y jurídicamente, frente a las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde». Estas dos declaraciones reflejan claramente la postura de Vox y serán la base para que los de Abascal impulsen sus tesis en Extremadura, asumiendo esta responsabilidad y sus consecuencias.
Como contraprestación a estas concesiones programáticas, el PP extremeño ha obtenido de su futuro socio el compromiso de «elaborar y aprobar unos presupuestos anuales», asegurando así de alguna manera la estabilidad de la legislatura. «Gana la democracia», señaló ayer Guardiola, que junto a Vox celebró el acuerdo.