El pacto programático en Extremadura incorpora la mayoría de las demandas planteadas por el partido de Abascal.
«Extremadura ha multiplicado por dos el apoyo a Vox y contará con el doble de representantes de Vox». Esta frase ha acompañado a Óscar Fernández Calle desde la noche electoral, hace casi cuatro meses, el 21 de diciembre, cuando la formación de Santiago Abascal, en plena expansión, aumentó de 5 a 11 diputados en esta comunidad autónoma. En 2023, tras el primer acuerdo entre ambos partidos en esta región, Vox obtuvo un único asiento (Gestión Forestal, comprendiendo menos de la mitad de las competencias de Agricultura) dentro del Consejo de Gobierno de María Guardiola. Ahora, su presencia en la Junta de Extremadura será considerablemente mayor. Para empezar, como adelantó EL MUNDO, el propio Fernández asumirá el rango de vicepresidente (queda por confirmar si Guardiola creará otra vicepresidencia, que en este caso podría asignarse a la actual consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán).
El candidato de Vox (que sustituyó como líder de lista a Ángel Pelayo, quien retomará su escaño en el Senado) asumirá varias competencias desde su nueva posición como vicepresidente. Entre todas ellas destaca la de ‘Desregulación’, que aunque Fernández no quiso precisar en la rueda de prensa de anoche en Mérida, incluirá las competencias sobre inmigración, además de Familia y Servicios Sociales. Asimismo, la ‘joya de la corona’ siempre reclamada por la formación de Abascal, que es Agricultura, Ganadería y Medio Natural, no estará fragmentada esta vez. Vox la gestionará íntegramente, como adelantó este diario, que detalló que desde hace semanas los altos cargos de Agricultura han estado elaborando un nuevo decreto para definir las competencias de esta área en la nueva legislatura.
LAS MEDIDAS
El acuerdo contempla 61 puntos y 74 medidas que abarcan áreas como Energía e Industria; el Sector Primario; Sanidad; Inmigración; Reducción de Impuestos; Vivienda; Seguridad, Libertad y prioridad Nacional; Educación; Familia, Natalidad y demografía; Gasto Improductivo y las posiciones de Vox en el Gobierno (es decir, las competencias que asumirá, incluyendo al senador por designación autonómica que el PP ya había asignado a Laureano León, presidente provincial de Cáceres).
Las bases del pacto establecen desde el principio: «un gobierno, dos partidos», esto es, un ejecutivo «de coalición única con pleno respeto a la jerarquía y competencias entre sus integrantes» y que ambos actuarán con «lealtad, transparencia y comunicación constante», buscando agotar la legislatura completa (a diferencia de la anterior). Por ello, también acordaron un pacto presupuestario para cuatro años donde la clave, según destacan, será «el uso adecuado de los recursos públicos y la optimización de medios», refiriéndose a las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos. Concretamente, el texto propone la «reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas no consideradas de utilidad pública», garantizando que los servicios públicos se asignen exclusivamente para cubrir las necesidades de los extremeños.
En materia de inmigración, el primer punto es contundente y transmite un mensaje directo al Gobierno Central: «No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)». El documento del acuerdo detalla que existirá un «rechazo rotundo a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez por parte de la Junta de Extremadura y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes irregulares, tanto mayores como menores». Además, la Junta no participará «bajo ninguna circunstancia en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios que faciliten, financien o consoliden la entrega, acogida o permanencia en Extremadura», todo ello «desde el primer día de gobierno».
Asimismo, dentro de este apartado se contempla «la adaptación al nuevo Reglamento Europeo de Retornos» y se enfatiza que los menores «deben permanecer con sus padres», por lo que «no se habilitará ni una plaza extra y se reducirá el gasto al mínimo legal imprescindible». Por ello, no se crearán nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales ni se ampliarán las plazas existentes durante la legislatura: «Se realizará una auditoría anual de todos los gastos relacionados con la inmigración irregular» y se endurecerá el «régimen disciplinario». El acuerdo señala que habrá recursos y mecanismos de control necesarios para evitar alteraciones en la convivencia y el orden público, la generación de inseguridad o la perturbación de la tranquilidad ciudadana, además de impedir que los menores no acompañados reciban privilegios o impunidad. También se verificará la edad de los inmigrantes mediante pruebas específicas, y se eliminarán por completo las subvenciones a ONGs que promuevan la inmigración ilegal, se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacios públicos, además de suprimir la aplicación del programa de enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí.
Paralelamente, además de un plan para mejorar la Sanidad en Extremadura, que incluye inversiones en infraestructuras sanitarias y mejoras salariales, se contempla un control sobre el etiquetado de productos extranjeros, que deberá implementarse antes de finalizar 2026. En materia sanitaria se plantea la «modificación de la ley de Salud Pública de Extremadura, asegurando el estricto cumplimiento del Reglamento de la UE 1169/2011 del Parlamento Europeo». Esto implica que la «indicación del país de origen o lugar de procedencia será obligatoria», aplicándose en dos casos: cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor o si se menciona el país de origen o lugar de procedencia del alimento y este no coincide con el de su ingrediente principal.
Además de eliminar la ecotasa autonómica de Almaraz (una demanda de Vox aunque Guardiola ya había establecido un plan para reducirla al 50% en tres años), el pacto prevé la liberalización del suelo industrial, protección del suelo productivo, blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030, la ejecución del regadío en Tierra de Barros y un fondo de compensación frente a las imposiciones de Bruselas… En definitiva, las medidas que anunció el portavoz de Vox durante el discurso de investidura fallido de Guardiola, como mantener Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde.
El acuerdo incluye asimismo una reducción fiscal en el IRPF y diversos impuestos.