Las claves
El juez de la Audiencia Nacional ha suspendido temporalmente el tercer grado otorgado a María José Baños Andújar, antigua integrante de los Grapo, hasta que sean localizadas sus víctimas.
La resolución judicial persigue que las víctimas puedan intervenir en el procedimiento y solicitar medidas como órdenes de alejamiento o recibir información antes de que se avance con la semilibertad.
Interior concedió la semilibertad a Baños Andújar por motivos humanitarios relacionados con su enfermedad grave, pero el juez prioriza garantizar los derechos de las víctimas.
El Ministerio Fiscal respalda la postura judicial, destacando que la notificación a las víctimas fortalece la legitimidad democrática de la decisión sobre su excarcelación.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha detenido el proceso de concesión del tercer grado dictado por el Ministerio del Interior a María José Baños Andújar. Por ahora, esta medida está suspendida hasta que se localicen posibles víctimas de esta terrorista no arrepentida, exmiembro de los Grapo.
El 6 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, otorgó la semilibertad a Baños Andújar, alegando «razones humanitarias» debido a su «enfermedad muy grave».
Sin embargo, Castro, en una resolución fechada el 26 de marzo, ordenó a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional que primero ubicación a posibles afectados por la actividad delictiva de esta terrorista.
El propósito del juez es brindarles la oportunidad de presentarse en el expediente judicial para «recibir información» o solicitar la imposición de medidas, como el alejamiento respecto a Baños Andújar.
La abogada de la interna, Bozhidara Matamoros, rechaza este procedimiento y ha recurrido la resolución. Aun así, Castro mantiene su postura.
En una resolución emitida este viernes, accesible para EL ESPAÑOL, el magistrado reitera que no se autorizará el tercer grado hasta que sus víctimas hayan sido localizadas y tengan la opción de intervenir en el procedimiento.
Castro fundamenta su determinación en la aplicación del Estatuto de Víctimas del Delito, enfatizando que «toda víctima posee el derecho a ser informada» de decisiones administrativas como esta.
De hecho, el tercer grado representa un paso previo a la libertad condicional, objetivo que persigue Interior con esta interna. Según el juez, las víctimas están legitimadas para presentar recursos.
Baños Andújar fue condenada por delitos que incluyen robo con violencia e intimidación. «Existen víctimas específicas de sus acciones, por lo que (…) es pertinente solicitar a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional su localización», señala el juez Castro.
En su recurso, la defensora alegó que este procedimiento «vulnera el trámite urgente del expediente de libertad condicional por enfermedad grave e incurable».
No obstante, el juez de Vigilancia Penitenciaria difiere, recordando que el Código Penal distingue entre «peligro inminente para la vida del interno debido a su enfermedad» y «enfermos graves e incurables».
María José Baños Andújar encaja en el segundo grupo, residiendo en un módulo femenino de la cárcel Murcia II, sin estar en una unidad exclusiva para enfermos. «Sin embargo», indica Castro, la prisión ha informado que «acude a enfermería siempre que los servicios sanitarios lo consideran necesario».
Así, el magistrado concluye que «no existe una urgencia que justifique omitir el derecho de las víctimas» de ser localizadas y de intervenir en este procedimiento judicial. El Ministerio Fiscal coincide con la posición del juez.
«El mero ofrecimiento de información a las víctimas no agrava automáticamente la situación de la interna, ni impone nuevas restricciones, ni condiciona la concesión de la medida», expresa Castro.
El juez señala en su resolución que, en delitos relacionados con terrorismo, tanto la jurisprudencia como la práctica judicial aplican «una cautela informativa particular». Esto se extiende a beneficios penitenciarios excepcionales, como es el caso de Baños Andújar.
Además, desde una perspectiva institucional, el acto de comunicar a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional «fortalece la legitimidad democrática» de la futura decisión respecto a la excarcelación de esta reclusa.
De esta manera, se evitan “situaciones de desinformación” y se previenen posibles conflictos o impugnaciones por falta de garantías procesales.
Para Castro, esta decisión «no afecta negativamente los derechos de la interna ni contradice el carácter humanitario» que motivó a Interior a iniciar el proceso para la libertad condicional por enfermedad.
El juez solicita que los servicios médicos de la cárcel Murcia II informen si la salud de la interna empeora, y pide a la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional una «respuesta urgente».
Por su parte, la resolución de Castro aún puede ser apelada. Al rechazar la petición de la abogada de Baños Andújar y no revertir su postura, la defensa dispone de cinco días para solicitar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revise esta decisión.
De Bardem a Belarra
Los Grapo, siglas de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, constituyeron una organización terrorista española de extrema izquierda, basada en ideologías marxista-leninista-maoístas, que operó entre 1975 y comienzos de la década de 2000.
Baños Andújar es uno de los nombres más reconocidos dentro de este grupo. Su liberación ha contado con el respaldo de figuras como la exministra Ione Belarra y actores como Javier Bardem y Willy Toledo.
En efecto, Belarra, actual secretaria general de Podemos, instó al Ejecutivo central a proceder con la pronta excarcelación de la interna.
«Cada minuto que transcurre, la Justicia y el Gobierno están vulnerando los derechos humanos», expresó en su cuenta oficial de Twitter a principios de marzo.