La CNMC inicia sanciones contra Red Eléctrica y principales empresas energéticas por su gestión en el apagón

La Comisión comunicó este viernes que, a raíz de las investigaciones del cero eléctrico, se habían identificado “diversos indicios de incumplimiento”

Imagen de archivo de Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado alrededor de veinte procedimientos sancionadores contra Red Eléctrica y varias entidades como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, en el contexto de la investigación relativa al apagón ocurrido el 28 de abril de 2025.

En un comunicado emitido este viernes, la CNMC explicó que durante las investigaciones del cero eléctrico, se detectaron “diversos indicios de incumplimiento”, algunos extendidos durante períodos significativos, que habrían interferido en el funcionamiento del sistema eléctrico y podrían constituir infracciones administrativas. Por ello, la Comisión procedió a abrir una investigación formal sobre dichos indicios, sin especificar en ese momento las compañías involucradas.

Esta tarde, la CNMC publicó en su página oficial un listado dentro del apartado de expedientes sancionadores en curso, donde aparecen Red Eléctrica junto a firmas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

El origen “multifactorial” del apagón

El jueves anterior, la CNMC ya anunció la apertura de expedientes sancionadores sin revelar los nombres de las empresas afectadas, señalando que el apagón tuvo “un origen multifactorial”, una conclusión también respaldada por investigadores europeos independientes. Sin embargo, se detectaron varios indicios de incumplimiento, algunos en el transcurso de un tiempo prolongado, que habrían alterado el funcionamiento eléctrico nacional.

Por esta razón, la CNMC ha comenzado un procedimiento formal de investigación sobre estos hechos. La entidad aclara que no busca determinar la causa directa del apagón y que estos expedientes “no implican, por sí solos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas señaladas”. Dichas compañías podrían, no obstante, haber incurrido en ciertas infracciones que eventualmente constituyan sanciones administrativas.

El plazo estimado para la investigación de la CNMC oscila entre 9 y 18 meses, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas. Las partes afectadas podrán presentar alegaciones y aportar pruebas que consideren pertinentes.

Un coche de la policía local patrulla una calle comercial sin alumbrado eléctrico para evitar robos y saqueos en las tiendas a primera hora de la mañana durante un apagón que afectó a gran parte de España, en Ronda, España 29 de abril de 2025. REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo

Para Europa todos fueron culpables

La entidad europea ENTSO-e, que reúne a los gestores de redes eléctricas del continente, difundió este viernes un informe con sus conclusiones acerca del apagón registrado en España y Portugal el 28 de abril de 2025. Este evento, considerado “el más severo en el sistema eléctrico europeo en más de dos décadas”, no fue resultado de una única causa; la investigación apunta a la interacción de múltiples factores, en los que Red Eléctrica, las empresas privadas, las energías renovables y los reguladores gubernamentales comparten responsabilidades.

El informe fue elaborado por un panel de 49 expertos, que incluyen representantes de Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO), Centros de Coordinación Regional (RCC), ACER y Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN). Los especialistas subrayan que el apagón del 28 de abril “fue un evento sin precedentes”, producto de “la conjunción de varios factores”, lo que originó picos de tensión y desconexiones en cadena que desembocaron en el apagón.

Entre las deficiencias identificadas, los expertos señalan la gestión de la red por parte de Red Eléctrica, destacando que el control manual de los elementos críticos para la tensión dificultó la capacidad de reacción frente a la rapidez del incidente. Asimismo, se señala la falta de supervisión en tiempo real de la diferencia entre la potencia reactiva suministrada por las centrales y la que había previsto el operador.

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