Las claves
Rusia ha señalado a UAV Navigation, filial del Grupo Oesía, como uno de los 21 «objetivos militares legítimos» debido a su venta de sistemas de radionavegación para drones a Ucrania.
El Gobierno español no ha hecho declaraciones públicas defendiendo a la empresa ni condenando la amenaza rusa, a diferencia de la oposición, que sí se ha manifestado.
Expertos y fuentes de la OTAN interpretan esta acción rusa como una amenaza tangible, representativa de una guerra híbrida dirigida contra compañías europeas que apoyan a Ucrania.
España ha aumentado considerablemente sus importaciones de gas ruso en medio del conflicto, hecho que algunos relacionan con la falta de respuesta oficial frente a la amenaza a Oesía.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves que incorpora a UAV Navigation, empresa perteneciente al Grupo Oesía, en una lista de 21 «objetivos militares legítimos» para sus Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el Gobierno de Vladímir Putin, esto es por el suministro de sistemas de radionavegación para drones a Ucrania, en línea con la política exterior española y los compromisos de España con la Unión Europea para apoyar al Ejecutivo de Volodímir Zelenski.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido silencio frente a esta amenaza.
Ni Moncloa, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores encabezado por José Manuel Albares, ni el de Defensa con Margarita Robles han emitido pronunciamiento alguno apoyando a la empresa o condenando la señalización rusa. Este medio intentó contactar con los tres departamentos sin obtener respuesta.
Este silencio contrasta con la severidad del mensaje desde Moscú: fue el propio Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, quien publicó la lista en redes sociales con una advertencia directa.
«La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe entenderse literalmente. La lista de instalaciones europeas fabricantes de drones representa objetivos potenciales para las fuerzas armadas rusas. ¿Cuándo atacarán? Dependerá de los acontecimientos próximos. Que duerman tranquilos, socios europeos«.
Respuesta sí ha llegado desde el Partido Popular. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y responsable de Defensa en el partido de Alberto Núñez Feijóo, ha criticado con contundencia la amenaza rusa.
«Estas señales muestran que la forma de actuar de Putin representa un peligro para Occidente y, por extensión, también para España», manifestó Gamarra, «incluso estando lejos del frente y pese a que el Gobierno de Sánchez cuenta con socios pro-Putin».
La representante popular no desaprovechó la oportunidad para reiterar el apoyo total del Partido Popular a la compañía española Oesía y a toda la industria de defensa.
Para el PP, cualquier forma de ataque o injerencia por parte de Rusia confirma que España debe «proteger la libertad» junto a sus aliados. «Es fundamental salvaguardar a nuestras empresas, su autonomía y con ello su aportación a la libertad de Europa«.
Desde Bruselas, Nicolás Pascual de la Parte, eurodiputado del PP Europeo y cercano al comisario de Defensa lituano, Andrius Kubilius, ha ido aún más allá.
«El Gobierno español debería respaldar públicamente a esta empresa. Su mutismo es ensordecedor. Oesía actúa dentro del marco de la política europea que busca ayudar a Ucrania a defenderse de una invasión ilegítima e injusta«, ha declarado a EL ESPAÑOL.
¿En riesgo?
Esta contradicción resulta llamativa si se considera la declaración que realizó Pedro Sánchez hace solo tres días en Pekín, donde afirmó que «quienes levantamos la voz contra Gobiernos que violan el derecho internacional nos vemos, paradójicamente, expuestos a amenazas de esos mismos países».
Una amenaza que el presidente denunció textualmente, en clara alusión velada a Estados Unidos e Israel, pero que no ha sido condenada cuando procede de Moscú y apunta, con coordenadas en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a una empresa española en particular.
Fuentes próximas a la OTAN consultadas por este diario no dudan sobre la naturaleza de esta acción rusa: «Se trata de una coacción y amenaza directas totalmente inaceptables«.
El coronel retirado José Pardo de Santayana, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, alerta sobre la gravedad del hecho: «Es una amenaza concreta».
El experto señala que el escenario supera la llamada disuasión en la zona gris: «No sé si alguien lo catalogaría como ‘zona gris’, pero es algo más. Es una amenaza evidente y directa de uso de la fuerza, lo que no implica que se vaya a usar, pero mantiene esa posibilidad«.
Pardo de Santayana recuerda que «existe una guerra en curso entre Rusia y Ucrania» y que la amenaza de objetivo militar implica la existencia de la opción de emplear la fuerza contra esa compañía.
Además, compara la situación con el conflicto en Oriente Próximo: «Se ataca a quienes apoyan a uno de los enemigos declarados en un conflicto bélico», aludiendo a las agresiones de Irán contra intereses estadounidenses.
No obstante, el coronel considera improbable un ataque directo: «Sería más probable que ocurriera en un país más próximo y más implicado en el conflicto«.
Lo descrito por el experto corresponde al patrón de la guerra híbrida en la denominada zona gris: Moscú ejerce presión indirecta sobre empresas privadas europeas por su apoyo al esfuerzo bélico ucraniano, sin declarar formalmente hostilidades contra ningún miembro de la OTAN.
UAV Navigation no representa un caso aislado: la lista rusa incluye a empresas de 12 países —Alemania, República Checa, Dinamarca, España, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Turquía—. Se trata de una ofensiva de intimidación sistémica dirigida a la industria de defensa europea que apoya a Kiev.
Ocho crisis con menos motivos
Este episodio encaja de manera compleja en una política exterior de un Gobierno que acumula, desde 2019, al menos ocho crisis diplomáticas sin que ninguna haya involucrado una amenaza tan explícita y directa como esta.
Algunas respondieron a principios claros, como la expulsión recíproca de 25 diplomáticos rusos y españoles tras la masacre de Bucha en 2022.
Otras derivaron de una gestión más errática: la hospitalización clandestina del líder del Frente Polisario que desencadenó la crisis migratoria en Ceuta en 2021, rompió las relaciones con Marruecos y luego un giro sobre el Sáhara que congeló durante casi cuatro años la relación con Argelia, poniendo en riesgo el suministro de gas.
También la crisis con Venezuela por el asilo a Edmundo González, la ruptura de relaciones con Nicaragua, la constante escalada con Israel, la tormenta diplomática con Argentina por los insultos de Javier Milei a Begoña Gómez en el mitin de Vox, y el enfrentamiento con Estados Unidos por la negativa a ceder las bases de Rota y Morón para ataques contra Irán.
Mientras el Gobierno mantiene silencio ante la amenaza rusa a Oesía, los datos sobre importación energética alimentan las sospechas de varios observadores. En marzo de 2026, el primer mes del conflicto en Oriente Próximo, España importó 9.807 gigavatios hora de gas ruso, la mayor cantidad mensual registrada, más del doble que en febrero.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, España ha sido el país de la UE que más incrementó sus compras de gas ruso. Esta dependencia energética podría explicar, según algunas fuentes, el «silencio ensordecedor» denunciado por el eurodiputado Pascual de la Parte.