Las claves
El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura contempla la prohibición del burka en espacios públicos y la repatriación de menores inmigrantes no acompañados (menas) siempre que sea factible.
Se eliminarán las clases de árabe y cultura marroquí en los centros educativos, además de suprimir las subvenciones a oenegés que promuevan la inmigración ilegal.
El pacto prevé una reducción significativa de impuestos, una inversión adicional de 500 millones en sanidad y la edificación de al menos 3.500 viviendas protegidas.
La Junta garantizará la continuidad de la central nuclear de Almaraz y Vox asumirá una Vicepresidencia con responsabilidades en Desregulación, Servicios Sociales, Familias y la Consejería de Agricultura.
El acuerdo firmado por PP y Vox este jueves para gobernar Extremadura incluye el compromiso de prohibir el uso del burka en lugares públicos y retornar a los menores inmigrantes no acompañados (menas) a sus familiares siempre que sea viable.
Asimismo, ambas formaciones convinieron en eliminar las clases de árabe y cultura marroquí en las escuelas y cancelar las subvenciones a las oenegés que «favorezcan la inmigración ilegal».
Los inmigrantes en situación irregular serán excluidos de los servicios y prestaciones sociales.
El documento del pacto recoge otros compromisos: aplicar una gran rebaja fiscal, inyectar 500 millones de euros adicionales en sanidad, construir un mínimo de 3.500 viviendas protegidas (a las cuales no podrán acceder quienes hayan sido okupas) y proteger la central nuclear de Almaraz.
Según lo establecido, Vox dispondrá de una Vicepresidencia en la Junta (posiblemente ocupada por su candidato, Óscar Fernández), con competencias en Desregulación, Servicios Sociales y Familias.
Además, el partido de Abascal contará con una segunda Consejería (Agricultura, Ganadería y Medio Natural) y un senador designado por la autonomía.
El pacto no contempla reformar ni suprimir ninguna normativa autonómica referente a igualdad, violencia de género o al colectivo LGTBI. Estos son los puntos más destacados del acuerdo:
Inmigración
—La Junta se opondrá con todos los recursos legales, jurídicos y políticos a cualquier sistema de distribución de inmigrantes ilegales, tanto adultos como menores.
—Buscará acuerdos con las naciones de origen para facilitar la repatriación y el retorno de los menas con sus padres.
—No se crearán nuevos centros de acogida para inmigrantes ilegales ni se ampliarán las plazas de los que ya existen.
—Se realizará una auditoría anual de todos los gastos relacionados con la inmigración ilegal, para «minimizarlos al nivel indispensable para cumplir el marco legal vigente».
—Se destinará un presupuesto específico para realizar las pruebas de determinación de edad a los menas, con el objetivo de combatir el fraude y «evitar la saturación de los servicios sociales».
—Serán eliminadas todas las subvenciones y convenios a las oenegés que «promuevan o faciliten» la inmigración ilegal o «colaboren con las mafias de tráfico de personas», buscando evitar el efecto llamada.
—Dentro de sus atribuciones, la Junta prohibirá en espacios públicos el uso del burka, el nicab o cualquier prenda que cubra completamente el rostro, por considerarlo «incompatible con la seguridad y la convivencia».
—El Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) será suspendido de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria.
—La Junta exigirá al Gobierno una modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para prevenir el empadronamiento fraudulento.
Rebaja de impuestos
—Reducción progresiva de un punto en los dos primeros tramos del IRPF dentro de la tarifa autonómica a lo largo de la legislatura.
—Deducción en el IRPF por adquisición de material escolar y por nacimiento o adopción de hijos: 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo, y 1.200 euros para el tercero y sucesivos.
—Ampliación de la bonificación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
—La tasa del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados se reducirá al 0,5% para la compra de vivienda habitual cuyo valor no supere los 200.000 euros.
—Disminución de las tasas autonómicas, incluyendo las licencias de caza y pesca, los certificados de obra y la ITV.
Vivienda
—La Junta edificará al menos 3.500 viviendas protegidas.
—Tendrán preferencia colectivos como jóvenes menores de 36 años, familias numerosas y quienes tengan a su cargo personas dependientes o con discapacidad.
—Quedarán excluidos quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de viviendas durante los últimos cinco años, así como quienes hayan okupado sin título propiedades públicas.
—Se reducirá la tasa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda habitual destinada a jóvenes, familias numerosas o con personas dependientes, con límite de renta y precio máximo de la vivienda de 200.000 euros.
—La Junta respaldará hasta el 15% de la hipoteca para familias numerosas.
—Deducción fiscal en el IRPF para jóvenes menores de 36 años por la compra de su vivienda habitual.
—Deducción en el IRPF por la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler asequible.
Energía e Industria
—La Junta garantizará la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminará la ecotasa energética.
—Se frenará la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en terrenos productivos o que puedan dañar el patrimonio natural.
Ley de Concordia
—Se impulsará la protección y restauración del patrimonio histórico «perseguido por leyes ideológicas de la izquierda», como la Cruz de los Caídos de Cáceres, que será protegida como Bien de Interés Cultural.
Otras medidas
—La Junta añadirá 500 millones de euros anuales para mejorar la atención sanitaria y reducir las listas de espera.
—Se promoverá una Ley de Familias.
—Se incrementarán las plazas en residencias y centros de día para personas mayores.
—Se sancionará a las empresas que no indiquen el país de origen en el etiquetado de alimentos.
—En los comedores escolares se priorizarán los alimentos producidos en España.
—Se reducirán las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, limitándolas «al mínimo legal» en materia de desarrollo.