Las claves
Bruselas manifiesta inquietud ante la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez, con temor a que esta medida pueda provocar el cierre de fronteras en algún Estado miembro de la UE a partir de julio.
El decreto español contempla conceder residencia y autorización laboral a alrededor de medio millón de inmigrantes, aunque algunas fuentes elevan la cifra de beneficiarios a más de un millón.
Varios países europeos y la Comisión Europea temen que esta iniciativa pueda originar un ‘efecto llamada’ y aumentar la presión migratoria dentro del espacio Schengen.
La ultraderecha francesa y varios eurodiputados de distintos países critican la propuesta española, calificándola de amenaza para la seguridad y la política migratoria común europea.
Bruselas observa con especial atención la regularización masiva de inmigrantes irregulares que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes. Según la comunicación dirigida a la ciudadanía por el mismo presidente, esta acción afectará a menos de medio millón de personas.
Concretamente, el Ejecutivo estima que alrededor de 250.000 solicitantes de asilo y otros 250.000 inmigrantes en situación irregular obtendrán los documentos necesarios hasta el lunes 30 de junio, fecha en que se cierra el plazo.
No obstante, un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, fechado el 2 de febrero de 2026 y firmado por el comisario Alfredo García Miravete, eleva a 1.250.000 extranjeros el número de beneficiarios directos.
Otra estimación realizada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) sitúa la cantidad total en torno a 840.000 personas beneficiadas.
Estas cifras, sin embargo, no son la única causa de desconcierto en algunos socios de la UE y de molestia en varios otros.
La decisión del Gobierno socialista español de aprobar la medida apenas dos meses antes de la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en junio en toda la UE ha generado también recelos. Aunque Sánchez se mostró como uno de sus promotores en Bruselas, siempre lo hizo con críticas, señalando las limitaciones del mismo.
Además, el 25 de marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento estricto de retorno de irregulares. En Estrasburgo juzgaron como un fracaso que sólo el 20% de migrantes en esta situación sea devuelto a sus países de origen. En España, este porcentaje incluso baja al 9,7%.
Por ello, la Comisión Europea teme que una gestión inadecuada de la inmigración irregular a raíz del decreto español provoque el ‘cierre de fronteras’ por parte de algún Estado miembro a partir de julio.
Este fue el aviso sobre la posible restricción del sistema europeo de libre circulación y del espacio Schengen que formuló este miércoles el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! ‘Crecimiento, cohesión e incertidumbre’, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.
El Gobierno español aprobó el martes una regularización extraordinaria para migrantes que contempla conceder permiso de residencia y trabajo en España a cerca de medio millón de personas que ya se encuentran en el país. Sánchez defiende esta medida como un «acto de justicia» y una «normalización» fundamental para «la prosperidad» de España.
Esta postura no es compartida por varios socios europeos, quienes opinan que la iniciativa podría desencadenar un ‘efecto llamada’ y representa una ruptura con la política migratoria vigente en la Unión Europea, basada en el endurecimiento de controles fronterizos y en la aceleración de las repatriaciones.
Los líderes europeos temen también que una regularización masiva en España pueda tener un impacto directo sobre otros Estados miembros dentro del espacio Schengen sin controles internos fronterizos.
Ante esta preocupación, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración subrayó desde Madrid que la «seguridad es inseparable del Espacio Schengen» y que la libre circulación, definida como el «corazón de la libertad europea», sólo es viable porque se mantiene un control riguroso en las fronteras exteriores, una «responsabilidad», recordó, «compartida por todos los Estados miembros».
Según su opinión, un control deficiente de las fronteras internas pone en riesgo todo el sistema.
Brunner ya había advertido al Gobierno de Sánchez el pasado 10 de febrero que obtener un permiso de residencia en la Unión Europea «no equivale a un cheque en blanco».
En un debate especializado en el Parlamento Europeo, el comisario enfatizó que «cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no generen impactos negativos en otras áreas de la UE».
El respeto a las normas comunitarias
Este mensaje, centrado en el respeto a las normas europeas, ha sido reiterado por las instituciones comunitarias desde que el Gobierno español anunció a finales de enero sus planes para aprobar una regularización masiva para medio millón de inmigrantes.
En marzo, Europa expresó serias inquietudes respecto a la regularización impulsada en España, advirtiendo sobre los riesgos de implementarla «sin una evaluación exhaustiva» previa de su impacto comunitario.
Esta advertencia surgió cuando la Comisión Europea y varios eurodiputados iniciaron análisis urgentes en Bruselas para evaluar posibles problemas de presión migratoria, tales como un incremento descontrolado de llegadas irregulares a España y luego a otros países del espacio Schengen debido a la libre circulación.
Asimismo, se temían amenazas a la seguridad interna, incluyendo la posibilidad de infiltración de elementos radicales o criminales entre los 500.000 indocumentados previstos, sin contar con mecanismos europeos coordinados para la verificación de antecedentes.
El comisario Brunner remarcó que España debía comunicar detalles con anticipación para evitar tensiones con países vecinos como Alemania, Austria e Italia, quienes ya habían manifestado críticas por la falta de coordinación con la política migratoria común de la UE.
Devueltos si se desplazan al resto de la UE
Hace poco más de dos semanas, el 31 de marzo, la Comisión de Ursula von der Leyen reafirmó que España deberá responsabilizarse de los inmigrantes incluidos en la regularización masiva del Gobierno de Sánchez que intenten desplazarse a otros Estados miembros, que deberán ser devueltos a nuestro país.
Aunque el portavoz de Migración, Guillaume Mercier, reconoció que la competencia para regularizar la situación de extranjeros en situación irregular corresponde a los Estados miembros, estos deben asegurarse de que tales decisiones no perjudiquen la correcta aplicación del sistema migratorio y de asilo europeo.
«En particular, deben garantizar que cualquier persona con permiso de residencia nacional que sea localizada en situación irregular en otro Estado miembro, o que solicite asilo en otro Estado miembro, sea retornada al Estado que le concedió el permiso», enfatizó el portavoz.
Esta obligación está regulada tanto en la directiva de retorno como en la legislación sobre asilo de la Unión Europea.
Malestar de varios socios europeos
La iniciativa también ha levantado suspicacias entre varios socios europeos.
En el debate en la Eurocámara del 10 de febrero, eurodiputados de partidos gobernantes en Alemania, Austria, Italia, Polonia, Suecia, Portugal y Hungría criticaron duramente la regularización masiva propuesta por Sánchez.
Advirtieron que la amnistía migratoria «mina los esfuerzos colectivos para reforzar las fronteras y combatir la migración ilegal».
Consideran que se trata de una medida «unilateral» que «desatiende la seguridad ciudadana europea» y «pone en riesgo a Europa«, dado que los migrantes podrán desplazarse libremente por todo el espacio Schengen. «No responde a la solidaridad; es una estrategia política para mantenerse en el poder», afirmaron los eurodiputados críticos.
La ultraderecha francesa, en contra
La ultraderecha francesa también ha manifestado un fuerte rechazo a la regularización masiva de Sánchez. La líder del Agrupación Nacional, Marine Le Pen, criticó el martes la medida y calificó como «urgente» restringir la libre circulación en el espacio Schengen debido a las consecuencias que podría acarrear para Francia.
«Esta decisión no estará exenta de consecuencias para Francia, que ofrece el sistema social más atractivo ante la ausencia de prioridad nacional en empleo, vivienda y prestaciones sociales no contributivas», advirtió Le Pen en sus redes sociales.
Por ello, la dirigente ultra opinó que Francia «debe protegerse de oleadas migratorias que apenas comienzan», tras calificar al Gobierno español como una «coalición socialista de extrema izquierda». «Como ya solicitamos durante las elecciones europeas de 2024, es urgente restringir la libre circulación en el espacio Schengen exclusivamente a nacionales de países miembros», demandó Le Pen.
«Podrán trasladarse libremente por Francia e incluso instalarse aquí, atraídos por la generosidad de nuestro sistema social abierto sin condiciones», advirtió asimismo el presidente del Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, en su perfil de X.
El ultraderechista calificó la iniciativa de «inaceptable» y «cínica», señalando al Gobierno de Sánchez como «uno de los más permisivos de Europa».
Según Bardella, en primera instancia, la decisión «debería conducir a la suspensión de Schengen» y propuso que a largo plazo se «reserve la libre circulación exclusivamente a ciudadanos europeos».