La proposición de ley que presentarán los populares la próxima semana en la Cámara Baja incluye medidas para acelerar los planes urbanísticos, eliminar las zonas de mercado residencial tensionado y los límites al alquiler, además de reducir la protección a familias vulnerables en procesos de desalojo
El Partido Popular llevará a la próxima sesión en el Congreso de los Diputados su proposición de ley que incluye medidas administrativas y procesales destinadas a garantizar la seguridad jurídica en la ordenación territorial y urbanística. Entre los objetivos destaca la agilización de los trámites para el desarrollo urbanístico y la facultad para que empresas, bancos y fondos de inversión reclamen la recuperación rápida de viviendas okupadas mediante juicios verbales.
Esta iniciativa, ya aprobada en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, será ahora defendida ante la Cámara Baja para su debate y votación. La propuesta trasciende el campo urbanístico tradicional, incluyendo modificaciones directas en la Ley de Vivienda de 2023, promovida por el Partido Socialista y Unidas Podemos.
Entre los puntos más importantes se encuentra la derogación de las zonas de mercado residencial tensionado y del sistema estatal de precios de referencia para el alquiler, alegando que estas medidas afectan negativamente al mercado inmobiliario.
Eliminar la ocupación ilegal de viviendas
Uno de los apartados clave de la propuesta es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que busca habilitar a las personas jurídicas, como empresas, bancos y fondos de inversión, a solicitar juicios verbales para exigir la recuperación inmediata de inmuebles okupados sin autorización. Actualmente, este procedimiento está casi exclusivamente reservado a entidades sin ánimo de lucro.
El PP sostiene que esta modificación aceleraría los procesos de desahucio ante ocupaciones ilegales. Asimismo, se ajustan los plazos relacionados con los desalojos: cuando el demandante es una persona física, el plazo máximo para suspender el procedimiento por vulnerabilidad social se reduce de dos meses a uno, y si el propietario es una persona jurídica, de cuatro a tres meses.
Otra de las revisiones afecta al umbral de vulnerabilidad económica para frenar desahucios: el límite de ingresos familiares desciende de tres veces el IPREM a 1,5 veces (aproximadamente 900 euros mensuales), restringiendo así la calificación de hogar vulnerable, conforme a lo establecido en el texto de la propuesta.
El PP anuncia que presentará una ley de vivienda «rigurosa» en respuesta al «fracaso rotundo» del PSOE.
Acelerar trámites urbanísticos y novedades en licencias
En materia urbanística, la propuesta introduce el mecanismo de silencio administrativo positivo para nuevas construcciones. Si la administración no se pronuncia en un plazo de tres meses, la licencia se considerará concedida, salvo cuando se trate de edificios con protección histórica o ambiental, donde el silencio será negativo.
Esta medida busca acortar los tiempos en la tramitación de obras nuevas y reformas que supongan cambios significativos en la volumetría, estructura o uso de los inmuebles.
La reforma también apunta a limitar la nulidad en cadena de los desarrollos urbanísticos, de modo que un error subsanable no anule la totalidad del proyecto. Este punto coincide parcialmente con la Ley del Suelo pactada entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque la propuesta del PP introduce ajustes adicionales y elimina algunos elementos clave de la normativa vigente.
Respecto a la protección ambiental, la iniciativa suprime referencias consideradas repetitivas en la Ley del Suelo de 2015 y remite la evaluación ambiental a la regulación específica de 2013 y 2006.
Plataforma digital y restricciones a la acción pública
El texto incluye la creación de una plataforma digital destinada a facilitar la emisión de informes sectoriales y a mejorar la coordinación entre las administraciones autonómicas y locales en la tramitación urbanística.
La interoperabilidad entre estas plataformas se considera un medio para incrementar la coordinación y disminuir la burocracia en la gestión urbanística, según se explica en el documento.
Otro punto relevante es la limitación de la acción pública: se establece que tanto personas físicas como jurídicas no podrán impugnar los instrumentos de planeamiento urbanístico únicamente con la finalidad de obtener un beneficio económico personal, sin defender un interés colectivo. Esta disposición ya estaba presente en la propuesta rechazada en el Congreso, resultado del acuerdo entre el PSOE y el PNV.
La proposición también modifica el plazo máximo para impugnar indirectamente normas de ordenación territorial, estableciendo un límite de cuatro años. Además, se reconoce a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla la potestad para aprobar definitivamente sus instrumentos urbanísticos, previa revisión por parte de la Administración General del Estado.