Una encuesta realizada a 400 empleados públicos indica que el coste de vivir en otra ciudad ya influye en la elección de plazas, ascensos y cambios de destino dentro de la Administración.
Contar con un empleo público y un sueldo garantizado parece insuficiente para mudarse dentro de España. El elevado coste de la vivienda se presenta como un obstáculo para los funcionarios que consideran aceptar una plaza, un ascenso o un traslado fuera de su provincia. Casi el 43,5% solo estaría dispuesto a cambiar su lugar de trabajo si el nuevo puesto incluye un aumento salarial o un incentivo específico que compense el coste de vivir en otra ciudad. Esta es una de las conclusiones del informe Perspectiva y Retos del Empleado Público en España, elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada del grupo educativo thePower Education.
Este dato revela una consecuencia hasta ahora poco visible de la crisis residencial: el precio de la vivienda no solo afecta la emancipación o la compra de un inmueble. También comienza a influir en el desarrollo profesional en un entorno laboral que suele ser estable. Un ascenso puede perder atractivo si supone afrontar un alquiler más elevado, adquirir una vivienda en otra localidad o asumir un coste de vida mayor.
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La encuesta, realizada en mayo de 2026 a 400 empleados públicos en España, refleja que el 31,5% admite haber rechazado o pospuesto aceptar una plaza o un ascenso al no poder afrontar el coste de la vivienda en el lugar asignado. Esta barrera afecta incluso a quienes están dispuestos a trasladarse, ya que apenas el 48,8% asegura que aceptaría cambiar de provincia para acelerar su carrera profesional.
Cuando avanzar implica reducir el poder adquisitivo
El reto no solo radica en conseguir un mejor puesto, sino en poder residir en la ciudad donde se encuentra ese empleo. En un contexto de precios elevados, un traslado conlleva mudanza, gastos iniciales, contrato de alquiler nuevo o vivienda más costosa que en el lugar original. Si la mejora laboral no compensa esa diferencia, el ascenso puede significar una pérdida en el poder adquisitivo.
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Este aspecto distingue a esta encuesta de otros análisis sobre función pública. La estabilidad del empleo público continúa siendo una ventaja frente a otras ocupaciones, pero no anula la influencia del mercado inmobiliario. El salario puede ser seguro, pero no siempre suficiente para afrontar cualquier destino.
El estudio también señala que un 23,8% de los trabajadores de la Administración percibe que el coste de la vida condiciona completamente cualquier decisión relacionada con un traslado.
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Así, la vivienda se convierte en un factor laboral. No solo aparece en el final del mes bajo la forma de cuotas o rentas, sino también antes, en la decisión de optar por ciertas plazas, aceptar un cambio de destino o renunciar a un ascenso si el traslado no resulta rentable.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que contempla un incremento salarial del 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su labor y paciencia para alcanzar un pacto para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)
Regresar a casa y evitar las grandes ciudades
La presión del mercado inmobiliario también modifica las preferencias sobre destinos laborales. Según la encuesta, para el 56% de los empleados públicos, la posibilidad de volver a su lugar natal o trasladarse a provincias medianas o entornos menos saturados resulta decisiva al elegir plaza.
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Esta inclinación no responde solo a razones personales. Las ciudades medianas pueden proporcionar una relación más equilibrada entre el salario, la vivienda y la calidad de vida, sobre todo en comparación con las grandes urbes donde el costo de los inmuebles absorbe gran parte del ingreso mensual.
La preferencia por ciudades menos densas está ligada a otro dato del informe: el 73% de los consultados apoya la instalación de sedes estatales fuera de la capital. Esta iniciativa está relacionada con la descentralización administrativa, pero también con una cuestión práctica: distribuir oportunidades laborales en territorios donde la vida es más asequible.
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El teletrabajo como alternativa parcial
La digitalización y el teletrabajo aparecen como soluciones para reducir la necesidad de traslados físicos. El 52,5% de los empleados públicos considera que estas herramientas están aminorando la brecha de oportunidades entre los servicios centrales y las delegaciones provinciales, según la encuesta.
No todas las plazas permiten el trabajo remoto ni todos los organismos cuentan con la misma capacidad para implementarlo, pero el dato refleja una demanda clara: progresar dentro de la Administración no debería implicar siempre un cambio de ciudad ni asumir un mercado inmobiliario más costoso.
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En este contexto, el coste de la vivienda en España ya afecta casi todos los aspectos de la vida de la mayoría de la población. No solo expulsa residentes de sus barrios o dificulta la formación de nuevos hogares, sino que también limita las posibilidades de ascenso profesional.