Ahora se exige que los solicitantes demuestren la ausencia de antecedentes penales. Sumar presiona para que dicho certificado «no entorpezca la regularización de inmigrantes».
Es obligatorio no tener antecedentes penales para acogerse a la regularización de inmigrantes
Los inmigrantes que reciban una resolución negativa en su trámite de regularización extraordinaria continuarán en España en la misma situación: irregular. El Gobierno, que calcula un total de 500.000 beneficiarios finales de esta medida, no procederá a la expulsión de quienes no obtengan la documentación tras iniciar el proceso.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de presentar al Consejo de Ministros el real decreto que extraordinariamente regularizará a estas personas. Considerando las recomendaciones del Consejo de Estado, el Ejecutivo ha reforzado el texto, que ahora obliga a los extranjeros a certificar la ausencia de antecedentes penales para lograr la legalización, mientras que colaborará para aumentar al máximo el número de beneficiarios.
Desde este momento, quienes deseen acogerse a la regularización disponen de un plazo de un mes para solicitar un certificado que acredite la inexistencia de antecedentes tanto en España como en el país de origen durante los últimos cinco años antes de presentar la solicitud. Las fuentes ministeriales consultadas aclaran que, en caso de haber residido en otro país distinto a los mencionados, también será necesario tramitar el certificado allí. Si la documentación no se puede obtener, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá gestionarla mediante canales diplomáticos en un plazo máximo de tres meses.
Los extranjeros tendrán la opción de presentar sus solicitudes en formato telemático o presencial, con cita previa, en oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, entre el jueves 16 de abril y el 30 de junio de 2026.
Además del certificado de antecedentes, se deberá demostrar que se llegó a España antes del 1 de enero de 2026, haber residido en el país al menos cinco meses consecutivos y no representar «una amenaza para el orden público». También será necesario acreditar alguno de estos tres requisitos: tener un vínculo laboral en España, residir con la familia en caso de tener hijos menores o personas dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Este último requisito debe comprobarse «siempre que la regularización se solicite conforme a la disposición adicional vigesimoprimera [relativa a solicitantes de protección internacional] y cuando no exista un proyecto laboral ni circunstancias familiares que justifiquen la solicitud», explican desde Migraciones. La certificación de esta condición estará a cargo de una entidad del tercer sector registrada en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que reflejará en el documento “el nombre, la entidad y las circunstancias que configuran dicha situación de precariedad. Por ejemplo: condiciones de vulnerabilidad, riesgos psicosociales o dificultades de acceso a vivienda, entre otros”.
No obstante, obtener el certificado de antecedentes es uno de los principales desafíos para los extranjeros que desean legalizarse. Por ello se formaron largas colas frente a consulados tras el anuncio de esta medida. Inicialmente, el borrador del Ejecutivo contemplaba la presentación de un justificante de solicitud de dicho documento junto con una declaración voluntaria donde el interesado afirmaba no poseer antecedentes. Tras las observaciones del Consejo de Estado, esta última opción ya no es suficiente si no se consigue el certificado. Así, el nuevo texto del Gobierno, adelantado por Cadena Ser y El País, establece un modelo más riguroso que el anterior.
Sin embargo, para evitar reducir la cifra de beneficiarios, la normativa extiende los plazos para obtener el documento, facilitando la colaboración del Gobierno con los inmigrantes. Si después de un mes desde la solicitud el certificado penal no ha sido recibido, el Ministerio de la Presidencia podrá tramitarlo por canales diplomáticos, siempre que el extranjero aporte la documentación requerida. Se abrirá entonces un plazo de tres meses para recibir dicha documentación y, si no llega, el extranjero dispondrá de quince días adicionales para intentarlo nuevamente. En caso de no lograrlo, no podrá acogerse al proceso.
Por su parte, el socio minoritario del Gobierno discrepa respecto a la exigencia estricta establecida por el Consejo de Estado e implementada por el Ejecutivo sobre la presentación del certificado que acredite ausencia de antecedentes penales en España y en cualquier país de residencia de los últimos cinco años.
Para Sumar, tal como ha señalado su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, «los obstáculos administrativos o de tiempo no deberían frenar la regularización de todas las personas». Por ello, sostiene que el Gobierno debería emplear todos los recursos disponibles para garantizar que la finalidad del reglamento se cumpla en su totalidad. Barbero argumenta que los inmigrantes «lo merecen y han demostrado su derecho para ello».
En esta línea, la portavoz también ha respondido al anuncio de huelga realizado por Comisiones Obreras en las oficinas de extranjería, motivada por la carga de trabajo derivada de la regularización masiva. Sumar afirma respetar y apoyar el derecho a la huelga de estos empleados y recalca que esta movilización «interpela al Gobierno», ya que, según afirma, es responsabilidad del Ejecutivo proveer todos los recursos necesarios para que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a solicitar la regularización.
Compromís coincide en que la regularización masiva convierte a España en un «Estado más justo». «Estas personas forman parte de nuestra sociedad y negarles derechos básicos constituye una anomalía que no se puede tolerar». Sin embargo, este grupo denuncia que los apátridas, en particular los inmigrantes saharauis, quedan excluidos del alcance del Reglamento, informa Marisa Cruz.
Solicitantes de asilo
Por otro lado, en las versiones iniciales existía confusión sobre los solicitantes de protección internacional, a quienes se exigía renunciar a estos procedimientos para acogerse a la regularización. Nuevamente, tras las recomendaciones del Consejo, sólo deberán abandonar la vía de protección internacional si se les concede el permiso de residencia mediante la regularización extraordinaria.
El Ejecutivo aprobará así la propuesta acordada con Podemos el 26 de enero, que, pese a las afirmaciones de consenso del Gobierno, ha generado múltiples críticas, incluida la del propio Consejo de Estado, que señalaba en el texto recibido «un considerable desorden y carencia sistemática en su organización y distribución temática».
Las previsiones del Gobierno estimaban que medio millón de inmigrantes en situación irregular podrían beneficiarse de esta medida, aunque un estudio de Funcas sugirió que los beneficiarios podrían acercarse al millón: alrededor de 870.000. En cualquier caso, el Ejecutivo está decidido a incrementar el número de personas acogidas a esta medida por «un motivo moral», declaró esta mañana desde Pekín el presidente Pedro Sánchez, así como «desde el punto de vista del interés económico» para afrontar el «invierno demográfico» que afecta al país.