La medida entra en vigor este jueves y obliga a reorganizar turnos y horarios en ministerios, organismos públicos y servicios comunes
La jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado ya es oficial. El BOE publica este miércoles la resolución con la que el Gobierno implementa el acuerdo suscrito a finales de marzo con CCOO, UGT y CSIF, una medida que reduce en dos horas y media el tiempo semanal en comparación con el horario previo de 37 horas y media, iniciando ahora un periodo de adaptación interna en ministerios, organismos y entidades dependientes del Estado.
La resolución entra en efecto este jueves 16 de abril, aunque concede un mes para ajustar los calendarios laborales de cada organismo. La reducción aplica a la Administración General del Estado, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos y otras entidades públicas bajo la administración central, mientras que quedan excluidos el personal militar y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Menos horas y nuevo reparto diario
El cambio más relevante consiste en que la jornada ordinaria pasa a ser equivalente a 1.533 horas anuales de trabajo efectivo, en comparación con el cómputo anterior de 37 horas y media semanales. En la práctica, el horario fijo matutino deja de extenderse hasta las 14:30 horas y pasa a terminar a las 14:00 horas, por lo que el restante tiempo semanal deberá completarse dentro de las franjas de flexibilidad ya establecidas.
La resolución establece que ese tiempo flexible podrá cumplirse entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 14:00 y las 18:00 horas de lunes a jueves, además del tramo de 14:30 a 15:30 horas los viernes. En jornadas de mañana y tarde, el horario fijo también se reduce, finalizando a las 16:30 horas, media hora antes que hasta ahora.
Un compromiso pendiente desde 2022
La reducción de jornada ya estaba contemplada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, pero su desarrollo para la Administración central quedó pendiente, manteniendo una jornada superior a la de buena parte del empleo público autonómico y local. En muchas comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos las 35 horas ya estaban vigentes desde hace años, una diferencia que los sindicatos venían señalando como un agravio comparativo interno en el sector público.
El acuerdo final se alcanzó el pasado 27 de marzo, cuando Función Pública acordó con CCOO, UGT y CSIF el texto que ahora se publica en el BOE. Según datos del ministerio y los sindicatos, la medida afecta a entre 220.000 y casi 250.000 empleados públicos, dependiendo del ámbito de cada organismo incluido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que contempla una subida salarial del 11% para los funcionarios entre 2025 y 2028, es un «muy buen acuerdo» y ha agradecido a las organizaciones sindicales por su trabajo y paciencia para lograr un pacto que beneficia a 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)
Qué pasa con quienes tienen jornadas más largas
La resolución también modifica la situación del personal con régimen de especial dedicación, modalidad que involucra a determinados cargos con mayor responsabilidad o disponibilidad horaria, que hasta ahora tenían jornadas de 40 horas semanales. Con el nuevo ajuste, este colectivo reducirá su jornada a 37 horas y media, manteniendo sin embargo un horario superior al ordinario.
Además, se amplían algunos supuestos de flexibilidad horaria vinculados a la conciliación. A los casos ya existentes de cuidado de hijos menores de 12 años, personas mayores o familiares con enfermedad grave se añade ahora el cuidado de personas dependientes que convivan, aunque no exista parentesco directo.
Adaptación progresiva en servicios con turnos
El texto indica que cada departamento deberá reorganizar turnos, plantillas y horarios para asegurar que la reducción de jornada no interfiera en el funcionamiento habitual de los servicios públicos, especialmente en áreas de atención directa a la ciudadanía o trabajo por turnos.
En ámbitos específicos como Instituciones Penitenciarias o determinados servicios en Ceuta y Melilla, donde los horarios presentan particularidades propias, la aplicación requerirá además una negociación específica para adecuar el nuevo marco al funcionamiento de cada centro.