Las claves
El Gobierno calcula que la regularización beneficiará aproximadamente a 500.000 migrantes, mientras que Extranjería eleva esa cifra a 1.250.000.
El decreto definitivo suprime la «declaración responsable» y exige necesariamente el certificado de antecedentes penales, lo que podría ocasionar demoras hasta octubre.
La Policía advierte sobre riesgos como el efecto llamada, la saturación de servicios públicos y la posible entrada de individuos vinculados al crimen organizado.
El PP reprocha la medida por considerarla «inhumana, injusta, insegura e insensible» y alerta que la cantidad de regularizados superará ampliamente las previsiones oficiales.
Así lo expresaba Pedro Sánchez en su carta a la población defendiendo la regularización extraordinaria, y posteriormente la ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros que aprobó el decreto este martes: se beneficiarán medio millón de personas en situación irregular.
Esa cifra es la que mantiene el Gobierno desde que pactaron con Podemos la regularización. Concretamente, estiman que serán 250.000 solicitantes de asilo y otros 250.000 personas en situación irregular quienes obtendrán la documentación hasta el lunes 30 de junio, fecha límite del plazo.
Sin embargo, un informe interno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, fechado el 2 de febrero de 2026 y firmado por el comisario Alfredo García Miravete, eleva el número de beneficiarios directos a 1.250.000 extranjeros, un 250% más que la estimación oficial del Ministerio de Inclusión y por encima de los 840.000 calculados por Funcas.
El documento sostiene que esta cifra aumentará al sumar a familiares reagrupados y solicitantes de protección internacional que elijan la vía de la regularización.
En las últimas horas, y tras el informe del Consejo de Estado, el Gobierno ha endurecido ciertas condiciones. De hecho, el texto final elimina la «declaración responsable» y exige obligatoriamente un certificado de penales, lo que retrasará el proceso hasta octubre para quienes enfrenten dificultades administrativas para obtenerlo.
No obstante, en caso de no presentar dicho certificado, no serán expulsados, sino que permanecerán en España en situación irregular.
El informe policial señalaba que, pese a la información remitida desde el país de origen, es «altamente improbable» detectar condenas recientes o causas abiertas que no hayan sido juzgadas o pasen desapercibidas.
Por ello, anticipan que la inclusión rápida de un gran número de personas podría generar tensiones sociales y facilitar «la posible entrada y regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados al crimen organizado».
El texto policial también indicaba que, si el país de origen no proporciona el certificado de antecedentes, la norma permitía reemplazarlo con una «declaración responsable». Sin embargo, el Gobierno ha eliminado finalmente esta opción en el decreto, a pesar de las críticas desde Sumar.
La Comisaría General de Extranjería consideraba que dicha declaración no podía ser aceptada «bajo ningún concepto» porque valida la ausencia de antecedentes «solo con la palabra» del solicitante.
La Policía enumera otros cuatro riesgos clave vinculados a esta regularización: un efecto llamada que las mafias ya explotan en redes sociales de terceros países, generando un mercado ilegal de documentos falsos para simular arraigo; movimientos desde otros países de la UE atraídos por requisitos flexibles; saturación de servicios públicos, especialmente en sanidad y educación; y tensiones en materia de seguridad ciudadana.
El PP trabaja desde hace tiempo con este informe y, durante un discurso ante senadores y diputados, Alberto Núñez Feijóo calificó este martes la regularización de «inhumana, injusta, insegura e insensible».
Las cifras que maneja Génova, según Feijóo, coinciden con el informe policial y consideran que superarán ampliamente el medio millón previsto.
El líder de la oposición criticó el plan de Sánchez, señalando que «va en contra de las Cortes Generales y de Europa», y subrayó que en España «se debe controlar quién entra y cómo».