La Fiscalía del Tribunal Constitucional respalda al PP en su recurso contra la ampliación injustificada del plazo de enmiendas a un proyecto de ley en 71 ocasiones.
Este proyecto, derivado de un real decreto-ley para gestionar fondos europeos por la Covid-19, debía tramitarse por vía urgente, pero permaneció bloqueado durante casi dos años.
La Mesa del Congreso autorizó múltiples prórrogas para el plazo de enmiendas, atribuyéndose esta competencia, pero sin justificación explícita, según señala la Fiscalía.
Según la Fiscalía, la ausencia de motivación vulneró el derecho de los diputados a cumplir su función legislativa y solicita que el TC lo reconozca oficialmente.
Fue un «bloqueo injustificado». Con esta argumentación, la Fiscalía del Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de aceptar el recurso de amparo presentado por el Grupo Popular del Congreso contra la autorización por parte de la Mesa de la 71ª prórroga del plazo de enmiendas a un proyecto de ley que —así lo determinó la Cámara— debía tramitarse con carácter de urgencia.
No se trataba de un proyecto cualquiera. Procedía de un real decreto-ley aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2020, durante la pandemia de la Covid-19, para regular la ejecución de un fondo europeo por 140.000 millones de euros destinado a la recuperación económica y social.
El Gobierno logró salvar la convalidación en el Congreso por un margen estrecho el 28 de enero de 2021 gracias al apoyo de Bildu y a la inesperada abstención de Vox.
El rechazo del PP, ERC y Ciudadanos había puesto en riesgo la aprobación, y únicamente la posición de la ultraderecha permitió que el Gobierno sacara adelante el decreto-ley con 170 votos a favor, 126 en contra y 52 abstenciones.
Acto seguido, la Cámara decidió aprobar la tramitación del texto por el procedimiento de urgencia, con el respaldo de 346 diputados.
Este procedimiento urgente implica reducir a la mitad los plazos establecidos en el proceso legislativo ordinario.
En consecuencia, el plazo para presentar enmiendas vencía el 15 de febrero de 2021.
Sin embargo, la Mesa de las Cortes autorizó múltiples ampliaciones y un año y nueve meses después, en noviembre de 2022, el Grupo Socialista solicitó la prórroga número 71, que fue otorgada por la Mesa.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, pidió la reconsideración de esta resolución, pero la Mesa desestimó la solicitud.
El proyecto permaneció indefinidamente en fase de presentación de enmiendas hasta que caducó el 30 de mayo de 2023, debido a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
«Filibusterismo»
Gamarra lideró la demanda de amparo que los diputados del PP presentaron contra los acuerdos de la Mesa (que preside Francina Armengol).
Sostuvieron la vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamentario en cuanto a la facultad legislativa, afectada por el «bloqueo» del proyecto a causa de la ampliación reiterada y prolongada del plazo para enmiendas.
Según su criterio, se trató de una práctica de «filibusterismo parlamentario»: después de casi dos años de tramitación y 70 ampliaciones del plazo para enmiendas, la nueva prórroga del 14 de noviembre de 2022 por la Mesa del Congreso «no respondía a la necesidad real de que los diputados presentasen enmiendas adicionales» sino que reflejaba «el apoyo de la Mesa a la agenda del Gobierno», indicaron.
«Evidentemente», añadieron, «el Ejecutivo prefiere mantener el Real Decreto-Ley en sus términos estrictos a que exista un debate parlamentario sobre el mismo».
Para los firmantes del amparo, la nueva ampliación del plazo se hizo «en fraude de ley» y «careció de motivación alguna».
La Mesa «limitó de manera indebida y arbitraria la facultad legislativa de los diputados, implicando así una vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos», argumentaron.
«Ni un mínimo razonamiento»
La Fiscalía del TC coincide con esta perspectiva.
En su informe, el Ministerio Público destaca que la infracción señalada afecta a la facultad legislativa, que representa «el núcleo esencial del cargo político representativo«.
Además, subraya que el proyecto se había acordado tramitar por la vía de urgencia, siendo un real decreto-ley que, por su naturaleza, responde a causas excepcionales de urgente necesidad.
«En la solicitud de ampliación presentada por el Grupo Socialista no consta ninguna justificación», señala la Fiscalía.
Y la Mesa aprobó dicha solicitud también «sin proporcionar ningún tipo de motivación».
Al rechazar la petición de reconsideración del PP, la Mesa simplemente indicó que «la competencia para decidir sobre la ampliación de los plazos de enmiendas corresponde a la Mesa, que actúa de forma autónoma en este punto».
«En ninguna de las decisiones que llevaron a la Mesa a otorgar una nueva ampliación del periodo para presentar enmiendas existe un mínimo razonamiento que justifique las condiciones que motivarían tal concesión a los parlamentarios solicitantes», afirma el Ministerio Público.
Insiste en que no hay «razonamiento alguno que esclarezca la justificación de esta nueva ampliación para proteger el derecho de los parlamentarios que la pidieron dentro del ejercicio de su función legislativa, ni garantiza el derecho de los demás diputados a no verse imposibilitados para cumplir su labor legislativa por el bloqueo arbitrario del proceso legislativo», subraya.
Este «déficit motivacional», según la Fiscalía, «es aún más patente al no observarse ninguna argumentación que descarte que se vulneraban los derechos de los diputados a participar activamente en la función legislativa, bloqueando de forma indebida la tramitación normal de una iniciativa legislativa que seguía un procedimiento urgente».
La Fiscalía sostiene que, dado que se comprometía el derecho fundamental al ejercicio de la función legislativa, era imprescindible «conocer las razones que justificaran esta restricción para evitar una decisión arbitraria».
En consecuencia, solicita al TC que declare que la Mesa del Congreso vulneró el derecho de los diputados del Grupo Popular a desempeñar su función representativa.
No obstante, esta resolución sería solo de carácter declarativo, sin impacto vinculante para el caso específico, ya que tuvo lugar durante una legislatura que ha finalizado.