El proyecto de ley para su nacionalización continúa paralizado «por el bloqueo del PSOE»
A Zeinabu Dah le han denegado el visado en tres ocasiones para viajar a España. Esta mujer saharaui, de 30 años y universitaria, desempeña el cargo de coordinadora adjunta en el Centro nacional de Oftalmología, ubicado en Rabuni y en parte financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). Aunque los documentos legales de Zeinabu están registrados en los archivos de la AECID, dependiente del Ministerio de Exteriores, la tercera denegación se justificó alegando que su documentación no era confiable. «Siempre nos presentan muchas dificultades a los saharauis», lamenta, lo cual refleja el sentir general de las personas locales con las que ha conversado EL MUNDO durante estos días. Son ciudadanos que huyeron con sus documentos españoles y que ahora observan cómo sus descendientes quedan apátridas.
Más de 200.000 saharauis habitan dispersos en cinco campamentos que Argelia les cede en la hamada del país, una de las zonas más áridas, pedregosas y desérticas de esta franja que atraviesa el norte de África de Este a Oeste. Fueron desplazados de su territorio tras una descolonización que España aún no ha completado desde 1975, con el objetivo de recuperar el Sáhara de las manos de Marruecos, nación ocupante de lo que fue la provincia española número 53.
En este contexto, el Gobierno pasó de mantener una neutralidad que prolongaba su incumplimiento de las responsabilidades legales a adoptar una postura de «oposición», según denuncian los saharauis. Hace cuatro años, Pedro Sánchez remitió una carta a Mohamed VI para apoyar su plan de autonomía y soberanía sobre el Sáhara. Una decisión rara que no sorprende a los saharauis: «De los socialistas no puede esperarse nada, siempre nos ha ido mal con ellos», expresaba un habitante de Auserd en los actos del 50º aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El español aquí es la segunda lengua. Los adultos lo hablan de forma fluida o al menos rudimentaria, y los niños saludan a cualquier extranjero con un «¡Hola!». Existe una gran cercanía hacia quienes fueron sus compatriotas hace 50 años. Sin embargo, el Gobierno no responde de la misma manera que con los vínculos históricos de otras naciones. Mientras se amplían los derechos de nacionalización para los nietos de españoles emigrados a Iberoamérica, se rehúye abordar la situación de los descendientes de saharauis que poseen DNI español.
Fátima caminaba con su prima Zara junto al desfile militar ayer. La primera, hija de saharauis nacida en Valdepeñas, mencionaba sobre Zara: «Ella no puede viajar a España. No tiene derecho a documentos, aunque nuestros abuelos eran españoles y sus padres residen allí, yo ya tengo 18 años…».
Sumar presentó un proyecto de ley promovido por IU para nacionalizar a los descendientes de los saharauis, una iniciativa que según Enrique Santiago «puede ser aprobada en esta legislatura». Como portavoz adjunto de Sumar, encargado de Justicia y líder del PCE, expone a EL MUNDO: «El proyecto está en la Comisión de Justicia, pero la constitución de la ponencia sigue bloqueada por el PSOE. Las enmiendas ya están presentadas. El PP lo respalda y Vox no se opuso. No tiene sentido que el PSOE impida avanzar. Si se constituyera la ponencia, en una sesión podría resolverse, ya que conocemos y hemos trabajado todas las enmiendas. Es crucial que los saharauis gocen de los mismos derechos que cualquier extranjero en nuestro país. El pueblo saharaui es el último territorio que estuvo bajo dependencia española».
Santiago participó en las celebraciones organizadas por el Frente Polisario en los campamentos. Califica de «incomprensibles» las «posturas absurdas» del PSOE. Su opinión coincide con la de muchos, pues la política de Sánchez contrasta con otras iniciativas, como la referida a Palestina.
El presidente encabezó la defensa de los gazatíes tras la ofensiva de Israel: promovió el reconocimiento del Estado palestino, aplicó sanciones unilaterales contra colonos en Cisjordania y propuso suspender el acuerdo de asociación con la UE, medida que retomó recientemente. La falta de acción en el Sáhara contrasta con la firmeza en defensa del derecho internacional en el conflicto con Irán.
Incluso en el ámbito humanitario se escuchan críticas hacia Sánchez. La AECID destinó 12,6 millones en 2024 para atender las demandas de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf. Esta cifra fue duramente cuestionada durante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso, ya que cuatro días en los campamentos evidencian las múltiples carencias en jaimas y viviendas de adobe… Esa financiación representa la cooperación descentralizada, pues incluye cada euro que las comunidades autónomas, ciudades o municipios dedican a los saharauis.
Más allá de esa ayuda, no existe más respaldo concreto del Gobierno, formado por Sumar, que enfrenta dificultades internas en este asunto. No hay pronunciamientos sobre los saharauis encarcelados en prisiones marroquíes ni medidas punitivas al respecto.
El Ejecutivo se ampara en que no mantiene responsabilidad sobre el Sáhara. «España se considera liberada de cualquier responsabilidad internacional futura en lo que respecta a la administración de dicho territorio, tras cesar su participación en la administración temporal establecida», afirmó España en 1975 en el Acuerdo de Madrid con Mauritania y Marruecos. No obstante, también reconoció: «La descolonización del Sáhara se concluirá cuando la población saharaui se haya manifestado de manera válida». Esto no se ha cumplido, con el referéndum bloqueado por Marruecos desde hace décadas a pesar del respaldo mayoritario de la ONU.
En definitiva, Sánchez se desvinculó adoptando la oferta marroquí de autonomía, que ni siquiera está concreta, mediante una carta enviada a Mohamed VI en 2022. Este documento y la destitución de la jefa de la diplomacia, Arancha González Laya, fueron los primeros pasos para resolver la crisis generada por la acogida en Logroño de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario saharaui, para tratamiento médico. Esto desencadenó un flujo masivo de inmigrantes desde Marruecos hacia Ceuta y el cierre de las fronteras aduaneras. La carta, en la que España abandonó su neutralidad, provocó una sesión parlamentaria con explicaciones vagas de Sánchez, quien nunca aclaró la razón real de ese cambio histórico.
El plan de autonomía de Mohamed VI ha ganado adeptos gracias a la diplomacia desplegada por la monarquía alauita. Así, en 2020 Estados Unidos validó su propuesta a cambio de que Marruecos estableciera relaciones con Israel. Francia, otra potencia clave junto con España, también la ha aceptado. En 2025, la ONU reconoció esa propuesta como la única solución viable. Para Santiago, «el único plan realista es un referéndum». Un futuro que cada vez se ve más lejano en el desierto.