El órgano asesor demanda controles rigurosos sobre los antecedentes penales y una definición precisa de la vulnerabilidad
El Gobierno ultima los detalles para aprobar una regularización extraordinaria que facilitará a medio millón de personas migrantes obtener un permiso de residencia y trabajo, con la intención de que el próximo martes 14 el Consejo de Ministros dé su aprobación final al texto. Aunque se esperaba que la regularización comenzara el 1 de abril, el cronograma se ha visto retrasado porque fue recién el pasado viernes cuando el Consejo de Estado remitió su informe sobre el procedimiento –un trámite obligatorio pero no vinculante– en el que respalda la propuesta del Gobierno, aunque recomienda algunos ajustes técnicos.
El Consejo de Estado, según señalan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, apoya que la regularización se realice mediante una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, considerando que este marco normativo es legal y se enmarca dentro de la Constitución, respetando todas las garantías necesarias para culminar con éxito un proceso de esta naturaleza. Además, valora positivamente los objetivos principales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y disminución de la irregularidad administrativa.
Advertencias acerca del procedimiento
Sin embargo, el órgano asesor ha expresado ciertas advertencias respecto al proceso. El Consejo de Estado señala que no se pueden mantener simultáneamente un permiso de asilo y uno derivado de la nueva regularización. Para quienes ya cuentan con protección internacional, dicho permiso continuará vigente hasta que les sea otorgado el nuevo permiso de residencia y trabajo. Solo entonces podrán solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
En cuanto a las personas que solicitan ser reconocidas como apátridas (sin nacionalidad), recomienda que no participen en el proceso de regularización, dado que su situación es distinta y debe abordarse mediante otro procedimiento.
El Consejo de Estado solicita que se definan con claridad las normas para determinar quién es vulnerable, con la finalidad de que todos los casos reciban una evaluación homogénea. Por ello, sugiere que se considere vulnerable a quien haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve al menos cinco meses en situación irregular al momento de presentar la solicitud.
Con respecto a los antecedentes penales, el órgano consultivo opina que todos los solicitantes deben aportar un certificado oficial de su país de origen o de aquellos donde hayan residido durante los últimos cinco años. El Consejo rechaza que, en caso de no obtener el certificado, bastase con una simple declaración del interesado, como planteaba el borrador original, ya que “esto podría implicar riesgos para la seguridad”.
Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)
Entre sus indicaciones, puntualiza que empresas como TRAGSA y Correos deben limitarse a funciones auxiliares, tales como el manejo y la tramitación de documentos, pero “no están autorizadas a tomar decisiones administrativas ni a ejecutar funciones asignadas exclusivamente a funcionarios públicos”. Asimismo, recomienda que el texto detalle qué tareas específicas pueden delegarse a estas entidades y que se asegure la protección de datos personales, siempre conforme a la normativa vigente.
Por último, el dictamen valora favorablemente que los desplazados por la guerra de Ucrania queden exentos de presentarse a la regularización, dado que cuentan con un procedimiento específico establecido. También destaca la importancia de la protección de los hijos menores y familiares cercanos de los solicitantes, aspecto incluido en la redacción del Real Decreto.