Un aumento del 10% en el precio del Brent puede reflejarse en un incremento del 0,2% en el índice general de precios, mientras que un alza del 10% en el gas se traduce en una subida aproximada del 0,05%
El conflicto en Oriente Medio ha reactivado las preocupaciones sobre un posible nuevo shock económico a nivel global, cuyo impacto podría afectar de manera considerable a la economía española mediante distintos canales. De acuerdo con el análisis de CaixaBank, se identifican tres vías principales de influencia: el incremento de la inflación por el aumento en los precios de la energía y otros productos originarios del Golfo Pérsico, una potencial caída en la demanda externa debido a la desaceleración de los socios comerciales, y, por último, un endurecimiento de las condiciones financieras derivado de la evolución de los tipos de interés y la incertidumbre en los mercados.
Frente a este escenario, el Gobierno de España anunció el 20 de marzo la implementación de un conjunto de medidas fiscales para mitigar los riesgos derivados del contexto actual, con una inversión inicial de 5.000 millones de euros, destinada prioritariamente a los sectores más afectados, como transporte, agricultura y ganadería.
El probable incremento sostenido en los costos energéticos representa una amenaza para el aumento de la inflación. Según CaixaBank, un ascenso del 10% en el precio del Brent puede suponer una subida de 0,2 puntos porcentuales en el índice general de precios, mientras que un aumento equivalente del 10% en el gas se refleja en una alza cercana a 0,05 puntos.
En un contexto donde el precio promedio del petróleo alcance los 85 dólares por barril y el del gas 55 euros, el efecto combinado podría añadir hasta un punto porcentual a la inflación prevista para este año, que actualmente se sitúa en el 2,4%. La puesta en marcha de las medidas fiscales ayudaría a moderar este impacto en aproximadamente cuatro décimas y a limitar la inflación media de 2026 alrededor del 3%.
El traslado directo e indirecto de la inflación
El efecto directo de las subidas en el precio del petróleo y del gas se refleja rápidamente en los precios de los carburantes, el gas natural y la factura de electricidad, debido a la participación del gas en la generación eléctrica. Sin embargo, la repercusión indirecta se manifiesta más lentamente y afecta a la mayoría de los productos, considerando que la energía es un input esencial en numerosos procesos industriales.
Asimismo, los antecedentes de 2022 y de episodios previos muestran un retardo de aproximadamente nueve meses en la manifestación de estos efectos secundarios. La magnitud final dependerá de cuánto persista el encarecimiento energético y de la eficacia del respaldo fiscal implementado. Paralelamente, una posible estabilización del conflicto en la región podría frenar la tendencia inflacionaria, aunque esto implicaría también la finalización anticipada de las medidas fiscales, conforme a lo establecido en la normativa aprobada.
El impacto real en la economía española
La exposición directa de España a los países del Golfo Pérsico es limitada: en 2025, las exportaciones de bienes y servicios a toda esa región representaron solo un 2% del total, lo que equivale al 0,7% del PIB. Si se repitiese el comportamiento observado tras el conflicto entre Rusia y Ucrania —cuando las exportaciones a ambos países se redujeron a la mitad— la caída resultante en el PIB se estimaría en apenas 0,15 décimas. Este cálculo es conservador, considerando la mayor gravedad del conflicto ruso-ucraniano y el régimen de sanciones aplicadas por la Unión Europea en aquel caso.
Más allá del comercio directo, el mayor riesgo reside en la evolución de los mercados internacionales. Una desaceleración del 1% en los principales destinos de las exportaciones españolas se traduciría en una reducción aproximada de 0,2 décimas en el crecimiento del PIB. De momento, el Banco Central Europeo ha revisado a la baja solo en 0,3 puntos la proyección de crecimiento de las importaciones en la eurozona —principal destino comercial de España— como consecuencia del conflicto en Irán.
En el ámbito financiero, la incertidumbre condiciona las decisiones de gasto e inversión tanto de empresas como de hogares. Un aumento temporal del índice de incertidumbre económica medido por el Banco de España durante un trimestre puede vincularse a una reducción anual del PIB cercana a 0,2 puntos porcentuales, según CaixaBank. A pesar de que en marzo se detectó un incremento notable en este indicador, su magnitud no fue suficiente para afectar de forma sustancial el balance del primer trimestre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para «proteger a los ciudadanos, apoyar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria».
El plan de choque del Gobierno de España
Como reacción a la amenaza inflacionaria y la vulnerabilidad de ciertos sectores, el Gobierno implementó el 22 de marzo un paquete de medidas fiscales. La previsión oficial fija el coste del plan en alrededor de 5.000 millones de euros —equivalente al 0,3% del PIB— si su vigencia se extiende hasta el 30 de junio. El gasto final dependerá tanto de la duración del conflicto como de la evolución de precios y demanda. Del total, un 60% —unos 3.000 millones de euros— corresponde a reducciones en ingresos fiscales vinculados a la energía.
El decreto contempla una reducción del IVA al 10% en carburantes y electricidad, así como una rebaja al mínimo permitido en el impuesto especial de hidrocarburos y la fijación del impuesto especial de electricidad en un 0,5% frente al 5,11% previo. También se ha suspendido temporalmente el impuesto a la producción eléctrica (IVPEE). Para el sector agrícola y de transporte, se incluye una bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, aplicable a autónomos y operadores sin derecho a devolución del impuesto, junto a un apoyo extraordinario de 500 millones de euros para compensar el aumento en el costo de fertilizantes y descuentos en peajes para la industria electrointensiva.
Además, el plan actúa sobre la factura energética familiar, facilitando absorber parcialmente el impacto negativo desde una perspectiva macroeconómica, y se destaca por su rápida implementación. En caso de que la situación se prolongue más allá del 30 de junio, las recomendaciones apuntan a focalizar los esfuerzos en los colectivos y sectores más vulnerables, con el fin de optimizar la eficacia y controlar el gasto público.
El análisis de los escenarios económicos potenciales presenta dos posibilidades para CaixaBank. El primer escenario contempla una resolución rápida del conflicto con daños limitados y reversibles en la infraestructura energética. El segundo escenario, más adverso, prevé una crisis prolongada durante varios meses, daños significativos en las infraestructuras del sector y la extensión de las medidas fiscales.