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- 26 febrero 2026Actualizado 35 minutos
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Las transformaciones prosiguen en la Venezuela bajo la dirección de Delcy Rodríguez.
El más reciente cambio fue la elección de Larry Devoe como fiscal general. Este jueves, la Asamblea Nacional, con mayoría de legisladores oficialistas, ratificó su nombramiento mediante votación.
Devoe había ejercido esta función de manera provisional desde febrero, tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba la Fiscalía General desde 2017.
Estas modificaciones se suman a otros relevos dentro del Ejecutivo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ocurridos más de tres meses después del ataque de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Además, suceden en el contexto de la recientemente aprobada Ley de Amnistía, presentada como un intento de enmendar heridas y fallos judiciales durante este «nuevo momento político», conforme a expresiones de Rodríguez.
Todo esto ocurre en medio de múltiples exigencias de defensores de derechos humanos y académicos para que se elija un fiscal general y un defensor del pueblo que actúen de forma independiente.
«Si se desea un cambio real en el país, esta es la oportunidad para designar a alguien sin afiliación política, independiente, que lidere la defensa de la Constitución y las leyes republicanas», advirtió el diputado opositor Henrique Capriles antes de las votaciones.
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La renuncia de Saab a la Fiscalía General fue acompañada por la dimisión del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz. En ese ínterin, Saab asumió provisionalmente la Defensoría, un cargo que había ocupado entre 2014 y 2017.
Desde este jueves, la nueva titular de la Defensoría del Pueblo es Egleé González Lobato, quien fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral.
De cargo en cargo
Larry Devoe no es un desconocido dentro del chavismo y ha ocupado diversos puestos legales y diplomáticos en el gobierno venezolano.
Su perfil ha ganado visibilidad en meses recientes, tanto por su rol provisional como fiscal general, como por su participación en el recién creado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz.
Esta iniciativa, fundada por Delcy Rodríguez el 23 de enero, se define oficialmente como «una propuesta con un espíritu patriota y anticolonialista, destinada a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político nacional», integrada por figuras del ámbito político, económico y académico del país.
El Programa apoyó la propuesta de Ley de Amnistía que fue aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.
Asimismo, integra la Comisión de Alto Nivel para la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, conformada apenas cinco días tras la incursión estadounidense en territorio venezolano y la captura de ambos.
Cuando Jorge Rodríguez anunció la designación de Devoe en febrero, destacó su trayectoria:
«Graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, España; especialista en ciencias penales y criminológicas y poseedor de dos diplomados en derechos humanos».
Desde 2014 hasta la actualidad estuvo al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, dentro de su especialidad en esta materia.
Previamente, ocupó plazas en la Defensoría del Pueblo y en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También fue parte de la delegación oficial en las negociaciones de Barbados entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Estas conversaciones resultaron en un acuerdo de garantías políticas para las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, la oposición denunció el incumplimiento de estos pactos tras la inhabilitación de María Corina Machado y persecución de sus colaboradores de campaña.
Además, Devoe integró la delegación oficial ante la Corte Internacional de Justicia, en el contexto de la disputa territorial sobre el Esequibo con Guyana, hasta que Nicolás Maduro ordenó su retiro.
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En el ámbito internacional, ha brindado asesoría y actuado como agente alterno de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, participó en 2016 como parte de la delegación venezolana ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, evaluando compromisos en materia de derechos humanos.
Ha rechazado la entrada de investigadores de la CIDH al país y ha sostenido en foros internacionales que «Venezuela ha demostrado de manera suficiente que no se han cometido crímenes de lesa humanidad». También afirmó que «por eso, la Corte Penal Internacional (CPI) no tiene competencia para tratar la situación venezolana».
En 2018, la CPI inició una investigación formal por supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017, cuando Nicolás Maduro comenzó su primer mandato y la represión de manifestaciones antigubernamentales se intensificó sistemáticamente.
Devoe asegura que las instituciones judiciales venezolanas «han investigado o están investigando todos los casos de presuntas violaciones a derechos humanos». Sin embargo, distintas organizaciones defensoras de derechos humanos niegan esta afirmación. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) sostiene que el sistema judicial no realiza indagaciones confiables ni sanciona a los culpables.
En la votación del jueves, Jorge Rodríguez contabilizó con tono sarcástico los votos: 10 para la doctora Magaly Vásquez, propuesta por Capriles, y 275 para Devoe, quien enfrenta el rechazo de defensores de derechos humanos por negar crímenes de lesa humanidad en Venezuela como representante del Estado ante organismos internacionales.
Un antecesor con un historial cuestionado
Tarek William Saab es una figura chavista de vieja data. Tras el golpe fallido de 1992 y la detención de Hugo Chávez, estuvo en su defensa legal.
Poeta de origen libanés y aficionado al gimnasio, Saab se ha consolidado como una de las personalidades mediáticas más reconocidas en Venezuela. Se considera a sí mismo como defensor de los derechos humanos, afirmando haberlos protegido desde antes de la llegada de Chávez al poder en 1999.
Su nombramiento como fiscal general en 2017 generó controversia al ser designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un organismo dominado completamente por chavistas y paralelo a la Asamblea Nacional, que en ese momento tenía mayoría opositora.
Para opositores y organizaciones no gubernamentales, desde entonces el Ministerio Público se convirtió en un «brazo judicial» al servicio del gobierno para perseguir políticamente y realizar detenciones arbitrarias.
La investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad comenzó pocos meses después de su gestión en la Fiscalía.
En una ocasión, Yibram Saab, uno de sus hijos, difundió un video en redes sociales en el que criticaba a su padre por «la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas opositoras».
No obstante, Saab defiende su gestión como una de las más resolutivas en la historia del Ministerio Público y, al igual que Devoe, niega ante la CPI la existencia de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
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En su último informe como fiscal general, correspondiente a 2025, anunció que 825 personas fueron condenadas por violaciones a derechos humanos y 3.116 imputadas, entre ellas 2.957 miembros de la seguridad estatal.
Sin embargo, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha solicitado en múltiples ocasiones que se investiguen estas violaciones.
Por otra parte, la oposición responsabiliza a Saab por las más de 2.400 detenciones realizadas después de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro ganador sin mostrar los actas que respaldaran ese resultado.
La oposición denunció fraude electoral mostrando actas que daban la victoria a Edmundo González Urrutia.
El diputado opositor Henrique Capriles calificó como «una burla a las víctimas» la designación provisional de Saab como defensor del pueblo, a quien responsabiliza de la persecución y judicialización en Venezuela.