Tres testigos han comparecido ante el Tribunal Supremo, señalando al PSOE y al Gobierno de haber recibido sobornos vinculados con licencias de hidrocarburos y el rescate de Air Europa.
Los testigos describieron entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE y la adquisición de un chalé para un ministro como contrapartida por una licencia.
Las declaraciones involucran al exministro Ábalos y a empresarios, y se investigan varias redes: el caso mascarillas, la supuesta financiación ilegal del PSOE, el rescate de Air Europa y el fraude en licencias de hidrocarburos.
La investigación afecta a altos cargos y se desarrolla en la antesala de las elecciones andaluzas, generando un notable impacto político para el PSOE y el Gobierno.
Los testimonios ofrecidos este jueves por los tres testigos que desfilaron ante el Tribunal Supremo empeoran significativamente la imagen del PSOE y del Gobierno, quienes atraviesan un proceso que podría resultar en graves consecuencias.
Dinero que llegaba en bolsas a la sede del PSOE en billetes de 50 euros doblados en fajos, con alguien esperando la entrega en la segunda planta de Ferraz. «Se notaba que había efectivo. Había fajos de dinero».
También apareció un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez que «desea una vivienda» como recompensa por una licencia de hidrocarburos, y «por eso se adquiere el chalé de La Alcaidesa», en La Línea de la Concepción, Cádiz.
Todo ello fue relatado, uno tras otro, con firmeza, por la empresaria Carmen Pano, su hija Leonor González Pano y el chofer Álvaro Gallego.
Sus versiones coinciden entre sí, ratifican lo que ya declararon en la Audiencia Nacional y confirman la información que este medio ha ido revelando en los últimos meses.
No obstante, el Supremo no juzga esa imagen global ni la presunta financiación ilegal del PSOE. Su enfoque está en el denominado caso mascarillas.
Esto incluye los contratos adjudicados al entorno de la red del exministro José Luis Ábalos durante la fase inicial de la pandemia, con 36 millones de euros en contratos supuestamente irregulares, así como los sobornos, tráfico de influencias, colocaciones en empresas públicas y malversación.
Sin embargo, lo que está entrando en la sala excede ampliamente ese ámbito, debido a la combinación de varias investigaciones que llevan diferentes tribunales.
De hecho, existen otros tres procedimientos abiertos: la supuesta financiación ilegal del PSOE, el rescate de Air Europa y el caso de los hidrocarburos. Y es esta narrativa, más que el detalle de los contratos de mascarillas, la que está ocasionando un fuerte golpe político para el PSOE y el Gobierno de Sánchez.
Todo ello ocurre justo antes de las elecciones andaluzas. En esa región, el PP de Juanma Moreno es favorito con mayoría absoluta o cercana a ella, según todas las encuestas publicadas, mientras María Jesús Montero se prepara para una derrota electoral.
Durante esta semana, el Gobierno intentó desviar la atención hacia otros temas, pero sin éxito: la reforma constitucional para proteger el aborto como derecho —que en realidad ya está asegurado según el Tribunal Constitucional— o el rechazo a la guerra en el conflicto en Oriente Próximo.
«Fajos de billetes»
El primer testigo del día en el Supremo fue Álvaro Gallego, amigo y chofer de Carmen Pano. Confirmó que llevó en su coche a la empresaria a la sede del PSOE en Ferraz para entregar dinero, luego de pasar por el despacho de Víctor de Aldama.
«Era una bolsa blanca transparente dentro de otra bolsa más grande y se veía claramente que había dinero». Esa bolsa mayor, de papel marrón, «iba abierta». Según el chofer, el dinero procedía de Claudio Rivas, propietario de Villafuel: «He escuchado varias veces que era para cubrir 600.000 euros por la licencia de operador».
Luego testificó la propia Carmen Pano. Confirmó que realizó «dos pagos de 45.000 euros cada uno en la sede del PSOE». En total, 90.000 euros en efectivo entregados en Ferraz en dos ocasiones.
«La primera vez fui en taxi y la segunda acompañada por Álvaro Gallego. Llevaba mi DNI y me indicaron que subiera a la segunda planta. Me esperaba un hombre justo al salir del ascensor», relató.
El dinero estaba dentro de una bolsa de plástico blanca, que a su vez estaba dentro de una bolsa de papel marrón, en billetes de 50 y algunos de 100 euros.
Pano aseguró que actuó siguiendo instrucciones de Aldama y que los fondos provenían de Claudio Rivas para que su empresa obtuviera la licencia de operadora de hidrocarburos. Además de esos 90.000 euros, dijo haber entregado varias veces dinero a Aldama desde octubre de 2021: «Más de 600.000 euros».
La empresaria confirmó también que la sociedad Have Got Time, vinculada a Rivas, compró un chalé en Cádiz, en la urbanización La Alcaidesa, destinado al entonces ministro de Transportes: «Estuve presente cuando Aldama nos dijo a Claudio Rivas y a mí que todo iba bien, pero que el señor ministro quería una casa, y por eso se adquirió el chalé».
Su hija Leonor completó el relato. Confirmó que Aldama le contó que los Hidalgo (José y su hijo Javier, dueños de Globalia, empresa propietaria de Air Europa) entregaron 500.000 euros en una bolsa deportiva en su chalé de Puerta de Hierro, poco antes del rescate de la aerolínea, y que ese dinero era para el entonces ministro José Luis Ábalos.
La entrega del dinero tendría como objetivo recompensar las gestiones realizadas por el ministro en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
El Gobierno, presionado
Estas declaraciones están sacudiendo al PSOE y al Gobierno en el Tribunal Supremo.
Actualmente, están sentados en el banquillo Ábalos, su exasesor Koldo García —ambos en prisión provisional desde noviembre pasado— y el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el «conector corrupto» de la trama.
Además del caso mascarillas, la Audiencia Nacional investiga una posible financiación ilegal del PSOE. Esta trama afecta directamente al partido. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada dentro del caso Koldo para rastrear pagos en efectivo al partido entre 2017 y 2024 no reflejados en la contabilidad oficial.
El PSOE encargó una auditoría a expertos afines que concluyó que no existe financiación ilegal, pero el juez continúa la investigación, y actualmente el sumario se encuentra bajo secreto.
Paralelamente, el juez Santiago Pedraz instruye la trama de hidrocarburos relacionada con Villafuel. En esa causa se analiza un posible fraude millonario de IVA y las gestiones de Aldama y Claudio Rivas en Industria y Transición Ecológica para obtener una licencia mayorista de operadora.
En esta investigación, Carmen Pano y su hija Leonor son investigadas, no testigos, y el juez ha citado a declarar a los jefes de gabinete de Reyes Maroto y Teresa Ribera.
El tercer frente es Air Europa. El Gobierno rescató la aerolínea con 475 millones de euros públicos y, según la Guardia Civil, Ábalos habría recibido favores a cambio de apoyar a la compañía.
El Supremo indicó que ese presunto soborno no podía investigarse dentro del caso Koldo y sugirió que, de seguir esa pista, se debería abrir una causa aparte.
La próxima semana, serán el propio Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, y Claudio Rivas quienes deban dar explicaciones al Tribunal Supremo. El mismo Rivas que está siendo investigado por el juez Pedraz en la Audiencia Nacional por la trama de hidrocarburos.