El Ejecutivo ha sustituido la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez en la misión de «disuasión y evacuación» en Chipre, sin solicitar la aprobación del Congreso.
La Ley de Defensa Nacional establece que las misiones exteriores deben contar con la autorización o ratificación parlamentaria, requisito que el Gobierno ha evitado en esta operación.
El cambio de buques se realizó con discreción, y parte de la dotación y los misiles se transfirieron directamente, extendiendo la misión sin pasar por el debate legislativo.
El PP reclama a Sánchez que cumpla la ley y someta la misión a votación, mientras expertos alertan de la reducción del control democrático en decisiones militares.
El Ejecutivo dispuso el reemplazo de la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez en la misión de «disuasión y evacuación» en Chipre, en respuesta a la guerra en Irán y los ataques de la República Islámica contra este país miembro de la UE.
Este despliegue confirma que el envío del buque «más avanzado» de la Armada a una «zona de conflicto» fue una decisión planificada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó únicamente en la comisión mixta de Seguridad Nacional, sin solicitar la ratificación del primer despliegue ni la aprobación del segundo.
Se trata de una decisión política deliberada, ahora prolongada, que no ha pasado por el debate ni la aprobación del Congreso, requisito que establece la Ley de Defensa Nacional de 2005 para las misiones en el extranjero.
El PP ya detectó en 2024 la falta de intención de Sánchez de consultar al Congreso para autorizar misiones exteriores. Por ello, presentó una propuesta de ley para endurecer los controles al Ejecutivo, que permanece archivada —oficialmente en fase de enmiendas— desde entonces.
Dicha norma estipularía que las misiones en el exterior deben ser «prorrogadas» mediante votación parlamentaria tras cinco años de autorización. También limitaría el número de tropas y material empleado y, ante ampliaciones, exigiría la «autorización» del Parlamento.
Finalmente, impondría una comparecencia anual obligatoria del titular de Defensa para informar sobre la «evolución» de las misiones españolas fuera del país.
Desde 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy solicitaron al Congreso 26 autorizaciones, en Pleno o Comisión, para enviar Fuerzas Armadas a operaciones internacionales.
La última había sido en enero de 2018, cuando la ministra María Dolores de Cospedal (PP) pidió autorización para aumentar el contingente en la misión europea en Mali.
Ni escenario, ni misión, ni buque
Moncloa inicialmente defendió que el envío de la Cristóbal Colón respondía a un movimiento urgente, vinculado al ataque iraní contra la base británica de Akrotiri y coherente con la lealtad española hacia sus aliados y socios.
Según Moncloa, esta postura se respaldaba en las cláusulas de urgencia de la ley, que permiten informar posteriormente y solicitar ratificación al Parlamento.
Sin embargo, el cambio entre fragatas evidencia que el Ejecutivo evita someterse al Congreso para esquivar un debate polémico con sus socios y una votación en la que podría contar solo con el apoyo eventual del PP.
La Cristóbal Colón partió hacia Chipre a comienzos de marzo, tras pasar por Ferrol después de participar en maniobras de entrenamiento de la OTAN en el Báltico y el Mar del Norte.
La misión cambió para integrarse en un dispositivo real de defensa de un Estado aliado como Chipre, atacado por Irán. También cambió el escenario, del Báltico al Mediterráneo oriental. Este salto de maniobras a protección en una «zona de conflicto» alteró el objetivo y aumentó el riesgo de la misión.
Ahora, Moncloa ha decidido prolongar el mandato inicial, incluso cambiando de fragata.
No solicitó autorización previa a las Cortes, como exige la ley para operaciones exteriores relevantes, ni tramitó la ratificación posterior contemplada en la cláusula de urgencia.
El Gobierno funciona, por tanto, bajo una interpretación amplia del «interés nacional» que elude al Congreso el papel que la legislación pretendía conferirle y reduce a las Cortes a un papel pasivo frente a decisiones consumadas.
Relevo «casi clandestino»
El 7 de abril tuvo lugar en Rota el relevo operativo entre la F-105 Cristóbal Colón y la F-104 Méndez Núñez, en una ceremonia que las fuentes consultadas describen como «casi clandestina».
La ministra de Defensa informó ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que la fragata de relevo permanecerá, «a priori», desplegada hasta junio para brindar apoyo al portaaviones francés.
Fuentes indican que parte de la tripulación de la Cristóbal Colón fue reubicada directamente en la nueva fragata, «encadenando dos despliegues consecutivos». Además, todos los misiles de la F-105 se transfirieron a la F-104 antes de que esta zarpara hacia el Mediterráneo oriental.
Tras el relevo, la Cristóbal Colón regresó a Ferrol en absoluto sigilo. El jueves entró en la estación naval de A Graña «sin actos oficiales ni presencia de autoridades», y sin convocar a la prensa.
El retorno del buque que generó polémica se ha manejado con máxima discreción, mientras la fragata actual se dirige a una misión de alto riesgo, apenas conocida por la opinión pública más allá de la información genérica facilitada por el Gobierno.
Irak, Zapatero y la ley
La prolongación de la operación y su escalada legal chocan con el espíritu y, para varios expertos, con la letra de la Ley de Defensa Nacional de 2005.
Esa norma, promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras el apoyo del Ejecutivo de José María Aznar a la segunda guerra de Irak en 2003, perseguía el objetivo que clarificó el entonces ministro de Defensa, José Bono: «Que el Congreso nunca quede en silencio al enviar tropas a una misión fuera de España».
La ley contempla dos vías: la «consulta previa y autorización» al Parlamento, o, en caso de «respuesta rápida o inmediata a situaciones específicas» y máxima urgencia, que la decisión ejecutiva inmediata sea sometida luego a «ratificación» de las Cortes.
En el caso de Chipre, el Gobierno ha elegido un tercer camino: no solicitó autorización previa ni ratificación posterior, a pesar de que el despliegue cambió de teatro y naturaleza.
Moncloa justifica esta actuación con una interpretación amplia del concepto «interés nacional», que abarca, según ellos, tanto la seguridad de los ciudadanos de Chipre como la solidaridad con los países europeos.
Constitucionalistas como Enrique Ruiz Robledo han señalado que si el Ejecutivo puede encadenar despliegues y relevos en zonas de conflicto sin control parlamentario, la función autorizadora del Congreso «se convierte en un trámite simplemente formal».
Para este especialista, el paso de ejercicios en el Báltico a una misión de defensa real contra misiles iraníes en el Mediterráneo oriental «no puede ser visto como un simple traslado técnico».
En la misma línea se expresa el exministro de Defensa y letrado del Consejo de Estado, Federico Trillo, quien recuerda que la ley de 2005 «fue creada para impedir que un Gobierno decida por sí solo el envío de fuerzas a una guerra o a un escenario con riesgo de guerra».
Actualmente, el PP ha solicitado formalmente «que Pedro Sánchez respete la ley» y pida al Congreso autorización para mantener una fragata en la zona de conflicto en Chipre, en un contexto que podría derivar en una escalada directa con Irán.
Moncloa insiste en que la misión es estrictamente defensiva, aunque esto no despeja las dudas acerca del control democrático de la decisión.
Más aún cuando el país que lidera la misión, Francia, contempla en sus Reglas de Enfrentamiento (ROE) las «acciones defensivas necesarias y proporcionales» para neutralizar misiles y drones iraníes en origen. Esto genera un escenario donde se diluye la línea entre defensa y participación directa en un conflicto regional.