El informe del Instituto Jacques Delors advierte que los Estados han adoptado medidas nacionales sin coordinación con la UE, orientadas a corto plazo y con la expectativa de que el conflicto no se extienda en el tiempo
El alto al fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán ha funcionado como una breve pausa para los mercados globales del combustible. El conflicto en Oriente Medio, iniciado el 28 de febrero, ha representado para los países de la Unión Europea un golpe directo a la realidad sobre su dependencia energética externa, ocasionando pérdidas que alcanzan los 13.000 millones de euros debido al aumento en los precios del combustible.
Aunque la participación de Oriente Medio en sus importaciones es limitada (11% del petróleo y 4% del gas natural licuado), el bloque europeo ha evidenciado vulnerabilidad ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz impuesto por Irán. El impacto se distribuye de forma desigual entre los Estados miembros, pero afecta a todos parcialmente porque los combustibles fósiles constituyen todavía el 59% del consumo energético final (37% petróleo, 20% gas y 2% carbón), según el informe del Instituto Jacques Delors.
La reacción de la Unión Europea ante esta crisis no ha sido colectiva, pues, tal como sucedió durante la pandemia de Covid-19, cada país ha adoptado sus propias medidas. De acuerdo con el informe, 22 de los 27 Estados miembros han implementado hasta ahora más de 120 acciones, acumulando un costo total que supera los 9.000 millones de euros. A esta cifra se suman los 13.000 millones en gastos adicionales generados por el incremento en los precios de las importaciones de combustibles fósiles desde el comienzo del conflicto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará un total de 5.000 millones de euros destinados a "proteger a los ciudadanos, apoyar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".
Medidas generales sin un público específico
Respecto a las iniciativas anunciadas por los distintos Estados que forman la Unión Europea, el informe señala que la mayoría son temporales y no van dirigidas a grupos específicos. En particular, de los 22 países que han activado medidas, 21 se centran en apoyos generales, mientras que solo 11 han establecido ayudas dirigidas de manera específica.
Examinando con más detalle, 15 países han aplicado medidas fiscales como reducciones del IVA, impuestos especiales o el aplazamiento de incrementos en los sectores energéticos. Además, nueve Estados han fijado límites de precios, utilizando controles diarios, topes o precios máximos para el combustible.
El informe remarca que los gobiernos europeos están apostando por acciones que otorguen alivio inmediato y sean perceptibles para los ciudadanos, aunque esto implica “riesgos a largo plazo ampliamente documentados”, ya que los controles de precios reducen la demanda, generando condiciones propicias para la escasez. Tales políticas de “cortoplacismo oneroso” se basan en la suposición de que el conflicto concluirá pronto, algo incierto.
172 millones de barriles detenidos en el Estrecho
Junto con el alto al fuego se prevé la reapertura del Estrecho de Ormuz, aunque esto implicará pagar un peaje que podría alcanzar los dos millones de dólares por cada embarcación que transite por la zona, lo que se traduciría en un incremento cercano a dos dólares por barril en el precio del petróleo y de 0,5 dólares por MMBtu en los costos de transporte de GNL.
El Instituto Jacques Delors estima, por su parte, un posible peaje reducido de un dólar por barril para los buques petroleros. Antes de la reapertura, permanecían varados en el Estrecho unos 172 millones de barriles de petróleo y derivados. Además, existe la probabilidad de que el suministro de gas natural licuado continúe restringido durante más tiempo debido a las reparaciones necesarias en la planta de Ras Laffan, las cuales podrían tardar hasta cinco años en completarse.
Si el retorno a la normalidad se prolonga más allá de lo previsto por los Estados de la UE, las estrategias vigentes podrían consolidar hábitos de consumo asociados a precios subvencionados. Según el informe, los gobiernos estarían “motivadós políticamente” a mantener dichas subvenciones, dado que su retirada podría provocar “una respuesta electoral adversa”.