Minas habría utilizado la figura del PIC para aprobar la extracción de carbón. El informe califica su supervisión del yacimiento como «insuficiente e inadecuada».
El Servicio de Minas del Principado de Asturias recurrió a la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para permitir la extracción de carbón, evitando así la aplicación del cierre de la mina no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Ambas normativas exigen la devolución obligatoria de las subvenciones estatales recibidas «como requisito imprescindible para autorizar la explotación en minas bajo cierre», según consta en el informe emitido por la Inspección General de Servicios del Principado tras el accidente en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025, que costó la vida a cinco mineros leoneses y dejó heridos a otros cuatro debido a una explosión de gas grisú.
Asimismo, el informe acusa a Minas de mantener «inactividad administrativa» en aspectos vinculados a la seguridad laboral, la protección ambiental y su recuperación, siendo caracterizado por la «ausencia en la apertura, tramitación y conclusión» de procedimientos relacionados con solicitudes o documentos presentados por estas empresas.
El documento, encargado por el Gobierno asturiano tras la explosión y divulgado este lunes, señala también que Minas no consideró que Combayl —que transfirió los derechos de extracción a Blue Solving, la segunda empresa del entramado familiar— estaba involucrada en dos procesos sancionadores, «uno por actividad clandestina en la misma explotación».
Según el informe emitido recientemente por el Servicio de Minas del Principado, en aquella mina la empresa titular de los derechos en el momento del accidente, Blue Solving, desarrollaba una actividad «clandestina», carecía de autorización para extraer carbón, incumplía las medidas de seguridad y organización del trabajo, y no disponía de un sistema de ventilación adecuado en las galerías.
Blue Solving tenía permiso para extraer materiales chatarrables y acumular carbón, además de solicitar un PIC que autorizaba la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico; sin embargo, el Principado sostiene que dicho permiso nunca llegó a estar operativo dado que la empresa no presentó el plan de labores necesario.
El informe fue presentado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, respaldado por el presidente asturiano Adrián Barbón tras la renuncia de la anterior consejera, Belarmina Díaz, consecuencia del accidente. Además, concluye que «no se ha logrado establecer de forma clara y precisa» la clasificación y alcance de las actividades permitidas para ambas empresas, debido a que Minas no elaboró ningún informe técnico ni solicitó aclaraciones respecto a las discrepancias en las memorias presentadas sobre las toneladas de carbón.
Particular gravedad
Considera de «particular gravedad» que Blue Solving, a los dos días de asumir la titularidad de la mina, solicitara la aprobación administrativa al contrato de prestación de servicios suscrito con la anterior propietaria para que ésta realizara «todo tipo de trabajos de explotación y extracción de carbón en Cerredo».
Tras recibir la solicitud, Minas no manifestó «ninguna objeción o desacuerdo con la legalidad de dicha contratación», evidenciando la intención y proximidad de la actividad extractiva, sin que se realizara ninguna inspección en la mina hasta diez meses después.
Por ello, la Inspección remitió su informe a la Fiscalía y recomendó a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que emprenda las acciones necesarias para «determinar responsabilidades» vinculadas a la «falta tanto de tramitación procedimental como de intervención inspectora».
No obstante, el consejero Borja Sánchez declaró en la presentación que no es momento para discutir responsabilidades políticas, sino para asumir y ejecutar las once sugerencias formuladas por la Inspección General en su informe.
Hallazgos
El informe reconoce que existe una «alta dificultad y complejidad en la gestión» debido a la normativa estatal obsoleta y la falta de desarrollo legislativo autonómico, además de señalar que el Servicio de Minas ha perdido cinco puestos de trabajo en seis años, pese a haber asumido funciones relacionadas con la restauración ambiental y la transición justa.
También destaca la necesidad de modernizar el sistema informático y optimizar el procedimiento para autorizar transferencias de derechos mineros, dado que se producen decisiones «sin justificación» y sin acompañamiento de proyectos de explotación o restauración.
En cuanto al control, señala que no existen estrategias de inspección aprobadas ni regulación específica, y que las inspecciones suelen realizarse con aviso previo; en caso de denuncias, se desconoce la anticipación con la que se planifican las visitas, un factor «crucial» para evitar la ocultación o manipulación de los hechos denunciados.
En el caso específico de Cerredo, apunta que las inspecciones se programaban a petición de la empresa o con acuerdo de los responsables de la mina, observándose una «demora injustificada» en la apertura de procedimientos sancionadores sin causas que justifiquen tal retraso.
Se resalta que, tras un accidente en agosto de 2022 que provocó la muerte de un trabajador, se confirmó una extracción ilegal de carbón, aunque esta no fue debidamente motivada, cuestionándose por qué finalmente se calificó como «infracción grave» la extracción sin permiso y no como una «infracción muy grave por explotación clandestina» que podría haber conllevado el cierre definitivo de la mina.
Acerca de los proyectos de investigación complementaria (PIC) como el solicitado por Blue Solving en Cerredo, la Inspección General advierte que, ante la ausencia de regulación normativa, la autoridad minera del Principado «define unilateralmente su naturaleza jurídica y fáctica» al otorgar permisos, sin contar con respaldo ni justificación documental suficiente.
Respecto a Cerredo, el informe señala que el 8 de julio de 2024 se realizó una inspección en la que Minas notificó que se ejecutaban trabajos de recuperación y acondicionamiento vinculados al PIC, pese a que la empresa no había presentado todavía el plan de labores correspondiente al primer año, requisito obligatorio para iniciar esa actividad.
Finalmente, el informe subraya la importancia de mejorar la coordinación con otros servicios de la administración para gestionar denuncias como las recibidas antes del accidente, relacionadas con posibles actividades ilegales en la mina de Cerredo.