La Audiencia examina los presuntos fraudes en obras públicas, la red de hidrocarburos y los pagos en efectivo en la sede del PSOE
Hoy comienza el primer juicio del llamado caso Koldo en el Tribunal Supremo. En el banquillo se sentarán el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Todos están acusados de participar en una presunta organización criminal que habría operado dentro del núcleo del Gobierno de Pedro Sánchez.
No obstante, esta vista oral será la primera relacionada con una extensa red de corrupción que aún permanece bajo investigación en la Audiencia Nacional. Actualmente, el magistrado Ismael Moreno instruye parte de la investigación sobre la trama de mascarillas —en relación con aquellos implicados cuya competencia ha sido declinada por el Supremo—, el pago en sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE y, finalmente, las adjudicaciones irregulares de importantes obras públicas provenientes del Ministerio de Transportes.
Por otro lado, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lleva la causa relacionada con los hidrocarburos, donde se encuentran imputados varios empresarios que supuestamente intentaron obtener favores del exministro Ábalos a cambio de diversas dádivas.
En el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional —actualmente denominado plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia— figuran como investigados varios ex altos cargos de Transportes por el fraude de las mascarillas durante la pandemia de Covid. Entre ellos destacan la exsecretaria de Estado y ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez; el exdirector general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, y el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, a quien se destituyó tras estallar la causa.
En este proceso también están imputados empresarios como Íñigo Rotaeche, vinculado a la firma Soluciones de Gestión, y Juan Carlos Cueto, director del grupo Cueto y propietario real de la empresa beneficiada por el Ministerio de Transportes. Además, la investigación abarca a Joseba García, hermano de Koldo García, y su exesposa Patricia Uriz.
Paralelamente, el magistrado Moreno mantiene abierta una investigación por los millonarios amaños en obras públicas desde el ministerio dirigido por Ábalos. En esta causa, además del exministro, Koldo y el empresario Aldama, se indaga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien llegó a estar en prisión preventiva debido a varios delitos relacionados con corrupción: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Cerdán desempeña un papel fundamental en esta estructura delictiva. Fue el artífice en los Gobiernos de Sánchez que introdujo a Koldo García dentro del círculo de confianza de Ábalos y diseñó en gran medida la estructura del Ministerio de Transportes para facilitar, posteriormente, la manipulación de obras públicas y el cobro de cuantiosas comisiones ilegales.
En este mismo proceso están bajo investigación Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano. También figuran como investigados los propietarios de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez; el empresario José Ruz Martínez (Levantina, Ingeniería y Construcción); el socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 SL, Joseba Antxon Alonso; así como exdirectivos de Acciona: Fernando Agustín Merino Vera, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.
Asimismo, tras detectar indicios de delito, el juez Ismael Moreno continúa de manera secreta la investigación sobre los pagos en efectivo en la sede del Partido Socialista, es decir, en Ferraz, entre 2017 y 2024.
Finalmente, en la Audiencia también se instruye el caso de los hidrocarburos, otra organización criminal que presuntamente defraudó más de 182,5 millones de euros en el IVA del sector de carburantes. Entre los investigados están Aldama y los empresarios Claudio Rivas, Luis Alberto Escolano y Carmen Pano, entre otros. Esta última afirmó en sede judicial haber trasladado dos bolsas con 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE por encargo del propio Aldama.