Pacientes y médicos alertan que persisten las malas prácticas para evitar la prescripción de medicamentos costosos o la derivación de pacientes al sistema público. La empresa intermediaria y la sociedad oncológica respaldan su transparencia
Se cumple un año desde que estalló el escándalo en la sanidad privada relacionado con las restricciones en la prescripción de los tratamientos oncológicos más costosos y la remisión de pacientes a la sanidad pública, y el problema permanece sin solución. La investigación iniciada entonces por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) genera serias críticas en el ámbito, y las versiones de los implicados difieren considerablemente: Ministerio de Sanidad, grupos parlamentarios, asociaciones de pacientes, sociedades médicas oncológicas y, especialmente, la empresa involucrada, Atrys Health Bienzobas, que actúa como intermediaria entre aseguradoras y mutuas.
Además, entre los profesionales de la salud perdura la inquietud ante prácticas que, según fuentes consultadas por El Confidencial, no han cesado. “La investigación de SEOM funciona como una cortina de humo”, denuncian oncólogos de distintos centros hospitalarios del país a este medio. Por su parte, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) confirma que continúan recibiendo reclamaciones de pacientes por obstáculos para acceder al tratamiento más idóneo para su diagnóstico, lo cual subraya la urgencia de máxima transparencia y garantías en este ámbito.
GEPAC afirma que sigue recibiendo quejas y oncólogos de toda España denuncian que «la investigación de SEOM es una cortina de humo»
Al ser consultados por El Confidencial, desde el Ministerio de Sanidad informan que ya han solicitado a SEOM las conclusiones de su pesquisa, ya que, según dicen, todavía no les han sido entregadas. En esta línea, los pacientes del GEPAC revelan su “sorpresa” porque el entonces presidente de SEOM, César Rodríguez Sánchez, les aseguró que participarían en las reuniones con Atrys, pero tras un año sólo han asistido a una convocatoria posterior de carácter informativo. Por ello, expresan su “preocupación” ante la “falta de transparencia” respecto al informe final y los problemas detectados. Consideran imprescindible tener acceso a estos documentos para evaluar si las acciones adoptadas bastan para que las decisiones clínicas se tomen únicamente en función del interés superior del paciente.
Desde SEOM responden que, efectivamente, durante este tiempo se han celebrado encuentros con Atrys y que “se ha mejorado el proceso en cuatro aspectos clave”. Sobre transparencia, aseguran que “las evaluaciones de los tratamientos están firmadas por profesionales”. Además, destacan la creación de un canal directo de comunicación mediante un número telefónico para que los médicos prescriptores puedan consultar con los asesores ante dudas sobre alguna solicitud en proceso. En tercer lugar, con respecto a los tiempos de respuesta de las aseguradoras, “se ha definido un protocolo específico que garantiza un diálogo ágil y eficaz y asegura una respuesta en menos de 48 horas”. Por último, se reclama una “mención clara” a las guías clínicas y a la evidencia científica: se ha acordado incluir las fuentes, referencias bibliográficas y documentación científica sobre otros tratamientos en comparación al propuesto por el oncólogo que prescribe.
Según oncólogos entrevistados por El Confidencial, las conclusiones de SEOM no reflejan completamente la realidad. Por un lado, reconocen que «ahora firman sus documentos», aunque “antes con frecuencia también lo hacían”. Añaden que el tiempo de respuesta “nunca ha sido un problema”, pues habitualmente responden antes de 48 horas. «El problema no es el plazo, sino el contenido de la respuesta«. Además, niegan la existencia de un teléfono de contacto y señalan que no aparece en los documentos recibidos. Finalmente, en materia de referencias, aseguran que «casi nunca» se cita bibliografía de calidad con un nivel de evidencia “adecuado”. “A veces se argumenta que la guía NCCN, por ejemplo, acepta como válidas tanto las opciones que ellos presentan como las indicadas por el prescriptor, lo cual en el 95% de los casos no es cierto”, enfatizan.
Los pacientes denuncian que la SEOM los ha excluido de las reuniones con Atrys
Por otro lado, Atrys sostiene que durante este periodo ha mantenido “buenas relaciones con todas las entidades”. En relación con SEOM, aseguran que la última reunión tuvo lugar en marzo y que continúan “trabajando conjuntamente con un enfoque consensuado y plena transparencia en el proceso asistencial, asegurando la mejor atención posible a los pacientes”.
Ante esta evidente discrepancia, GEPAC ha solicitado encuentros a nivel institucional superior, incluyendo una audiencia con la Reina. También recuerdan que continúan esperando que el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Agustín Santos Maraver (Sumar), cumpla con su promesa de citar a la empresa Atrys; compromiso que asumió antes del verano en unas jornadas públicas en la Cámara Baja, a las que no asistió nadie en representación de SEOM. El entonces vicepresidente, Javier de Castro, quien alegó motivos personales para ausentarse, es hoy el presidente de la sociedad. El objetivo de GEPAC, según su presidenta, Begoña Barragán, es “avanzar en soluciones que fortalezcan la independencia clínica y la confianza de los pacientes”.
El Confidencial también ha consultado al Grupo Parlamentario de Sumar, coalición a la que pertenece la ministra de Sanidad, Mónica García. Informan que este tema se empezó a abordar “antes del verano”, pero fue tras la vuelta cuando “los trabajos comenzaron formalmente”. Aseguran que, tras dialogar con la empresa acusada, con entidades privadas sobre mecanismos de control y con departamentos de oncología, “existe un consenso compartido con asociaciones de pacientes sobre la raíz del problema, que radica en la valoración del sector privado, que opera de forma distinta al público”.
Atrys defiende que han actuado con «transparencia» y «espíritu de colaboración y buenas relaciones con todos los organismos»
“Ahora”, agregan, “el siguiente paso es estudiar hasta qué punto es viable regular los mecanismos de control del sector privado, proceso que forma parte de la reforma de la ley sobre regulación del sector privado”. Así, Sumar apunta a la normativa y recuerda que este proyecto ya se encuentra en trámite en el Consejo de Estado, previo a su paso al proceso parlamentario. Otro aspecto es si se logrará incorporar esta regulación en la actual legislatura, que cuenta con un máximo de 15 meses de duración y donde el Gobierno no posee mayoría. Sin embargo, desde Sumar insisten en que el trabajo previo para identificar el problema, con diálogo con pacientes, sociedades y la empresa, “está completado”, y que el Ministerio de Sanidad “ha cumplido con su parte al proponer una nueva ley de gestión”. Por tanto, ahora es el turno de las asociaciones y los partidos políticos.
A menos de dos meses del estallido público del escándalo, el Consejo de Administración de Atrys decidió relevar a su CEO, Isabel Lozano, y a su presidente ejecutivo, Santiago Torres. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambos fueron cesados de sus cargos ejecutivos pero permanecen vinculados a la empresa en roles no ejecutivos. La nueva CEO es Marian Isach, hasta entonces directora de la división de Oncología.