Solicitan que se esclarezca la implicación del Gobierno en la supuesta red de prevaricación administrativa y medioambiental relacionada con la tramitación de proyectos de energías renovables.
Después del breve receso por la Semana Santa, el PP intensificará su demanda de «explicaciones inmediatas» al Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las presuntas redes de corrupción que le involucran. Específicamente, pondrá en marcha una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre el caso Forestalia, donde la Guardia Civil investiga posibles delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados a la tramitación de proyectos de energías renovables.
Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo explican que, a partir de las informaciones periodísticas basadas en el sumario de esta investigación, las cuales evidencian la implicación de un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, en la facilitación de expedientes relacionados con proyectos energéticos, así como «el papel central de la empresa pública Tragsatec en la tramitación de ciertos expedientes», solicitarán la entrega a la Cámara Baja de hasta 20 informes.
Entre esos documentos, piden «copia íntegra de los expedientes de evaluación ambiental» llevados a cabo por el departamento dirigido por Sara Aagesen para proyectos impulsados por Forestalia desde 2015 y «los informes técnicos que sirvieron como base para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental en dichos proyectos». Asimismo, demandan «las comunicaciones internas, instrucciones o circulares» y «los correos electrónicos intercambiados entre los responsables» de su elaboración.
Del mismo modo, exigen copia de las agendas oficiales de los altos cargos de Transición Ecológica donde consten las reuniones celebradas en los últimos 11 años con directivos de la empresa investigada, que tiene sedes en Madrid y Zaragoza. Además, solicitan «la lista de consultoras o empresas externas que han elaborado estudios ambientales o técnicos utilizados en expedientes» relacionados con este grupo empresarial.
También, mediante más de treinta preguntas dirigidas al Ejecutivo, el PP exige «explicaciones urgentes» a cuatro ministerios sobre esta trama. Al de Aagesen, le pide aclarar si tenía conocimiento sobre la posible participación o vinculación de un funcionario público, la existencia de conflictos de interés y si Forestalia intervino en la tramitación de expedientes, autorizaciones o evaluaciones ambientales bajo competencia de la Administración pública. También solicita «reforzar los mecanismos de control para asegurar la imparcialidad en la tramitación de expedientes vinculados a proyectos energéticos o medioambientales».
Además, requiere al Gobierno que aclare, entre otros aspectos, en qué expedientes de evaluación ambiental de proyectos de energías renovables promovidos por la empresa en cuestión ha intervenido el personal de Tragsatec —que forma parte de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda— como asistencia técnica y «qué criterios se siguieron para asignar al personal de esta empresa pública determinados expedientes de evaluación ambiental y no otros».
En cuanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, solicita que explique «las razones» por las que «colaboró» con la empresa bajo investigación, «cuántos contactos» ha mantenido con empresarios ligados a Forestalia y «cómo coordinó» con esta sociedad la «colaboración con una de las principales empresas chinas de renovables». Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares insisten en que «ni el ministro ni ninguna persona del Ministerio ha tenido contactos, ni ha gestionado ni mantenido relación alguna con esta empresa, como se ha insinuado».
Finalmente, al Ministerio del Interior, el PP le pide detallar si ha solicitado la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil u otras unidades especializadas en delitos económicos durante la investigación.
Durante la pesquisa que lleva meses realizando el Instituto Armado, empezó a surgir un presunto cohecho por valor aproximado de cuatro millones de euros desde Forestalia a favor del ex consejero de Medio Ambiente durante los gobiernos socialistas en Aragón entre 2002 y 2011, Alfredo Boné, junto a dos colaboradores cercanos, según informó EL MUNDO.