Las prestaciones económicas de la Seguridad Social gestionadas por mutuas alcanzaron los 656 millones de euros (56% del gasto), mientras que el coste directo para las empresas del sector se situó en 524 millones de euros (44%), según un informe

Las ausencias en el trabajo se han convertido en una de las principales preocupaciones para los empresarios. El año 2025 cerró con la cifra más alta de absentismo registrada hasta la fecha: una tasa del 7,1%, que equivale a aproximadamente 1,6 millones de personas ausentes de su puesto diariamente, según un informe de Randstad. Este fenómeno representa un coste económico tanto para la Seguridad Social como para las propias empresas. Este martes, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) junto con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) presentaron un informe que refleja que el costo de las bajas laborales por contingencias comunes en supermercados españoles alcanzó en 2025 su récord histórico de 1.180 millones de euros, con un incremento del 13% en comparación con el año anterior y del 155% en relación con 2018.
Si analizamos con detalle, las prestaciones económicas de la Seguridad Social gestionadas por mutuas representaron 656 millones de euros (56% del total), mientras que el coste directo asumido por las empresas del sector llegó a 524 millones de euros (44%). Para Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, este fenómeno ha adquirido una “relevancia considerable” en los últimos años y constituye un “serio problema social” que ha alcanzado una dimensión “anómala”, según declaraciones publicadas por Europa Press. García Magarzo advirtió en el estudio conjunto de Asedas y AMAT que “el absentismo es una pandemia silenciosa que perjudica el modelo de negocio de los supermercados”. “Si bien no somos uno de los sectores más afectados, la situación es grave y la sociedad no puede permitírselo”, añadió.
“El absentismo es una pandemia silenciosa, dañina para el modelo de negocio de los supermercados”
El informe señala que en 2025 se contabilizaron 386.687 bajas por enfermedad o accidente no laboral en el sector de la distribución alimentaria entre quienes están protegidos por mutuas, lo que representa un aumento del 9% en comparación con 2024 y del 67% desde 2018. De esos trabajadores, solo el 6% concentró el 49% de los procesos de baja. Esta incidencia supera en dos puntos porcentuales la media nacional, dado que a nivel general en la población protegida por mutuas se registraron 6,3 millones de procesos y un incremento del 7% interanual. Según el análisis realizado por Asedas y AMAT, las bajas afectan especialmente a los empleados jóvenes y consolidan patrones de absentismo que empeoran con el paso del tiempo.
Los trabajadores de 16 a 35 años, los que más faltan
La incidencia varía según la edad. En 2025, el grupo de empleados de entre 16 y 35 años (mayoritariamente de la Generación Z) presentó una incidencia media mensual de 50,66 procesos por cada 1.000 trabajadores, lo que supone un incremento del 152% respecto a 2018. García Magarzo expresó su preocupación ante esta tendencia. “Los trabajadores jóvenes acumulan más bajas que los de mayor edad y existe la sospecha de que un porcentaje pueda ser fraudulento. Nuestro sector es predominantemente joven y resulta alarmante que esta situación persista y se consolide año a año”, afirmó.

Por otro lado, en el segmento de trabajadores mayores de 55 años, la incidencia bajó un 32% durante el mismo período, situándose en 25,85 procesos mensuales. Sin embargo, la duración promedio de las bajas aumenta conforme crece la edad: 97 días para mayores de 55 años (0,34% más que en 2024), 56 días para empleados de 36 a 55 años y 24 días para los más jóvenes. El informe indica que los lunes concentran el 22% de las bajas, mientras los viernes representan el 16%; durante los fines de semana los casos se reducen al 10% entre la población cubierta por mutuas.
No solo es culpa de los empleados: la burocracia frena
Entre los factores que inciden en el aumento y duración de las bajas, el informe menciona el “laberinto burocrático” en la gestión de estos procesos, la escasez de médicos en atención primaria y la falta de suficientes inspectores médicos en la Seguridad Social, así como el alargamiento de las listas de espera en la sanidad pública.
Se destaca la diferencia en la duración de las bajas según el profesional que atienda el caso. Las patologías traumatológicas gestionadas por los servicios públicos de salud en el ámbito de la distribución alimentaria tuvieron una media de 82 días de incapacidad, mientras que cuando la atención correspondió a mutuas, el promedio fue de 45 días. Pedro Pablo Sanz, director gerente de AMAT, aseguró que “los trabajadores podrían recuperar su salud 37 días antes” si recibieran atención de mutuas, lo que representaría “un ahorro de 212 millones de euros en la distribución alimentaria y más de 3.500 millones de euros en España”.
El sector propone dar mayor capacidad de intervención a las mutuas, especialmente en los procesos traumatológicos y musculoesqueléticos, estableciendo convenios formales entre mutuas y comunidades autónomas para acelerar la reincorporación laboral y minimizar los retrasos.
Combatir el fraude
Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Asedas, calificó la situación como “preocupante” y subrayó la necesidad de encontrar “soluciones colaborativas” entre todos los actores implicados. “Nos enfrentamos a un problema grave que, sin importar la etiqueta que se le ponga, debe resolverse, porque las cifras no disminuyen y la situación empeora. Estamos frente a una realidad con dos caras: por un lado, quienes se aprovechan y practican el absentismo de forma profesional, y por otro, quienes requieren otro tipo de respuesta. Por ello, necesitamos la colaboración de todos para hallar una solución”, afirmó, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El presidente de Asedas solicitó al Gobierno avanzar en la búsqueda de soluciones e integrar activamente a las mutuas en la gestión sanitaria y laboral del absentismo, en coordinación con las comunidades autónomas, con el fin de reducir el impacto económico y social de estas ausencias. Duran i Lleida también resaltó que “quienes cumplen con sus obligaciones se percatan de que en su entorno laboral hay compañeros que no asisten a su puesto de trabajo”.
Por su parte, Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, coincidió en la urgencia de combatir el fraude en las bajas laborales y recalcó que “el fraude debe ser enfrentado”. Se trata de un “problema complejo que requiere una respuesta en el ámbito sanitario, por lo que es imprescindible una mayor implicación de los servicios públicos de salud”, enfatizó. Suárez reiteró el “compromiso” del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para promover la colaboración entre mutuas y comunidades autónomas frente al aumento de costos y el reto de frenar el absentismo en el sector.

